Uno de la cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones adultos declaran hablar sido abusados sexualmente durante la infancia; la cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido algún maltrato físico durante su niñez, según datos de la OMS.

El maltrato infantil se define como los abusos y desatenciones de los que son objeto los menores de 18 años y estos incluyen todo tipo de maltratos como el físico, sicológico, sexual, desatención, negligencia y explotación comercial que puede dañar su salud, dignidad y desarrollo o que ponga en peligro su supervivencia en un contexto de relación de responsabilidad, confianza y poder.

Y es allí donde entran a escena mamá y papá como los principales victimarios de los niños, el escenario es la casa y las víctimas son los hijos, explica la doctora Lourdes Zelaya, jefa el Departamento de Salud Mental del Hospital Acosta Ñu.

La violencia intrafamiliar es la primera causa de maltrato infantil seguido del abuso sexual y son los padres los principales victimarios y luego se encuentran los parientes cercanos y conocidos de la familia.

“Estamos acá por este tipo de cifras porque la violencia afecta a todos, está más cerca de lo que creemos, es parte de nuestras vidas y tenemos que agotar esfuerzos para luchar contra ella”, afirma la profesional durante el lanzamiento de la campaña anual Por Una Navidad sin Violencia que este año realizará una corrida en la Costanera de Asunción el día 2 de diciembre. Las personas interesadas en participar de la corrida pueden inscribirse en la página de Paraguay Marathon Club.

Zelaya explicó que los hijos son testigos de violencia de la pareja y el manejo de los padres de la cultura de la disciplina con violencia y que esta situación forma parte del día a día. “Esa violencia es una factor de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de problemas sicopatológicos en la edad adulta, bien demostrado con evidencia científica, es un problema de salud pública con impacto en el individuo, la comunidad y la sociedad. Es un delito con profundas repercusiones sicológicas, ético legales y médicas”, advirtió.

Recordó que las denuncias recibidas en el servicio son solo una pequeña proporción porque existen un gran subregistro de casos. El servicio atendió 5579 casos de maltrato infantil desde el 2001 hasta la fecha y de enero a julio 337 nuevos casos en grupos de 10 a 14 años siendo las niñas las más violentadas. “Hablamos de cifras de un solo servicio, no son a nivel país, es solo un servicio que atendió todos estos casos”, agregó.

Factores de maltrato infantil

Los factores que contribuyen a que un niño sea maltratado, son muchos y uno de ellos es el antecedente de maltrato infantil de los padres, la falta de conocimiento o expectativa no realista del desarrollo infantil, el uso de alcohol y drogas, la dificulta de establecer vínculos con los hijos, problemas físicos y mentales.

“Tenemos una cultura de pertenencia donde los primero que dicen los padres es que nadie se meta con los castigos físicos que consideran un bien para el niño. Tenemos que ser agentes de cambio, es necesario cambiar el concepto cultural de la sociedad para seguir adelante y tener un futuro mejor”, señaló.

También existen otros factores que inciden en el maltrato intrafamiliar como lo socioeconómico, el desempleo, las desigualdades sociales y de género, el alcoholismo, la drogadicción, migración y desarraigo, todos influyen en la posibilidad de que un niño sea maltratado.

Entre las características que convierten a un niño más vulnerable a recibir maltrato está la discapacidad sicosocial y la física, niños no deseados y las edades como menores de cuatro años y la adolescencia, destacó Zelaya.

La profesional afirmó que la fuga de adolescentes no ocurren por que sí “nadie se fuga de la casa si todo está bien”, indicó y comparó al ser humano con un árbol diciendo que si a este no se le cuidad desde las raíces su desarrollo se verá afectado y el producto no será un ser humano fuerte y útil a la sociedad sino con condiciones insuficientes para enfrentar la vida.

“El maltrato infantil produce una exposición en los niños y adolescentes a una situación de estrés crónico y esa hace que se activen sistemas en el cerebro que producen cambios estructurales. Esa importancia del hecho de no pelearnos frente a los niños, disciplinarnos con violencia podrían afectar de manera permanente y para toda la vida”, recordó.

Impacto de la violencia

Zelaya siguió explicando los efectos de la violencia en los niños y tal es el impacto a nivel cerebral que se ven afectadas funciones como la atención y la memoria, la regulación emocional, las funciones ejecutivas, todas son consecuencias sicológicas graves en la edad infantil.

Y luego a la edad adulta se ven los intentos de suicidios, problemas de personalidad, sicosis, abuso de sustancias, promiscuidad, prostitución. “Estos chicos que son victimizados en la infancia tienen después problemas con su roles parentales y son incapaces de proteger a sus hijos y se dan los abusos sexuales, mala elección de parejas, embarazo precoz, disfunción sexual

“Debemos incidir en las familias, nadie está libre de que sus hijos puedan estar seguros. Tenemos que entender que nuestra niñez paraguaya camina con posibilidad de ser violentados por adultos conocidos y familiares”, puntualizó Zelaya.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se viene dando acciones de estas bandas”, dijo Maidana en comunicación con la 1020 AM.

Indico que en contrapartida hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital. No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaria sea el que comanda a la facción operativa del cartel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).