En los últimos días comenzaron a viralizarse -especialmente a través de WhatsApp- casos de supuestos raptos de niños en la vía pública. Sin embargo, las instituciones de seguridad no reportan denuncias.

La ola de informaciones falsas hace que la ciudadanía esté alterada y genere situaciones como la vivida el lunes pasado por la señora Claudia Roa, quien junto con su esposo fueron acusados por supuesto rapto a un menor en Puerto Pabla.

En contacto con la 970 AM, la mujer comentó que es vendedora de artículos de cuero y que fue hasta Puerto Pabla junto a una clienta para entregarle su producto. Su esposo la llevó desde Luque en su automóvil (donde estaban también su madre y su bebé de cinco meses), según contó.

Señaló que estuvo con su clienta varios minutos conversando y que luego salió del sitio. “Cuando mi esposo hizo una maniobra para salir porque era una calle sin salida, vimos a una cuadra montón de gente en la calle. Me llamó la atención. Pasamos en medio de toda la gente a 20 kilómetros por hora. Nos miraron re mal y luego ya comenzaron a golpear el auto”, relató.

Sostuvo que su primera impresión fue que los querían asaltar, por lo que aceleraron la marcha. Sin embargo, al poco tiempo decidieron estacionarse al visualizar que una patrullera los seguía y les hacía juego de luces para que se detengan.

“Habían más de 50 motos, 20 camionetas y 100 personas alrededor de mi camioneta acusándonos de secuestradores. Hasta no creyeron que mi bebé era mi hijo, ni mostrándoles su documento. Nos fuimos a la comisaría porque yo pedí ir para aclarar y detrás de nosotros toda la gente caminando y en moto gritándonos. Fue un desastre lo que pasó”, dijo.

Señaló que en la sede policial se acercó una mujer adulta con un niño y alegó que fue una vecina quien le manifestó que había presenciado un intento de secuestro. “Me dijo: a mi hija le vino a contar una vecina que le vio a tu marido pasar desapacito al lado de mi nieto y que bajó el vidrio’. Yo le miré asustadísima”, rememoró.

La ciudadana reclamó la actuación a la abuela y esta pidió disculpas por lo sucedido.

Contó además que su clienta fue a dar fe de que le llevó las mercaderías. Mientras que la vecina chismosa nunca se presentó en la comisaría, según criticó.

Claudia Roa lamentó que al día siguiente salió la foto de su esposo como sospechoso y que la información decía que la Fiscalía lo liberó por no tener antecedentes. Solo Canal 13 se rectificó y no lo hizo Telefuturo.

“Desde el lunes estoy encerrada en casa y mi esposo se sacó la barba por miedo a cómo pueda reaccionar la gente. Varios días soñé con esta gente que estaba sobre mí”, mencionó.

El diputado colorado Derlis Rodríguez, dijo al respecto que la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa paso los límites de la legalidad, al punto en de cobertor a sus directivos en explotadores de criptomineria, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta más de 30 % menos de lo que se abona en el que abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la Ande para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respalda legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, utiliza de forma fuera de lo legal para realizar el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guaira.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.

El ministro de Defensa Nacional, General (SR) Oscar González, señaló que las charlas y advertencias para erradicar esa práctica, se realizan de manera sistemática en cuarteles y centros de enseñanza.

“Personalmente doy charlas para comunicar que esas prácticas no están permitidas en las FF.AA. Desde que asumí el cargo (agosto pasado) hemos insistido con énfasis en esta cuestión”, dijo González en comunicación con la 1080 AM. Agregó que las agresiones de ese tipo reciben castigos ejemplares. En el caso dado a conocer en la última horas, remarcó, la penalización en ámbitos del Tribunal de Justicia Militar contempla años de cárcel y baja deshonrosa.

La advertencia del titular de Defensa viene a colación al volver al tapete los episodios de agresiones en las FF.AA, perpetrados por oficiales superiores.

El cadete al que tuvieron que extirpar un bazo tras sufrir una golpiza fue internado siete días después de recibir golpes que desembocaron en esa dolencia.

Tras ser socializada la causa, se supo entre otras cosas, que la ley del silencio le impidió que se ventile el episodio. Las consecuencias que persisten en la milicia, señalan analistas castrenses, van desde castigos corporales a freno de carrera interna y de presiones psicológicas conocidas también como bullying.

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En las últimas horas surgió la versión de que en la Fuerza Área había un caso en que oficiales agredieron a cadetes. Consultado sobre el tema, el ministro González dijo que desde que asumió no hay caso de ese tipo, y que averiguara los expedientes existentes relacionados a años anteriores