El escándalo derivó en la barrida de autoridades encargadas del control y habilitación. Fueron separados de sus cargos, el Ministro de Agricultura, Marcos Medina; el director de Aduanas, Nelson Valiente, y el titular de Senacsa, Hugo Idoyaga.

En total, fueron cuatro las empresas frigoríficas descubiertas y multadas importando miles de toneladas de carne desde el Brasil, en abierta violación de normativas administrativas y sanitarias. Frigorífico Guaraní debió pagar más de G. 379 millones; Frigorífico All Food pagó más de G. 988.144.957; Frigorífico Concepción aceptó pagar la multa de G. 16.500 millones y, finalmente, Frigorífico Norte pagó una multa superior a G. 3.864 millones. Estas penalizaciones suman un total de G. 21.748 millones.

Los cuatro frigoríficos multados por el ingreso de carne al país sin todas las documentaciones se allanaron a las sanciones administrativas, aunque en el caso de autoridades del Frigorífico Concepción prosigue un proceso en el ámbito de la justicia.

La crisis puso en jaque el nombre y el prestigio de nuestro país como el octavo país exportador de carne reconocido mundialmente. Desnudó ademas la falta de control del principal ente encargado de otorgar los permisos y hacer los controles sanitarios: Senacsa.

Al frente de esta institución se encontraba Idoyaga, cuya gestión llamó la atención debido a los excesos y llamativos vínculos con el sector que él mismo regulaba. Los manejos oscuros quedaron al descubierto mediante esta crisis, ya que anteriormente hacia la vista gorda y no cumplía con sus propias normativas apañando así violaciones a las reglas de juego.

Mediante la resolución 683 del año 2015 se estableció la prohibición de ingresar bovinos y productos cárnicos provenientes de terceros países con finalidad de exportación a los frigoríficos habilitados para tal efecto por el Senacsa. Sin embargo, pese a este prohibición varios frigoríficos operaban de esta forma. Dar acuerdo a los documentos, el propio Idoyaga firmaba las autorizaciones de importación habilitando así a algunos frigoríficos de exportación a importar productos cárnicos desde Brasil. (Resolución 0281/ 18).

Idoyaga además de no hacer cumplir las reglas de juego y permitir llamativamente ciertos excesos en su administración formaba parte de la Fun­dación Servicios de Salud Animal (Fundasa), dedicada de forma única y exclusiva a la comercialización de vacunas antiaftosa y anti­brucélica.

Conforme al ministro de Agricultura, Luis Gneiting, el monopolio de Fundasa fue autorizado por el propio Idoyaga, quien junto con los ganaderos Carlos Trapani y Fernando Serrati manejaban unos 30 millones de dólares anuales. La cooperación entre FUNDASA y Senacsa se autorizó mediante un convenio cuya duración se estableció por el plazo de 10 años. Este grupo debía manejar un total de 300 millones de dólares, aproximadamente.

La nueva administración del Senacsa tiene la orden de poner mano dura y ordenar la casa. según el nuevo titular Freddis Estigarribia, quien ya firmó resoluciones que aclaran los alcances de las prohibiciones, que además dejan sin efecto el monopolio de FUNDASA y ordenó auditorias y controles más estrictos a las empresas frigoríficas.

Otra grave irregularidad detectada fue que se adulteraron groseramente los datos en el sistema de gestión de las oficinas regionales (Sigor) que se utiliza para controlar el ingreso de ganado a nuestro país. Un hecho llamativo fue lo ocurrido durante los pri­meros días que saltaron las denuncias del caso Frigo­rífico Concepción y todo el escándalo de la carne, justo en estos días el Sigor cayó; es decir, dejó de operar.

Estos casos, según adelantaron Gneiting y Estigarribia, serán denunciados ante la Fiscalía y no se descarta que esté involucrado directamente Hugo Idoyaga.

