La exprimera dama, de 66 años, fue declarada en estado de muerte cerebral en el hospital Sirio Libanés, donde había ingresado de urgencia el 24 de enero.

El centro informó que los médicos diagnosticaron “ausencia de flujo cerebral” y que la familia había autorizado el inicio de los “procedimientos para la donación de órganos”.

La cuenta oficial en Facebook del expresidente izquierdista (2003-2010) publicó un mensaje de agradecimiento y cambió su foto de perfil por una imagen del matrimonio sonriente y abrazado.

En la Cámara de Diputados en Brasilia los legisladores guardaron un minuto de silencio, mientras miembros del Partido de los Trabajadores (PT) acudían al hospital para arropar a la familia.

“Creo que la compañera Marisa le hará muchísima falta. Pero él es una persona con una fuerza extraordinaria y siempre tendrá en el recuerdo de Marisa una fuerza especial”, afirmó el exsenador y cofundador del PT Eduardo Suplicy a las puertas del centro.

– Solidaridad de aliados y adversarios –

La noche del jueves llegó al hospital el presidente Michel Temer para entregar sus condolencias junto a una comitiva de ministros y parlamentarios. En el poder de manera definitiva desde agosto pasado tras la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, Temer fue recibido con gritos de “¡golpista!” por un grupo de manifestantes afuera del recinto médico.

Pero una de las visitas más emotivas ocurrió más temprano: la del expresidente Fernando Henrique Cardoso, predecesor de Lula en el cargo y su rival político durante años, con quien se fundió en un emocionado abrazo.

La exmandataria Rousseff, sucesora y ahijada política de Lula, definió a Marisa Leticia como una “luchadora que conquistó espacio y tuvo un importante papel político”, en un mensaje en las redes sociales.

La expresidenta aludió también al último año de turbulencias y sobresaltos judiciales para el icono del PT, que enfrenta cinco acusaciones ligadas a la trama de corrupción en Petrobras, algunas de las cuales involucran a su esposa.

“En los últimos meses, ella y el presidente Lula fueron víctimas de persecuciones y experimentaron en su piel grandes injusticias. Imagino que el dolor de Lula ahora es insoportable”, escribió Rousseff.

“Estamos juntos, presidente Lula, ahora y siempre”, concluyó.

Los mensajes de apoyo llegaban también desde fuera de Brasil, la mayoría procedentes de líderes de la izquierda latinoamericana como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el ecuatoriano Rafael Correa o el boliviano Evo Morales.

– Jóvenes y viudos –

Marisa Leticia y Lula se casaron en 1974, ambos viudos de sus primeros matrimonios. Juntos tuvieron tres hijos, dos nietos, y fueron durante años una de las parejas más populares del país.

Se conocieron cuando Lula era dirigente del sindicato de metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo y ella fue a tramitar la pensión por su marido taxista, que había fallecido durante una tentativa de asalto cuando ella estaba embarazada de cuatro meses.

Desde entonces, esta nieta de inmigrantes italianos que creció en una familia muy humilde de esta ciudad del cinturón obrero de Sao Paulo se convirtió en el puntal en la sombra del desbordante carisma de su esposo.

Lula adoptó a su hijo Marcos y Marisa Leticia, que empezó a trabajar desde niña y pasó años en una fábrica de chocolates, le acompañó en la lucha contra la dictadura (1964-85), en las huelgas de los años 70 y 80, y en la fundación del PT en 1980.

Su gran presentación a la nación se realizó el 1 de enero de 2003, cuando apareció radiante vestida de rojo y con su característico cabello rubio y ondulado durante la toma de posesión de su esposo.

Ocho años después, el matrimonio abandonaba Brasilia con una popularidad récord.

– Tormenta –

Pero todo comenzó a desmoronarse el pasado 4 de marzo. Al amanecer de aquel viernes, los agentes entraron en la casa familiar y llevaron a Lula a declarar por su supuesta implicación en la gigantesca red de sobornos en Petrobras.

Señalado por la fiscalía como uno de los actores principales de la trama, el expresidente afronta varias denuncias en esta causa.

En una de ellas, relacionada con la propiedad de un tríplex en Guarujá (litoral del Estado de Sao Paulo), se incluye el nombre de su esposa. Según el ministerio público, se trataría de una donación hecha a Lula por la constructora OAS, a cambio de sus servicios para obtener contratos con Petrobras.

Lula siempre negó las acusaciones y denuncia una persecución judicial para impedirle presentarse a la elección presidencial de 2018.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.