La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, quien estuvo 25 años en el Parlamento, cobre el mismo porcentaje del salario actual de los congresistas, pese a que él en su momento aportó a la caja un monto menor.

De esta manera se abrieron las puertas a que más exlegisladores cobren su jubilación con el salario actual de un parlamentario activo.

El argumento que los ministros del Poder Judicial alegaron fue respetar la garantía de igualdad ante la ley para que pueda percibir el 100 % del salario de los actuales políticos del Congreso.

Sin embargo, Carlos Cabral, director de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), rechazó que “el ciudadano común” -tal como dice el diputado Carlos Portillo- pueda percibir el mismo dinero de los actuales salarios en la empresa donde estuvo trabajando, sino que únicamente recibe el dinero promediando lo que llegó a aportar.

A esto se suma que existe una fórmula mediante la cual cada año se hacen pequeñas variaciones al monto jubilatorio, para que este suba de acuerdo a la variación del costo de vida, pero en ninguno de los casos se pasará a cobrar lo mismo que la persona que ocupa el cargo donde el jubilado estaba antes. “Por ejemplo, puedo jubilarme con G. 15 millones o G. 20 millones. Después eso se incrementa conforme a la variación del costo de vida, pero una vez que pasé a la situación de pasivo, eso no significa que el director de IPS ahora gana G. 40 millones y a mí me tienen que llevar a G. 40 millones mi jubilación”, expresó.

El funcionario público mencionó que el aportante pasa a ser jubilado cuando cumple 55 años de edad y tiene 30 años de aporte, esto le permite percibir el 80 % del promedio de los últimos 36 meses salarios; cuando cumple 60 años y cuenta con 25 años de aporte, sí podrá recibir el 100 % del promedio de los 36 últimos salarios recibidos, y la tercera modalidad es cuando se cumplen 65 años de edad y se tienen 15 años de aporte, con el beneficio del 60 % promediando los últimos 36 salarios percibidos.

Un dato no menor es que el IPS establece un límite de 20 millones de guaraníes para abonar en concepto de jubilación, según contó Cabral a la radio 730 AM.

¿JUBILACIÓN CON LOS 10 AÑOS DE APORTE?

Otro punto conflictivo es que los senadores, diputados y parlasurianos pretenden jubilarse con 10 años de aporte, siendo esto impensado para el resto de los mortales, a no ser que el trabajador se acoja a la jubilación por invalidez.

El director comentó que, en el caso de la invalidez por enfermedad común y cuando la persona tiene menos de 60 años de edad, la cotización mínima que exige el IPS es de tres años de aporte anteriores al inicio de la incapacidad. La tasa sustitutiva del beneficio será del 50 % del promedio del salario de los 36 meses últimos. Ese porcentaje puede aumentar 1,5 % por cada año de aporte contando recién después de los tres que son requeridos para dar este beneficio.

Cuando uno tiene un accidente de trabajo y queda con una incapacidad absoluta, el IPS podría dar la jubilación, sin siquiera haber aportado ni una sola vez. En este caso, el monto a percibir es del 75 % del salario mínimo vigente cuando ocurrió el accidente. “Yo por ejemplo sufro accidente grave en mi primer día de trabajo, entonces entra en esta modalidad, pese a no haber abonado al IPS”, acotó.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.