La Mesa Directiva de la Cámara Alta se reunió hoy como cada lunes para tratar diversos temas y uno de ellos que el juicio al ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, marcado para el 13 y el 14 de noviembre.

En tal sentido, Silvio Ovelar explicó que los integrantes solicitaron un dictamen jurídico sobre el proceder en este juzgamiento, específicamente para saber si de debe arrancar el juicio desde el inicio o si sencillamente se puede retomar desde donde había quedado.

“Hay quienes creen que los fiscales deben volver a hacer la acusación porque muchos de los integrantes que van a juzgar son senadores nuevos, que no juraron para asumir el rol de juez, por consiguiente, tendrían que interiorizarse de las acusaciones”, dijo Ovelar en conferencia de prensa.

Por su parte, Enrique Bacchetta aclaró que no se dilatará “ni un solo minuto” el inicio del juicio, pero que la intención apunta a evitar cualquier tipo de nulidad al respecto, ante la duda de que se pudiera accionar al respecto.

“Si nosotros en un momento dado queremos dar continuidad a algo que empezó en el periodo pasado, podríamos correr con una suerte de que esto quede con una nulidad total, si alguien se siente afectado va a recurrir a los tribunales internacionales”, insistió Bacchetta.

La acusación que pesa sobre el alto magistrado es la de “mal desempeño en sus funciones y comisión de hechos punibles en forma reiterada”.

Así lo señaló el fiscal Federico Delfino, quien abrió expediente judicial contra ellos, tras un operativo encubierto en el que una de las víctimas, con cobertura fiscal-policial, entregó USD 3.000 al victimario, un hombre ligado a mundo empresarial, que accionaba en el rubro ilícito en connivencia con la modelo.

“Los tres mil dólares entregados al empresario, más la comunicación que mantuvo el mismo con la señora Meaurio, son pruebas del hecho dio apertura del caso”, dijo Delfino en comunicación con la 1020 AM.

La lista de personas que cayeron en la red criminal, van desde empresarios, futbolistas y políticos, según información filtrada en la Policía

El modo como operaban era la transacción sexual por sumas de dinero, en sitios en donde estaban instalados dispositivos para filmar los actos sexuales.

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Tras los encuentros íntimos, los extrañamos extorsionadores “apretaban” a sus víctimas y los conminaba, so pretexto de difundir las imágenes en las redes, a entregar grandes sumas de dinero.

La tarifa de extorsiones no bajaban de los USD 1.000, teniendo en cuenta que las personas “elegidas” para victimizar eran de altos ingresos y en gran número de gran exposición mediática.

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

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El caso no termina ahí, ya que para este martes 7 de mayo está estipulada la constitución de la jueza de Paz, Liz Lobo, en el lugar. Sin embargo, la denunciante indica que la magistrada tiene una afinidad con su expareja, ya que eran compañeros en la universidad.

Sosa Mendoza teme que la resolución judicial le sea desfavorable y quede en la calle con sus dos hijos menores.

Agentes de la comisaría local se encontraban realizando una patrulla preventiva en la madrugada de ayer sobre la Ruta PY11, en la zona céntrica de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

Durante su recorrido, recibieron una llamada telefónica por parte del guardia de seguridad de una estación de servicio local, quien denunció un hecho de polución sonora en el estacionamiento.

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Fue así como los uniformados acudieron hasta el lugar indicado y encontraron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen, por lo que les pidieron que se retiren de allí.

En ese momento hizo su aparición María Belén Franco López, de 22 años, quien formaba parte del grupo en cuestión. Al ser encarada por los uniformados, la misma mostró una actitud prepotente y desafiante, llegando inclusive a insultarlos.

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En un momento dado, la misma decide abordar su camioneta de la marca Geely modelo Azkarra y embestir a la patrullera, ocasionándole una abolladura en uno de los costados.

Tras este incidente, la mujer fue detenida y sometida a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo de 0,330 mg/L, menciona el portal Sucesos Paraguay. Con ello, se confirmó su estado de ebriedad.