Una grave denuncia de supuesto abuso sexual involucra al doctor Carlos René Cabral, quien presta servicio en el Sanatorio Costanera de la ciudad de Hernandarias, en Alto Paraná.

El profesional de la salud fue denunciado por una paciente de 27 años por presuntamente haberla manoseado durante una consulta que tuvo lugar el pasado 23 de marzo en dicho sanatorio privado.

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Según el informe, la víctima había acudido al centro asistencial para realizarse unos estudios, los cuales posteriormente fue a entregar al médico en su consultorio para que pueda hacer un diagnóstico.

La denunciante afirma que Cabral la hizo sentar en una camilla y, en un momento dado, le levantó la blusa para luego pasar a tocarle los senos sin su consentimiento, además de hacerle preguntas incómodas.

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La joven fue al día siguiente hasta la Subcomisaría 6ta del Área 6 de Hernandarias para formalizar la denuncia, ya que no lo pudo hacer ese mismo día debido al estado de shock en que quedó.

El caso actualmente se encuentra en manos del fiscal Adolfo Santander, quien tendrá a su cargo impulsar la investigación para dilucidar lo ocurrido.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) puso en marcha un despliegue de fiscalización sin precedentes sobre el sector del transporte de cargas.

En un esfuerzo conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), equipos de inspectores comenzaron a intervenir operativas de logística local, interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar que cada kilómetro recorrido esté debidamente respaldado ante el fisco.

En los procedimientos realizados se controló el cumplimiento de obligaciones formales, como el estado del RUC, la actualización de los datos declarados en el RUC, la exhibición de la Constancia del RUC y la posesión de comprobantes de venta con timbrado vigente, así como el control de los requisitos preimpresos y del llenado de estos.

Según informaron, esta primera fase de controles in situ está siendo ejecutada por la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) Jeroviaha, brazo operativo de la Gerencia General de Impuestos Internos.

Instan a los contribuyentes dedicados a este rubro al cumplimiento de las normas tributarias vigentes.

De acuerdo con el balance institucional, una sola llamada puede alertar sobre varios afectados y distintos tipos de vulneración. Del total de comunicaciones, 249 fueron realizadas por familiares y 140 por agentes comunitarios, entre ellos docentes, vecinos y profesionales de salud. Además, en 27 casos fueron los propios niños y adolescentes quienes solicitaron asistencia.

La violación del deber de cuidado encabezó la lista de situaciones denunciadas, con 459 reportes. También se registraron 406 casos de maltrato y 192 situaciones de riesgo social relacionadas con pobreza extrema o falta de atención médica.

El informe agrega que fueron contabilizados 125 casos de niños y adolescentes en situación de calle y 102 denuncias de presunto abuso sexual.

Central y Asunción concentran más reportes

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central registró la mayor cantidad de denuncias, con 266 casos, seguido de Asunción con 113 e Itapúa con 38 reportes. Por otro lado, Alto Paraguay y Boquerón presentaron la menor incidencia, con un caso cada uno.

Según los datos del Minna, 595 de los afectados corresponden al sexo femenino y 515 al masculino. La institución señaló además que el grupo más vulnerable sigue siendo el de la primera infancia.

Tras cada denuncia, el Minna realizó derivaciones a instituciones del Sistema de Protección Integral, principalmente al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y las CODENI locales, con el objetivo de garantizar la protección y restitución de derechos.

Finalmente, la institución recordó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida e instó a denunciar cualquier situación de violencia o vulneración de derechos a través de la línea 147 Fono Ayuda, el 911 de la Policía Nacional o el 133 de la Defensa Pública.

Uno de los principales factores de riesgo sigue siendo el consumo de alcohol al volante. En ese sentido, las autoridades recomendaron designar un conductor responsable o utilizar medios alternativos de traslado en caso de ingerir bebidas alcohólicas.

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el nivel detectado. Las multas van desde tres jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 334.506, para niveles de 0,001 a 0,199 mg/l, hasta diez jornales mínimos diarios, unos G. 1.115.020, para niveles entre 0,200 y 0,250 mg/l.

A partir de 0,251 mg/l, la sanción asciende a veinte jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 2.230.040. Además, cuando el resultado supera los 0,400 mg/l, los antecedentes son remitidos al Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente.

La institución también recordó la importancia de respetar los límites de velocidad para prevenir siniestros viales, especialmente en rutas con alta circulación. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 5016/14 establece que todo conductor debe adecuar su velocidad a las condiciones del camino, del clima y del vehículo.

Exceder los límites permitidos puede derivar en multas que oscilan entre G. 430.508 y G. 1.115.020, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Antes de emprender un viaje, la Patrulla Caminera recomienda verificar el estado general del vehículo, especialmente frenos, neumáticos, luces, limpiaparabrisas y niveles de aceite y refrigerante.

Asimismo, recordó que todos los ocupantes deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad, mientras que los motociclistas deben portar casco protector y chaleco reflectivo.

Controles y asistencia en rutas

La Patrulla Caminera informó que mantendrá controles preventivos y patrullajes permanentes en distintos puntos del país durante los días festivos, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Finalmente, el MOPC exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, descansar adecuadamente antes de viajar y evitar maniobras imprudentes, recordando que una conducción segura contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de las rutas nacionales.