Durante los festejos por el aniversario de fundación del Partido Colorado, el vicepresidente Hugo Velazquez fue consultado por la prensa sobre el caso de Ulises Quintana, el diputado que está imputado por su implicancia en el esquema del presunto narcotrafiocante “Cucho” Cabaña.

El segundo del Poder Ejecutivo resaltó que el congresista se someterá a los mandatos de la justicia y consideró además que no cree que con este caso se manche al movimiento Colorado Añetete. “Es una cuestión personal de Quintana y él manifiesta no haber tenido conocimiento de las actividades ilegales de este señor”, acotó.

Sobre los audios que cuenta la Fiscalía entre el diputado y el supuesto narco, respecto a la liberación de 190.000 dólares que el secretario de Cucho llevaba a Asunción pero fue demorado por la Policía, el vicepresidente argumentó que el integrante de Colorado Añetete no utilizó sus influencias como legislador sino que actuó como defensor de la ley.

“Creo que estaba ejerciendo el rol de abogado, no de político. Es diputado, pero también ejerce la profesión de abogado. Está habilitado para hacer esto”, remarcó Velázquez.

El vicepresidente no se mostró a favor de que se aplique la pérdida de investidura a Quintana, sino más bien que se investigue primero a profundidad para conocer el contexto general de lo sucedido.

El Artículo 196 de la Constitución Nacional habla sobre las incompatibilidades de los legisladores:

Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de reparticiones públicas, los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para dichos cargos.

Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este artículo el ejercicio parcial de la docencia y el de la investigación científica.

Ningún Senador o Diputado podrá formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquéllas, por sí o por interpósita persona.

El domingo último, en horas de la noche, una pelea entre varias personas, que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas durante una actividad para recaudar fondos en la institución educativa “San Jorge”, terminó de manera fatal. Un joven recibió una herida de cuchillo a la altura del pecho muriendo en el lugar. En tanto, el supuesto autor se dio a la fuga y se encuentra con paradero desconocido.

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Según el informe policial, el homicidio fue reportado al sistema 911 por el profesor Lorenzo Martínez Peralta, quien relató a los agentes policiales de la subcomisaria 26° que el supuesto autor del crimen, José González mantuvo una discusión con los hermanos Florencio, Miguel y Osvaldo Leite Martínez, con quienes compartía una ronda de tragos.

En ese ínterin, Juan Carlos Cristaldo Peralto intentó evitar que la discusión continúe, pero lastimosamente ocurrió todo lo contrario. El joven recibió una puñalada a la altura del pecho y murió en el sitio, por parte de José González se dio a la fuga del lugar tras el hecho.

Los datos que maneja la Policía Nacional es que González es cutis moreno, flaco, alto, únicos datos, domiciliado en la colonia San Jorge. El objetivo es encontrarlo para que rinda cuentas ante la Justicia. El caso se comunicó al Ministerio Público para los procedimientos de rigor.

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Sin el ruido mediático de otras ocasiones, este martes se reunirán el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez y el de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira.

El funcionario del país vecino adelantó la misión que le encargó el jefe de Estado brasileño. “El Gobierno no permitirá aumentos en la factura eléctrica al negociar las tarifas de la hidroeléctrica binacional de Itaipú con Paraguay (…) El presidente Lula decidió que no aumentaremos las tarifas energéticas para los consumidores brasileños”, comentó Silveira a medios de su país.

En Paraguay, el canciller nacional, Rubén Ramírez, comunicó que la tarifa será anunciada en breve, de manera conjunta, pero que todavía existen detalles finales por afinar.

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No obstante, se sabe que la tarifa acordada regirá por dos años, periodo en el que se pretende tener las condiciones óptimas para negociar el Anexo C. También se conversa sobre el plan operativo de la binacional.

La posición de Paraguay es elevar la tarifa a USD 22.60, mientras que, Brasil pretende una disminución importante, bajo el argumento que el componente de mayor peso de la tarifa: la deuda, ya terminó de pagarse el año pasado.

A criterio del ingeniero Victorio Oxilia, experto en materia energética, que se mantenga la actual tarifa de USD 16.71 KW, representaría un logro para nuestro país, tomando en cuenta la disminución que de por sí corresponde al haberse cubierto la deuda.

Los principios sobre los que se administrará el Anexo C son otro aspecto sobre mesa. El trabajo técnico está liderado por los ministros de Energía de Brasil y de Industria y Comercio de Paraguay. La revisión también consta de una arista diplomática, la cual, por ende, es función de los cancilleres de ambos países.

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El Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central realizó un operativo sobre la ruta PY 19, camino a Villeta-Alberdi, ante la denuncia de un caso de robo.

Los intervinientes aprehendieron a César Manuel Ortiz Vázquez (30) y Ángel Benjamín Da Silva Vega (28), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

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En poder de los detenidos fueron incautados dinero en efectivo (decenas de billetes de 100.000 guaraníes) y un aparato celular.

La pesquisa sostiene que estas personas habrían recibido dinero a cambio de permitir el ingreso de varios camiones para el robo de una carga importante de fertilizantes.

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