“MAG hace campaña con tomate barato y recibe fuertes críticas”, se titula el artículo periodístico publicado en la fecha por el diario Última Hora. El medio del Grupo Vierci asegura que los supermercadistas y comerciantes del Mercado del Abasto cuestionan al ministro del MAG, Carlos Giménez, por jactarse de traer tomate nacional a las ferias, con un costo de G. 12.000 por kilo, pese a que la producción nacional no tiene capacidad para abastecer la demanda del mercado.

En abierta defensa al negocio de su cadena de supermercados, el Grupo Vierci cuestiona en el fondo que las personas puedan adquirir el producto frutihortícola a precio muchísimo más accesible al ofertado en sus locales.

El posicionamiento del medio ÚH recibió muchos cuestionamientos de parte de la ciudadanía que expresó su descontento por los ataques a una iniciativa del Gobierno para permitir la compra de tomate más barato en medio de la estrepitosa subida del precio en los demás sitios comerciales.

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Hay que recordar que a finales del año pasado, en el Supermercado Stock de San Lorenzo fueron incautadas 23 cajas de tomate de procedencia argentina, que ingresaron al país de manera irregular.

El Grupo Vierci adquirió el producto a menos de G. 5.700 el kilo y ofreció a sus clientes a G. 15.650. El propio grupo empresarial informó a través de un comunicado que adquirió 400 kilos de tomates de su proveedor por valor de G. 2.250.000, por lo que al hacer el cálculo se puede diferir que compraban a solo G. 5.625 el kilo, pero lo vendían a sus clientes a G. 15.650.

En ese entonces, como los responsables del supermercado no pudieron demostrar la documentación respectiva, se procedió a la incautación de las cajas de tomate de contrabando.

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Media calzada de Mariscal López fue cerrada al tránsito esta mañana, en su intersección con 22 de Septiembre, a la altura del edificio del Ministerio de Defensa, a metros de General Santos.

El inspector superior Clemente Cáceres informó que la caída se produjo alrededor de las 4:20 de esta madrugada, sin que en ese momento se registre ningún temporal o fuertes vientos.

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“Independientemente al viento, estos árboles son bastante añejos, están consumidos por las termitas, las raíces están podridas, y no hay control ni tratamiento”, comentó el inspector, en un contacto con la emisora 730 AM.

El hecho obligó a reorganizar el tránsito durante al menos una hora, mientras los funcionarios procedían a podar y a levantar el árbol que, además, quedó en parte peligrosamente colgado de los árboles.

Días atrás, un árbol de las mismas condiciones también cayó, pero sobre un automóvil estacionado, al cual, aplastó.

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El fiscal Alcides Giménez Zorrilla intervino tras el allanamiento y tiroteo registrado ayer, en horas de la mañana, en la localidad de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná. Durante el operativo cayeron abatidos dos presuntos delincuentes y fueron detenidas dos personas.

En ese sentido, el fiscal anunció que imputará a los detenidos, quienes serán procesados por los hechos punibles de robo agravado, transgresión de ley de armas y asociación criminal.

Se presume que los mismos estarían involucrados en el robo del cajero automático, registrado en el interior del Supermercado Stock del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, ocurrido en febrero pasado; así como en otros asaltos de la misma modalidad.

Los detenidos son Douglas Silveira Da Acosta, brasileño de 27 años y Carlos Javier Morínigo, paraguayo de 32 años. Mientras que los abatidos fueron Carlos Henrique Pereira Vanzelli, de 22 años y Emanuel Cidade Campos, de 21 años, ambos de nacionalidad brasileña.

En el procedimiento realizado en la vivienda ubicada en la colonia San Isidro, de Juan León Mallorquín, Alto Paraná, se incautaron vehículos, aparatos celulares, chalecos antibala, armas de diversos calibres, pasamontañas, entre otros elementos.

El enfrentamiento se produjo cuando la comitiva Fiscal- Policial, intentaba ingresar al referido inmueble a los efectos de dar cumplimiento a un mandamiento judicial.

Al percatarse de la intervención; los supuestos delincuentes realizaron sucesivos disparos de arma de fuego, tratando de cubrir su huida, en cuyo intento perdieron la vida dos presuntos integrantes de la banda.