La defensa del barón de las drogas constató hoy el fracaso de la primera vía emprendida para frenar la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de trasladar a Guzmán al país vecino.

La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) mexicana fue notificada de cinco resoluciones sobre los juicios de amparo, todas ellas en contra de los intereses del capo.

“En dos de ellos el órgano jurisdiccional resolvió negar la protección y amparo de la justicia federal, mientras que los tres restantes se sobreseyeron”, señaló la PGR en un comunicado.

Sin embargo, este no es el punto final del camino que llevaría a la extradición al líder del cártel de Sinaloa, pues a partir del próximo martes la defensa tiene diez días para solicitar la revisión del fallo ante un tribunal colegiado, dijo a Efe Andrés Granados, quien encabeza el grupo de abogados que trabajan para Guzmán.

El abogado confirmó que recurrirán la decisión judicial, lo que dejaría en pausa, de nuevo, el proceso de extradición. El siguiente fallo podría darse en “otros tres meses, cuatro meses; puede tardar hasta un año”, estimó.

En caso de que la revisión vuelva a ser desfavorable, acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De acuerdo con Granados, únicamente los dos amparos que fueron negados por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México “determinaban la situación de la extradición”.

Los otros tres amparos, que fueron sobreseídos por el órgano jurisdiccional, versaban sobre otros temas.

Eran “contra el traslado” del líder del cártel de Sinaloa del penal del Altiplano (Estado de México, centro), de donde se fugó una vez, al de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (fronterizo con Estados Unidos), el pasado mayo, y “contra el aislamiento” en el que se encuentra actualmente.

Además, esos recursos fueron presentados por los letrados Juan Pablo Badillo y el “señor (José Luis González) Meza”, “que ya no están en la defensa del señor Joaquín Guzmán”, añadió Granados.

El abogado aseguró que los representantes de la defensa permanecen “tranquilos” y acusó al Gobierno sin pruebas de estar “metiendo la mano” en el poder judicial.

“Hay que entender también que como no encuentran al ratero del señor gobernador de Veracruz, (Javier) Duarte (…) pues han de decir, vamos a distraer al pueblo (…), con eso al país de México le damos circo”, especuló.

El Gobierno mexicano ha mostrado en varias ocasiones su interés por la extradición a EE.UU. de Guzmán, quien se ha escapado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad del país, en 2001 de Puente Grande (Jalisco, oeste) en un carro de lavandería, y en 2015 del Altiplano por un túnel de 1,5 kilómetros que llegaba a su celda.

Días después de su más reciente recaptura, ocurrida en Los Mochis (en su natal estado de Sinaloa, oeste) el pasado 8 de enero, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmo que se estaba acelerando el trabajo para lograr “lo más pronto posible” la extradición.

El viernes pasado el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, estimó que la extradición de Guzmán se concretará en enero o febrero próximos, una vez el Poder Judicial resuelva todas las impugnaciones por parte de la defensa.

El narcotraficante, que en algún momento llegó a ser el objetivo número uno de varias agencias de investigación estadounidenses, afronta en una corte de Texas (EE.UU.) cargos por los delitos de asociación delictiva, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.

Además, en una corte de California es acusado de asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.