“Las responsabilidades individuales están plenamente corroboradas, las filmaciones, fotografías, las testificales apuntan directamente a sin lugar a dudas que esto fue parte de un plan organizado y preparado por sectores políticos, con una firme intención de aprovechar un malestar temporal ciudadano (enmienda) y generar un conflicto, caos y destrucción. El expediente judicial y la carpeta fiscal son irrebatibles, impresionante la cantidad de elementos que tenemos, desde declaraciones de los propios imputados quienes reconocen el hecho y dicen quiénes fueron los que financiaron y pagaron, al mismo tiempo también tenemos los cruces de llamadas que nos dan un esquema de trabajo, que empezó entre las 15.30 y las 16.00 del día 31 de marzo y siguió hasta las 22.00 y un poco más inclusive”, expresó el abogado a radio UNO.

Sostuvo que con todo lo que salió a la luz se puede determinar que algunos políticos avivados “ya un equipo de respuesta en caso de que ocurra un malestar ciudadano”. “Aprovecharon al máximo y convirtieron un día de vandalismo de causar caos y destrozos. Más que un día y hora específico, lo que estaban teniendo es un momento especifico, aprovecharon un momento de indignación ciudadana y convirtieron el día en luto para el país”, declaró.

Sosa Bareiro es uno de los abogados que representa a senadores oficialistas, que se adhirieron a la causa abierta tras la quema del Parlamento. El profesional aclaró que el trabajo del equipo jurídico es técnico y no político. Igualmente pidió dejar el fanatismo de lado y entender que lo ocurrido el 31 de marzo fue grave.

“Si ponemos énfasis en algunas cosas es porque defendemos nuestro trabajo, a la ciudadania le cuento que la carpeta y el expediente no dejan dudas, existen declaraciones de policías en servicio relatan detalladamente desde tempranas horas la campaña de crear zozobra de politicos, especialmente del PLRA, de forma organizada, también existen ciudadanos que participaron y vieron. O sea, acá hay un trabajo técnico, acá tenemos que dejar de lado los fanatismos y dejar de politizar cuestiones jurídicas. La gente que lo hizo (instigadores) tiene que hacerse responsable y dejar de escudarse detrás de personas que están pasando procesos desagradables porque recibieron ordenes de políticos. A mí realmente me indigna que al revisar la carpeta encuentro que al final los políticos que tiraron la piedra, ahora esconden la mano”, declaró.

Para finalizar manifestó que el cruce de llamadas, que requirió la Fiscalía de los implicados en la quema, será determinante pues “hay personas que normalmente no deberían tener comunicación, como un barra y un líder político horas antes de la situación”. Ese trabajo continúa en manos de los peritos del Ministerio Público.

JUICIO A PATRÓN

Ayer el fiscal Eugenio Ocampos presentó la acusación contra Stiben Patrón y un menor de 17 años y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Patrón y el adolescente están imputados por la supuesta fabricación de bombas molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que luego fueron utilizadas en el incendio del Poder Legislativo.

Otros cuatro imputados, que están refugiados en Uruguay, no pudieron ser incluidos en el requerimiento pues el proceso en contra de los mismos está suspendido. Ellos son Brian Esteban Martínez Jara, Luis Osvaldo Sánchez González, Osvaldo Daniel Aquino Notario y Rubén Moisés Galeano. Los mismos fueron declarados en rebeldía con pedido de captura internacional.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

Nota relacionada: Atraco a sucursal del BNF en Itapúa: delincuente intentaron tomar la comisaría

Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).