Los restos, que serán trasladados en valija diplomática al laboratorio que tiene el Equipo Argentino de Antropología Forense en la ciudad de Córdoba, pertenecen a dos esqueletos que fueron hallados en 2013 en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en la capital paraguaya.

Durante la dictadura de Stroessner el lugar funcionaba como centro clandestino de detención y tortura, dijo a Efe Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica de Paraguay.

Goiburú señaló que los restos serán analizados y cotejados en Córdoba de cara a elaborar un perfil sanguíneo y su posterior identificación.

El pasado año la Dirección General de Memoria Histórica de Paraguay entregó 142 muestras de sangre de familiares de desaparecidos durante la dictadura de Stroessner para ayudar en esa identificación.

Las exhumaciones de los dos cuerpos se llevaron a cabo en “La Huerta”, un anexo de ese centro de tortura donde ya antes se hallaron quince esqueletos, tras cuatro año de trabajo, dijo Goiburú.

Esta previsto que en julio los antropólogos argentinos regresen a Paraguay para seleccionar restos de esos quince esqueletos y analizarlos en el laboratorio de Córdoba.

Hasta ahora no se ha logrado identificar a ninguno de los desaparecidos durante la dictadura.

La Comisión de Verdad y Justicia (CJV) registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos durante el régimen de Stroessner, la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.

Goiburú se mostró confiado en que para finales de año se pueda haber identificado a los primeros desaparecidos, aunque reconoció que solo dar con sus familiares para conseguir muestras de sangre es un trabajo “titánico”.

Rogelio es hijo de Agustín Goiburú, un activista del extinto Movimiento Popular Colorado (Mopoco), quien está desaparecido desde que fue secuestrado en Argentina en 1977 en un operativo policial conjunto de agentes paraguayos y argentinos.

El gobernador de Ñeembucú, Victor Hugo Forneron, junto con el diputado Diosnel Aguilera y el intendente de Pilar, Fernando Ramírez, se reunieron en Valle Apu’á, compañía de Pilar, con los pobladores del sector para escuchar los reclamos y preocupaciones. Como medida inicial, se enviará una retroexcavadora para abordar algunos trabajos y manejar el flujo de agua, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El Ing. Pedro Cantero, responsable del MOPC en Ñeembucú, anunció que se reforzarán los trabajos con maquinaria proveniente de la capital para mejorar los caminos, lo cual se llevará a cabo el próximo lunes. Además, se colocarán tubos de hormigón en puntos específicos. Las autoridades enfatizaron la importancia de obtener los permisos correspondientes de los propietarios de establecimientos ganaderos y privados para permitir el acceso de las maquinarias municipales, departamentales y del MOPC sin inconvenientes.

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Hasta el 3 de mayo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación de Ñeembucú distribuyeron cerca de 3.000 kits de alimentos de 25 kilos cada uno, brindando asistencia vital a 2.715 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Natalia López, estudiante de la UNA en la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que este grupo y los demás participantes de la mesa se mantienen en dos puntos: la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que garantice explícitamente la cobertura de los programas que eran financiados por el Fonacide.

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“El ministro sigue con la negativa, dice que no es necesario un nuevo proyecto porque los programas no quedaron desfinanciados”, comentó la universitaria, en un contacto con la emisora Universo 970 AM –Nación Media.

Las demás facultades continúan abiertas a las conversaciones con el Ejecutivo, a la espera de una propuesta que satisfaga sus reivindicaciones.

Desde su inicio, la mesa entre el Gobierno y los universitarios se desarrolló en dos ocasiones, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.

El cuestionamiento inicial de los estudiantes era el desfinanciamiento del Arancel Cero en las universidades, tras lo cual, se redactó taxativamente un artículo que estableció el blindaje de los fondos para este menester.

Posteriormente, los jóvenes pidieron directamente la derogación de la ley Hambre Cero y la creación de otro proyecto que contemple específicamente la cobertura de todos los programas que dependían del Fonacide, ley que fue derogada con la legislación de Hambre Cero.

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En la tarde del jueves se concretó la detención de un delincuente en la zona del Km 10 lado Acaray de Ciudad del Este, a unos 5.000 metros de la Ruta PY02.

Se trata de un adolescente de 17 años, quien fue sindicado como uno de los autores del robo al Colegio San Antonio de Padua, perpetrado en la noche anterior.

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Este joven en su momento fue alumno de la citada institución educativa, menciona el informe de CDE Hot, lo cual hace presumir que tenía conocimiento sobre los objetos de valor que había en su interior.

En poder del detenido incautaron varios de los artículos que habían sido hurtados del colegio, incluyendo seis notebooks, un equipo de sonido, dos micrófonos y un televisor de 32 pulgadas.

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Tras ingresar por el techo, este malviviente y su cómplice violentaron la ventana y posteriormente la puerta de acceso ubicada en la parte posterior de la dirección, a fin de concretar su golpe.

En total se llevaron 19 notebooks de la marca HP y 5 computadoras de escritorio, además de los objetos ya recuperados y la suma G. 250.000 en efectivo, de acuerdo al reporte policial.