En charla con la radio 780 AM, el agente fiscal Torres recordó el caso del senador Buzarquis y refirió que el mismo fue acusado por el hecho punible y que en la instancia preliminar tuvo una salida alternativa al proceso penal. “Es culpable del delito y reconoció eso, pero no llega a juicio oral”, refirió.

El representante del Ministerio Público sostuvo que el legislador tuvo que abonar mensualmente, por el lapso de un año, la suma de un millón de guaraníes a la fundación del padre Aldo Trento.

Torres aclaró además que luego de haberse cumplido con las disposiciones fijadas por el juzgado para la suspensión condicional, el artículo 25 numeral 6 del Código Procesal Penal establece que se extinga la causa y la persona acusada quede sin antecedentes y con el legajo limpio.

Vale recordar que lo mismo ocurrió con el exdiputado José María Ibáñez, quien terminó renunciando al cargo ante la presión mediática luego de haber reconocido que estafó al Estado con sus “caseros de oro” para obtener esta salida procesal.

El juzgado determinó su sobreseimiento, con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan unos G. 5 millones.

PATRIA QUERIDA CAMBIA DE POSTURA

El senador Stephan Rasmussen, de Patria Querida, confirmó a la radio 970 AM que no votarán por la pérdida de investidura de su colega liberal, al alegar que fue sobreseído en enero luego de cumplir las medidas de donaciones que estableció el juzgado.

Explicó que inicialmente su bloque firmó el pedido de raje de Buzarquis porque tenían la información de que la condena estaba vigente, por lo que luego su equipo técnico comenzó a realizar las verificaciones.

“Es muy claro, que la condena terminó y no corresponde el pedido de pérdida de investidura”, remarcó Rasmussen.

Por otra parte aseguró que el caso de Oscar González Daher fue muy diferente, ya que pese a no tener una condena, fue echado del ámbito legislativo. Señaló que el colorado estaba salpicado por tráfico de influencias.

EL CASO

El senador liberal Enri­que Salyn Buzarquis había sido imputado en julio del 2017 y con la aplicación de la figura señalada, su pena se redujo a realizar una donación mensual de un millón de guaraníes a la Fundación San Rafael durante un año.

Según La Nación, un requisito para la concesión del proceso abreviado es inde­fectiblemente la asunción de la responsabilidad por parte del acusado. El Art. 21 del CPP señala textualmente que “cuando sea posible la suspen­sión a prueba de la ejecución de la condena en las condicio­nes establecidas en el Código Penal, las partes podrán soli­citar la suspensión condicio­nal del procedimiento. Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le imputan, el juez dispondrá la suspen­sión condicional del procedi­miento, siempre que el impu­tado haya reparado el daño ocasionado, haya firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido o demostrado su voluntad de reparación”.

La entrega de un certificado médico de contenido falso formó parte de la serie de chicanas presentadas por el legislador del PLRA para no comparecer ante la Justicia en otro proceso relacionado a lesión de confianza y usur­pación de funciones públicas. El hecho generó la imputación por parte de la Fiscalía hace casi dos años atrás.

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.

Santiago Peña destacó, a través de sus redes sociales, que el programa que busca cumplir el sueño de muchos paraguayos avanza a pasos a agigantados. La segunda fase del plan concluyó exitosamente y ya se puso en marcha la plataforma web.

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Esta plataforma servirá para la evaluación de las propuestas de viviendas a presentar por los desarrolladores inmobiliarios anotados para participar del programa. Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

“Trabajamos para que cumplas el sueño de la casa propia. Verificamos avances en Che Róga Porã y otros programas cuyas obras estamos próximos a inaugurar”, informó el mandatario en su cuenta de X.

El programa ofrecerá créditos de hasta Gs. 400 millones a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos serán hasta 30 años con una tasa de interés del 6,5%.

Con estas características, el pago de la casa propia será similar a un pago de alquiler, gracias a las tasas preferenciales que ofrecerá el Gobierno a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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