El abogado Osvaldo Granada Salaverry, en charla con la radio Monumental 1080 AM, se refirió a los derechos de los ciudadanos durante las inspecciones que realizan los agentes de la Policía Nacional. Esto con relación al caso de la joven empresaria Tanya Villalba, quien denunció que cuatro uniformados de la comisaría 11 Metropolitana le plantaron supuestamente 300 gramos de cocaína en su vehículo para extorsionarla.

El letrado argumentó que el caso es gravísimo porque son los propios organismos de seguridad los que cometen las irregularidades. “Cuando empieza la época de fin de año, tenés que saber que todos (los agentes policiales) están afilando los colmillos como los tiburones”, dijo.

Contó que los agentes no pueden efectuar controles al azar, a no ser que sean barreras policiales que deben comunicarse a la Fiscalía con seis horas de anticipación.

No obstante, ante la sospecha de algo irregular, sí se pueden detener el rodado y realizar el control respectivo. “Tiene que haber algún motivo suficiente que le haga presumir a la policía que se está por cometer un hecho punible. La policía no puede juzgar por tu cara o por tu pinta”, acotó.

Granada Salaverry explicó que la policía sí puede revisar el automóvil, de existir una sospecha bien fundada, siempre y cuando también estén presentes dos testigos que no sean conocidos de los uniformados.

Entonces, ¿cuál es la recomendación ante una detención policial de estas características? El abogado aconseja a los conductores que cierren la ventanilla, llamar al Sistema 911 para consultar el motivo por el cual se lleva ese procedimiento y registrar la intervención de la Policía a través de un video.

ESTO DICE LA LEY

Art. 179. INSPECCIÓN DE PERSONAS. La policía podrá realizar la requisa personal, siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias, o lleva adheridas externamente a su cuerpo, objetos relacionados con el hecho punible.

Antes de proceder a la requisa deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándole a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía; bajo esas formalidades se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura.

Art. 180. PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN DE PERSONAS. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. La inspección a una persona será practicada por otra de su mismo sexo. La inspección se hará constar en acta que firmará el requisado, si así no lo hace se consignará la causa.

Art. 181. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. La policía podrá realizar la requisa de un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo procedimiento y se cumplirán las mismas formalidades previstas para la inspección de personas.

Art. 182. INSPECCIONES COLECTIVAS. Cuando la policía realice inspecciones de personas o de vehículos, colectivamente, con carácter preventivo, deberá comunicar al Ministerio Público con seis horas de anticipación. Si la inspección colectiva se realiza dentro de una investigación ya iniciada, se deberá realizar bajo dirección del Ministerio Público. Si es necesaria la inspección de personas o vehículos determinados, el procedimiento se regirá según los artículos anteriores.

Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.

En los últimos meses, se elevó a 33.000 la cifra de trabajadores que han ingresado al sistema del IPS, mediante la fiscalización gestionada con responsabilidad y de manera honesta, de acuerdo con los datos expuestos por la Secretaria de Estado.

En ese sentido, la autoridad remarcó que una de las herencias de la administración anterior, es la proliferación de fiscalizaciones abortadas por coimas recibidas por funcionarios venales. “Lastimosamente existen denuncias de fiscalizadores que no cumplieron con la obligación de hacer cumplir las leyes laborales, que recibieron coimas para el efecto” , respondió la ministra Recalde, en comunicación con la 1020 AM.

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Apuntó que la prioridad de su administración, es elevar el nivel de control para que las patronales cumplan las leyes.

Cabe indicar que la fiscalización se formula con el el plan nacional de regularización del trabajo, que se centraliza en las infracciones vinculadas a la seguridad social (inspección seguridad social).

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunció que continuará con las fiscalizaciones de empresas, tras denuncias concretas y no de manera aleatoria como se venía realizando, a fin de evitar hechos de corrupción. La medida, que había sido tomada en los primeros días de la nueva administración de esta cartera de Estado, seguirá vigente.

El fiscal Hugo Pérez señaló que el informe médico sostiene que el joven falleció a consecuencia de índole cardiaco, y que la revisión de los órganos internos reveló que es de naturaleza congénita y no traumática.

“El estudio forense menciona que tenía problemas en el sistema cardiaco, y que no contaba ningún golpe o herida externa que ocasionó el deceso”, mencionó el fiscal en conversación con periodistas.

Remarcó que la versión de presuntos hematomas que tenía el cadáver no se visualizó en el cuerpo del cadete. “Los hechos comprobados son los que se menciona en el informe forense, y este expresa que el fallecimiento tiene la causa mencionada”, insistió el fiscal Perez.

Por su parte el ministro de Defensa, Oscar González, declaró que de manera constante las autoridades del gobierno está acompañando a la familia del extinto cadete. Y que en comunicación con el presidente Santiago Peña, este le pidió que se esclarezca a fondo la causa que determinó la muerte de Diego Torres.

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González explicó que llegó al país en la madrugada de este domingo, procedente del extranjero, y de inmediato concurrió junto a los padres del difunto, para ofrecerles todo lo que requiere la trágica circunstancia.

González mencionó que el cadete Torres es hijo de un funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que prestan servicio en la localidad de Mariscal Estigarribia, Chaco.