El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió comenzar el proceso de enjuiciamiento del juez Alcides Corbeta y la fiscala Raquel Fernández por supuesto mal desempeño de funciones en el caso de homicidio de Rodrigo Quintana y el procesamiento del suboficial Gustavo Florentín.

Ayer, la agente fiscal solicitó que sea separado lo político del juicio que estaba soportando en el JEM, durante el cual ratificó que no solicitó el cruce de llamadas por no considerar necesario para la causa.

“Brindé la información que fue requerida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en relación al homicidio de Quintana y el policía Gustavo Florentín y otros. Es en relación a la denuncia del senador Petta, relacionada a la negación de la Fiscalía en realizar el pedido de extractos de llamadas entrantes y salientes de varias personas que tuvieron comunicación el 31 de marzo con el ex comandante de la Policía Nacional, el comisario Críspulo Sotelo”, explicó.

Dijo que en la resolución fundamentó su negación del pedido del extracto de llamadas. “Allí se encuentran los fundamentos expuestos. No existe ninguna suspicacia, tampoco me presto a colectar elementos de prueba que para mi entender no tienen alguna vinculación directa con el hecho investigado”, mencionó.

Agregó que el extracto de llamadas del comisario Críspulo Sotelo ya se tenía desde un principio y todas las comunicaciones que el mismo realizó, ya sean llamadas entrantes desde su teléfono celular como las llamadas salientes y la ubicación del mismo.

Por otra parte, Óscar Germán Latorre, exfiscal general del Estado, comentó a la 970 AM que le parece bárbaro que en dicho juicio se pretenda inmiscuir el tema político. “El jurado de enjuiciamiento tiene que juzgar con el único criterio jurídico, el tema político no”, acotó.

Además, el entrevistado comentó que otra es la situación en el Parlamento, donde lo jurídico no importa, porque es un juzgamiento netamente político, tal como reza su nombre: juicio político.

“Algunos senadores hacen de la Constitución, un juego divertido, entonces confundir un enjuiciamiento de magistrado con un juicio político, es una hipótesis descabellada. Todo juicio, incluido el político, requiere respeto a las garantías que la Constitución consagra. En el Senado, lo jurídico es una cuestión accesoria. Lamentablemente en cada juicio político nos ha llevado a tener una Corte cada vez peor”, argumentó el abogado.

El agente fiscal Elvio Aguilera imputó a un hombre por los supuestos hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. Se trata de Pedro Cristhian Solís, encargado de un prostíbulo en la localidad de Naranjal que fue allanado por las autoridades antidrogas.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de mayo, alrededor de las 18:30 horas, por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Policía Nacional. Del poder del encargado del lugar, los intervinientes incautaron 6,2 gramos de cocaína en cápsulas y 1,3 gramos de marihuana.

Además de dinero en efectivo (269.000 guaraníes), en billetes de distintas denominaciones, presumiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas. Las drogas estaban distribuidas en distintas partes del local nocturno, que era utilizado como fachada para la venta y comercialización al menudeo de las sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los elementos de sospecha, el fiscal Aguilera abrió el proceso contra Pedro Solís y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos presuntamente perpetrados.

Tres niños de 3, 4 y 11 años de edad, respectivamente, acabaron siendo hospitalizados luego de sufrir una grave intoxicación en la zona de Alto Paraná.

Reportes de medios locales indican que los niños consumieron un producto elaborado a base de cannabis, lo cual finalmente provocó reacciones adversas en su organismo.

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Los menores fueron llevados primeramente al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego se dispuso su traslado al Hospital Pediátrico “Acosta Ñu” de San Lorenzo, a fin de recibir atención especializada.

Los menores de 3 y 4 años son los que se encuentran en más grave estado, ya que debieron ser intubados e internados en terapia intensiva, de acuerdo al informe divulgado por el Ministerio de Salud. Por su parte, el niño de 11 años recibió un lavado gástrico y se encuentra en evolución.

“El hecho ocurrió en Minga Guazú. El niño de 3 y 11 ingresaron a este hospital. Al niño de 3 años se le tuvo de intubar. El paciente de 11 años presentó vómitos, estaba desorientado. Ambos fueron trasladados al Hospital del Acosta Ñu”, reportó el Dr. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de CDE, en charla con radio Monumental.

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La madre de los afectados también llegó a consumir el producto, por lo que -al igual que ellos- presentó complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por los profesionales del centro asistencial.

Los estudios laboratoriales dieron positivo a THC (componente psicoactivo de la marihuana), el cual sería uno de los ingredientes de los caramelos de goma que aparentemente consumieron los pacientes.

“Toda la familia estaba en el hospital. Les acompañó una vecina que comentó que consumieron una gelatina. En los análisis salieron positivo a marihuana”, dijo el médico.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.