Entre los principales puntos acordados está que los contribuyentes del IRP afectados por los reclamos y rectificativas, en torno a las inversiones de renta por los periodos anteriores a la presente, podrán beneficiarse de la exclusión de responsabilidad contemplada en el artículo 185 de la Ley 125/91, materializada a través de un dictamen de la Abogacía del Tesoro y una Resolución que será emitida por la Administración Tributaria.

La prórroga hasta el 31 de Julio del presente año para la presentación de las Declaraciones Juradas, correspondientes a la liquidación del IRP del periodo fiscal 2017, por parte de todos los contribuyentes de dicho impuesto. Se aclara igualmente que dichas presentaciones deberán ser realizadas conforme a las normas y reglamentaciones vigentes actualmente, entiéndase Ley, Decreto y Resolución vigente de la Subsecretaria de Administración Tributaria (SET) en materia de liquidación del IRP.

Además se establece una prórroga hasta el 31 de Julio de este año para que aquellos contribuyentes que recibieron o no notificaciones de la Administración Tributaria *presenten voluntariamente las rectificativas necesarias vinculadas a las inversiones en renta por la compra de acciones realizadas*, beneficiándose igualmente de la exclusión de responsabilidad consagrada en la Resolución a ser emitida por la SET.

El sector empresarial deja una reserva de derecho, en el sentido de que aquellos asociados que no consideren suficiente las exoneraciones previstas y cuestionen la interpretación de la Administración Tributaria, puedan buscar en el ámbito de la Justicia el reconocimiento de sus respectivos criterios interpretativos, según señala un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda.

El acuerdo fue suscrito por la ministra Lea Giménez, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, el abogado del Tesoro, Fernando Benavente. En tanto, que por el sector empresarial firmaron los representantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Unión de Gremios del Paraguay (UGP), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el Club de Ejecutivos del Paraguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP).

Luego de la viralización del hecho, la agente fiscal Irma Arias finalmente decidió imputar a los padres del niño por el hecho punible de violación del deber del cuidado.

La acusación fue presentada luego de que haya tomado estado público el video en el que se observa a su hijo de 8 años de edad en completo estado de ebriedad.

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Conforme a las evidencias recabadas por el Ministerio Público, se presume que este episodio habría ocurrido hace dos meses atrás en la vivienda familiar ubicada en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Itacurubí del Rosario.

En aquella oportunidad, la madre de la víctima se encontraba en compañía de sus cuatros hijos menores participando de un juego de cartas junto con otras personas, incluyendo a algunos familiares.

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En un momento dado, la misma habría permitido que otro adulto le diera de tomar cerveza a su hijo de 8 años hasta dejarlo en completo estado de embriaguez, situación que fue filmada a través de un teléfono celular.

En las imágenes se aprecia que la madre, además de consentir el acto, no había hecho nada para asistirlo en ese momento. Por su parte, el padre del menor tenía conocimiento de lo ocurrido, pero tampoco habría auxiliado al niño, ni habría tomado medidas al respecto.

Durante la reunión de este martes, las autoridades policiales presentaron al gobernador de Itapúa un plan de trabajo, de cara a las próximas acciones a ser impulsadas para evitar nuevos ilícitos.

El jefe departamental explicó que la decisión de declarar “emergencia” fue tomada no solo por el asalto a la sucursal del BNF en el distrito de Natalio, sino también por los múltiples robos y asaltos a productores, comerciantes, macateros y pobladores en general.

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“Es algo a lo que no estábamos acostumbrados los itapuenses”, afirmó Pereira en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Se asinceró al admitir que hasta el domingo, horas después de producirse el millonario asalto a la sucursal del BNF, aún no sentían el respaldo de la Policía Nacional, lo cual cambió el día de ayer tras el envío de más efectivos a la zona.

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En ese sentido, destacó el importante despliegue policial y el numeroso contingente de uniformados que fue destinado a Itapúa, a fin de reforzar la seguridad en esta zona del país.

El propósito es instalar nuevamente la sensación de seguridad entre los pobladores del departamento, luego de los últimos hechos acontecidos, enfatizó Pereira.

Rafael Méndez acudió con sus amigos a la discoteca Wyngood el fin de semana. El local se encuentra sobre la Avda. España casi Avda. Sacramento. Alrededor de las 5:00 de la madrugada salió rumbo a su casa, para lo cual, caminó hasta la calle Bestard casi Avda. España, donde estacionó el vehículo, a la vuelta del casino de Asunción.

“Paró un auto y alguien me dijo que entre, me fui corriendo hacia mi auto y alguien me hizo una zancadilla y empezaron a pegarme, me quitaron mis pertenencias y rompieron mi ropa”, relató la víctima, en un contacto con la 1020 AM.

Respecto a los motivos de la golpiza, los atacantes alegaron que un celular le fue robado a una amiga y que, el GPS apuntaba a la dirección del agredido, por lo cual, pensaron que él era el ladrón. Sin embargo, incluso después de darse cuenta de que estaban equivocados, continuaron la golpiza.

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Por su parte, la fiscal Ariela Chaparro confirmó que hay seis hombres identificados como los autores y que la denuncia ingresó ayer.

“Tenemos que determinar y ser francos en la parte penal. El hecho está como lesión, hay que determinar si la lesión es grave o leve. Si es leve, es acción penal privada y eso vamos a determinar con los diagnósticos médicos, un dictamen forense sobre la gravedad de las lesiones”, explicó la fiscal.

Del resultado de la inspección forense dependerá la continuidad del curso de la investigación y a intervención del Ministerio Público.

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