Por La Nación.

Lanzaban ardorosos discursos por la causa de los jóvenes libera­les procesados por la quema del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo se embol­saban millonarias sumas de las arcas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Los abogados que finalmente se convirtieron en candida­tos Guillermo Duarte Caca­velos y Kattya González “no perdonaron” con la factura­ción.

La candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacio­nal (PEN), Kattya González, ejerció la defensa del chofer de Efraín Alegre, Luis Osvaldo Sánchez, y de otros imputados por la supuesta fabricación ile­gal de bombas caseras (incen­diarias) en el local del PLRA, con las que se habría incendiado el Congreso Nacional el pasado 31 de marzo del 2017 (31M).

El 3 de julio del año pasado, Kat­tya González le facturó al PLRA más de G. 27 millones y medio de guaraníes (casi US$ 5 mil), en concepto de “honorarios profe­sionales por trabajos realiza­dos en la causa: Luis Osvaldo Sánchez y otros s/violación a la Ley 4036/10. Nº 645/17”, según reseña su factura 301, con regis­tro Único de Contribuyentes (RUC) 2470190-4.

Posteriormente, en junio del 2017, tras la fuga a Uru­guay de los imputados Luis Osvaldo Sán­chez, Brian Este­ban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres, la candidata del PEN viajó hasta ese país, con todos los gastos pagos y tratamiento VIP, junto con el can­didato a presidente de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­g r e , para continuar con la asisten­cia jurídica a los fugitivos.

Con fondos del PLRA también se financiaron los ostentosos gastos en Uruguay, como pasa­jes aéreos, alojamiento VIP, alimentación gourmet, entre otros gastos de manutención incurridos por la delegación de dirigentes liberales y la jurista, que fueron hasta ese país para asistir a los prófugos de la jus­ticia paraguaya.

CANDIDATO ESTRELLA Y PARTNER DE FERNÁNDEZ LIPPMANN

Otro beneficiado con los fondos del PLRA es el ex candidato al Senado por el Partido Demo­crático Progresista (PDP), abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos. El letrado es defensor en casos personales de Efraín Alegre y en la querella adhe­siva de la causa contra el sub­oficial Gustavo Florentín, por supuesto homicidio doloso.

Duarte Cacavelos también le facturó “patrióticamente” al PLRA la friolera de US$ 60.500 (un poco más de G. 335 millo­nes), por las tres causas que atiende el ex candidato de la senadora Desirée Masi.

El PLRA desembolsó US$ 27.500 (másdeG. 152millones) a favor del ex candidato del PDP, en la causa donde Efraín Alegre enfren­tará juicio oral y público, por la supuesta difamación y calumnia contra el abogado Marcos Aure­lio Estigarribia Irala, a quien dijo en una rueda de prensa “abogado narco” y “abogado procesado por estafa”. El querellante reclama a Alegre una compensación por G. 150 millones, que se teme tam­bién podría salir de las arcas del partido liberal.

El ex candidato del PDP, también cobró otros US$ 22 mil (casi G. 122 millones), por la ampliación de la denuncia penal del asesinato de Rodrigo Quintana, en la que incluyeron el supuesto intento de homicidio contra el titular del PLRA, Efraín Alegre, y los dipu­tadosAmadoFlorentín, Eusebio Alvarenga y Olimpio Rojas.

Duarte Cacavelos además le facturó al Partido Libe­ral otros US$ 11 mil (casi G. 61 millones) en concepto de honorarios profesionales por asumir la querella adhesiva en la causa contra Gustavo Florentín, sobre homicidio doloso y otros delitos.

La mayor fuente de financia­miento político que perciben los partidos políticos en Para­guay proviene de los montos de subsidio electoral y aportes anuales, que otorga el Estado. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en dos años recibió de las arcas públicas casi G. 29.192 millones (casi 5.3 millones de dólares).

Según fuentes públicas, el PLRA en el 2016 recibió del fisco por aporte y subsidio estatal a los partidos políti­cos más de G. 12.313 millo­nes. En tanto que en el 2017 percibió dos pagos, uno por el monto de casi G. 6.000 millo­nes y otro por más de 11.000 millones.

Se cree que al menos el 50% de los casi 5.3 millones de dóla­res ya fueron utilizados, en su mayor parte para trabajos rea­lizados en causas particulares del candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, así como en la adquisición de bienes y contratación de servicios no previstos en la Ley 4743/12, que regula el financiamiento político.

