Para parte de las fuerzas opositoras, el proyecto de ley, aprobado por el Senado y pendiente de respuesta del Ejecutivo, responde a la preocupación que supuso para muchos legisladores lo ocurrido a finales de diciembre, cuando un senador fue despojado de su investidura, la primera vez que ocurría en la historia legislativa del país.

Se trataba además de Óscar González Daher, un “peso pesado” que en ese momento presidía el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que fue echado del cargo por presunto tráfico de influencias desde ese ente.

A esa propuesta legislativa de despojarle la investidura se llegó tras una presión mediática y social, consecuencia del escándalo de la divulgación de unos audios en los que se escuchaba a algunos de los supuestos aliados de González Daher en esos presuntos intentos de influir sobre jueces y fiscales.

Una semana después, el senador conservador Jorge Oviedo, también salpicado por esos audios, se vio obligado a renunciar antes de sufrir la misma suerte que González Daher.

Hasta aquí una acción legislativa que parte de la ciudadanía vio como ejemplarizante, pero que ahora ha tomado otra dirección con la aprobación en el Congreso de la “ley de blindaje parlamentario”.

A comienzos de marzo fue la Cámara Baja la que dio media sanción al proyecto de endurecer los términos en los que los legisladores podrían sufrir la retirada de sus investiduras.

Y esta semana el Senado dio la otra media sanción a la normativa, que aumenta la cantidad de votos necesarios para echar a un legislador de su puesto, ya que antes podía hacerse con una mayoría simple y ahora se requieren dos tercios en cualquiera de las dos Cámara legislativas para hacer efectiva la expulsión.

Pero lo que más barreras pone a la salida de un parlamentario con la nueva ley es la necesidad de que exista una sentencia judicial en firme contra el senador o el diputado en cuestión.

Y es que ni González Daher ni Oviedo tenían ni tienen sentencias en su contra, más allá de estar imputados por supuesto tráfico de influencias.

Este cambio legislativo hace que la mismas condiciones que entonces sirvieron para juntar 30 votos para la retirada de la investidura de González Daher, mayoría de dos tercios, no sirvan para realizar una votación al no tener una sentencia firme en su contra.

Este punto fue destacado tras la votación del proyecto en el Senado por el candidato del Partido Colorado a la Presidencia, el exsenador Mario Abdo Benítez, quien recalcó su posición a favor de sumar los votos de dos tercios de la Cámara, aunque objetó el hecho de necesitarse una sentencia en firme.

Abdo Benítez aludió además a la “corrupción” del Poder Judicial paraguayo y a la demora, de incluso más de un año, que puede darse en caso de necesitar esa sentencia para expulsar del Parlamento a un legislador.

Añadió que de ser elegido presidente, vetaría de forma parcial la normativa emanada por el Legislativo.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

La fiscal Viviana Sánchez confirmó que la escribana había formulado una denuncia en contra de su exsuegra, Noemí Álvarez, el pasado 15 de abril ante la Fiscalía zonal de Ciudad del Este.

La denuncia fue radicada bajo la carátula de “violencia intrafamiliar”, acusando a la madre de su difunto esposo de un constante hostigamiento, así como de maltrato verbal y psicológico junto con amenazas.

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Dicha causa penal recayó en otra agente fiscal de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, quien tuvo a su cargo realizar diversas diligencias como parte de la investigación, mencionó.

“Entiendo que la colega hizo todo lo que podía porque ella (Carmen Ruiz Díaz) no tenía agresión física, lo que manifestaba es ser víctima de constante persecución y eso la hacía sentir mal”, expresó a la 1330 AM.

Sánchez confirmó que, como parte de este proceso, se había agendado una entrevista psicológica para Ruiz Díaz, pero la fecha fue fijada recién para el mes de octubre. Según explicó, la excesiva demora se debe a la falta de profesionales y la gran cantidad de causas de violencia familiar.

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“Lastimosamente esa es nuestra realidad, la falta de presupuesto hace que no se cuente con mayor cantidad de psicólogos”, agregó.

La Fiscalía en estos momentos prosigue con las diligencias en el marco de la muerte de la escribana y analiza como una de las aristas una posible “inducción al suicidio”, teniendo a la exsuegra como principal acusada.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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