Fiorotto (ANR), integrante de la bancada colorada opositora a Ferreiro, mencionó que 144.000 contribuyentes de Asunción están en las manos de la Sala Constitucional de la Corte Supra de Justicia. Dijo que tienen “mucha fe” en que los ministros de la máxima instancia judicial estarán a favor de la ciudadanía.

“Con nuestra acción ante la Corte demostramos que el contrato de adjudicación a la empresa privada TX Panamá, al entregar la base de datos de los contribuyentes viola el artículo 36 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad del patrimonio documental y otros artículos de la Carta Magna”, expresó el edil.

Agregó que la adjudicación también viola el artículo 33 del derecho a la intimidad, además del 169 y el 170. Mencionó que Mario Ferreiro no tiene atribuciones de entregar el 22,75% de las recaudaciones al sector privado, lo cual representa millones de dólares que son del contribuyente capitalino.

“El municipio tiene más de 8000 funcionarios que bien pueden.ser utilizados para la actualización de los mapas catastrales”, indicó.

La Municipalidad de Asunción, previo acuerdo entre Mario Ferreiro y la ANR de la Junta Municipal, concedió la gestión tributaria de la ciudad a la empresa TX de Panamá. La firma será recaudará un porcentaje de los fondos que ingresen a las arcas capitalinas e incluso tendrá la potestad de actualizar el mapa catastral, lo cual incluye manejar datos sensibles de miles de contribuyentes.

La licitación se realizó bajo la figura de “asesoría” pero sectores opositores a Ferreiro manifiestan que se trata de una tercerización. Existen sospechas de que la concesión fue lograda gracias a un negociado entre las partes, en el que está involucrado el intendente de Asunción Mario Ferreiro y su hermano, el exsenador Adolfo Ferreiro.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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