En contacto con la 970 AM, Centurión lamentó que hasta el momento no se pueda dar fin a este problema suscitado por la presencia de los limpiavidrios en las calles de Asunción, considerando que ya hace varios meses se habían planteado otras alternativas.

“Cuando hubo inacción del ejecutivo municipal y de los concejales de la izquierda radical del intendente Mario Ferreiro que alientan la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en las calles, saqué un equipo de trabajo de la junta municipal. Al final fui denunciado por romper la institucionalidad y supuestamente porque este trabajo le correspondía al ejecutivo municipal”, manifestó el concejal.

Así también, mencionó que cuando realizaron el trabajo hace unos meses atrás lograron que el 90% de los limpiavidrios salga de las calles y ya no trabaje de manera informal, brindándoles opciones para reinsertarlos en otras ocupaciones laborales.

Centurión cuestionó la inacción del ejecutivo municipal ante esta situación y pidió que se tomen medidas al respecto. “Seguro esperan que muera alguien. Mario Ferreiro es un inútil y cobarde. Este gobierno municipal alienta la presencia de limpiavidrios”, expresó.

A su criterio, el incidente entre el juez y la limpiavidrios es uno de entre más de 1.000 denuncias que se registran en Asunción, pero que no adquieren estado público o notoriedad debido a que no son viralizadas como en este caso.

“Se hizo todo un trabajo social (con los limpiavidrios). Este gobierno municipal lo que hizo es agarrar todo ese proyecto de dos años y tirar al tacho, además de privilegiar un discurso populista, ideológico, de la zurda radical y finalmente es lo que estamos teniendo hoy”, señaló Dani Centurión.

Finalmente, el concejal municipal indicó que una de las principales preocupaciones es que este incidente pueda dar pie a que otros trabajadores informales o limpiavidrios recurran a tácticas similares para obtener algún rédito económico tras “ser agredidos”.

Se trata de un hombre de 27 años de edad, identificado como Jorge Daniel Casau, quien fue detenido por la Policía en la ciudad de Asunción, por poseer orden de captura por un supuesto hecho de extorsión a un periodista.

Del poder de alias “Barbie”, se incautó un aparato celular que será sometido a una pericia.

El procedimiento de detención fue realizado por el personal del Departamento Antisecuestro de Personas.

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Según el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros, explicó a radio Montecarlo que la detención se dio mediante una operación encubierta.

El jefe policial agregó que esta persona amenazaba al denunciante con la difusión de un video en el que ambos aparecen en el interior de un vehículo. Para no hacerlo, le solicitó inicialmente la suma de G. 3 millones, que posteriormente subió a G. 8 millones.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

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Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.