El senador liberal Fer­nando Silva Facetti pre­sentó en diciembre del año pasado una denun­cia penal ante el Ministe­rio Público por “lesión de confianza”, en contra del candidato a la Presiden­cia de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­gre, por el presunto mal uso de los recursos entregados por el Estado a esa agrupa­ción política en concepto de aportes y subsidios.

La supuesta “tragada” invo­lucra directamente a Efraín Alegre y al tesorero del PLRA, Salyn Buzarquis, en caso de comprobarse el ilí­cito se exponen a diez años de prisión. La demanda penal tiene el patrocinio de la ex fiscala y dirigente de esa agrupación política, Basilisa Vázquez Román.

SECRETISMO CON MANEJO DE FONDOS

El documento presentado el pasado 14 de diciembre del 2017 a la Fiscalía señala que “conforme la relación de hechos, estaríamos ante la probable comisión del delito de lesión de con­fianza, en grado especial, que tiene una expectativa de pena de 10 años. El per­juicio patrimonial es de suma gravedad por cuanto se trata de fondos públicos”.

En su escrito, Facetti explica que “en varias opor­tunidades se ha requerido tanto verbal como por nota la rendición de cuentas de los recursos partidarios, principalmente lo referido al aporte y subsidio estatal (pero que) en ninguna opor­tunidad hemos recibido res­puesta alguna y, por el con­trario, el manejo financiero del PLRA desde la presiden­cia del Sr. Efraín Alegre se ha caracterizado por el más absoluto secretismo”.

En el documento también se detalla cronológica­mente los supuestos hechos irregulares cometidos por Alegre y Buzarquis como la contratación de aboga­dos para “causas particu­lares” y afirma que “estos gastos no están autoriza­dos en la Ley de Financia­miento Político”.

Le recuerdan a la Fisca­lía sobre la vigencia del artículo 192 del Código Penal, referido a la “lesión de confianza” y cita el inciso 2° que habla de que “en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumen­tada hasta diez años”.

El joven de 28 años es hijo del exsenador Blas Llano y, según el reporte policial, estaba al mando de una camioneta, marca Toyota, modelo Hilux.

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Aparentemente, Santiago Llano impactó contra la parte trasera de un camión volquete que volcó tras el choque y estaba siendo dirigido por Adan Ortellado de 34 años, quien resultó con heridas graves.

El hecho ocurrió durante la noche de este martes, sobre la ruta que une Luque con San Bernardino, cerca del desvió de Nueva Colombia.

Según los primeros datos, Santiago falleció de manera instantánea y quedó atrapado dentro de la camioneta en la que circulaba.

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El detenido fue identificado como Anacleto Benítez Brítez quien fue sorprendido tras un allanamiento en su vivienda ubicada en el barrio San Isidro, de Ciudad del Este.

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Benítez sería el responsable, junto con otras personas, del violento robo la sede del BNF de Natalio, el cajero automático de la misma entidad en Yatytay, ambos de Itapúa, y otros robos en Caaguazú, San Pedro y Alto Paraná.

El hombre cuenta con antecedentes y orden de captura por varios hechos punibles.

Según el reporte policial, llegaron a él luego de que los investigadores revisaran las imágenes del circuito cerrado de uno de los atracos, fue reconocido e inmediatamente iniciaron las investigaciones para dar con su ubicación.

Durante el procedimiento fueron incautados varios indicios relacionados con la causa investigada, según informaron.

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En la misa por el aniversario 213 de la Independencia Nacional, el cardenal Adalberto Martínez, destacó las acciones encaminadas para una mayor inclusión de los sectores vulnerables del país.

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Entre los puntos destacados por el cardenal señaló la iniciativa del Gobierno Nacional de fortalecer los servicios de salud en todo el país, así como la provisión de alimentación escolar mediante el programa Hambre Cero.

“Consideramos que el proyecto Hambre cero en las escuelas, impulsado y fomentado por el Ejecutivo, sería de gran ayuda humanitaria para mitigar las necesidades de alimentación y nutrición de los niños más carenciados del país”, expresó Adalberto Martínez.

Por otra parte, reconoció los avances en materia económica y sobre todo aquellas iniciativas que implican beneficio para el país como el acuerdo logrado con el Brasil sobre la tarifa de Itaipú, que posibilitará disponer de recursos adicionales para atener las urgentes necesidades sociales.

Sobre este punto, pidió a las autoridades manejo discrecional de los recursos, transparencia e inversión que mejoren la calidad de vida de los paraguayos.