La revuelta del martes en uno de los reclusorios del puerto de Guayaquil (suroeste) pasó a ser la más sangrienta del año en el país, donde ya se registraban unos 120 presos fallecidos.

En febrero se produjeron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles de tres ciudades ecuatorianas, en los que murieron 79 reclusos, entre ellos varios decapitados.

“Acabo de decretar el Estado de Excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional”, indicó por Twitter el presidente Guillermo Lasso, agregando que encabezará en Guayaquil un comité de seguridad para controlar la “emergencia, garantizando los DDHH de todos los involucrados”.

El estado de excepción faculta al Ejecutivo a suspender derechos civiles y el uso de la fuerza pública para restablecer la normalidad.

El gobierno de Lasso, quien asumió en mayo pasado, ya había declarado en “emergencia” al aparato penitenciario para poder movilizar recursos sin trámites burocráticos.

En el más reciente balance oficial, el órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI) señaló que “se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos”.

Previamente había reportado 30 muertos y 52 heridos.

La entidad agregó por Twitter que la policía y la fiscalía “continúan levantado información” en la prisión, que permanece acordonada por militares, apoyados por una tanqueta.

“NO SÉ NADA DE MI HIJO”

La presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que es parte de un gran complejo penitenciario en Guayaquil, fue reforzada a raíz de la reyerta con armas de fuego.

Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre el estado de sus familiares encarcelados.

“Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo”, manifestó una mujer que no reveló su identidad.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada también por la insuficiencia de guardias, y que ha llevado a las autoridades a declarar al sistema en emergencia a partir de 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles.

La fiscalía señaló que entre los heridos figuran dos policías y que “la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos”, que dejaron varios presidiarios decapitados.

Con la intervención de la Policía “se evitó que haya más muertes violentas”, manifestó a su vez el general Fausto Buenaño, comandante policial en Guayaquil.

Los amotinados, que incluso tenían en su poder un fusil, “nos atacaron con armas largas, armas cortas”, dijo.

MÁS DE 200 PRESOS MUERTOS

Tras el cruento amotinamiento carcelario del martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a condenar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

“En 2021 serían más de 200 personas fallecidas, resultado de la violencia en penitenciarías. Se recuerda que los Estados tienen el deber jurídico de adoptar medidas que garanticen derechos a la vida, integridad personal y seguridad de personas bajo su custodia”, expresó por Twitter.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria en Ecuador causada por los choques por el poder entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

En Ecuador, con 17,7 millones de habitantes, la violencia ha pasado a ser permanente en sus 65 cárceles, en las que están 39.000 personas sobre una capacidad para 30.000.

“Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017”, dijo a la AFP el experto en seguridad y narcotráfico Fernando Carrión.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías del país, en las que la corrupción facilita el ingreso de armamento y municiones.

La tercera parte de reclusos “proviene de organizaciones criminales explícitas vinculadas al narcotráfico” internacional, dijo Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.

Dos de las bandas que respaldan a cárteles mexicanos tienen unos 20.000 miembros, según informes policiales.

Ecuador incautó entre enero y agosto de 2021 unas 116 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, frente al récord de 128 toneladas de todo 2020.

Ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, el país es utilizado como tránsito para el envío de droga a Estados Unidos y Europa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes a los rusos en su discurso de investidura que “juntos” vencerán y que el país saldrá “fortalecido” del periodo “difícil” que atraviesa.

“Atravesaremos este periodo difícil con dignidad y saldremos fortalecidos”, indicó el dirigente ruso en el Kremlin y añadió: “Somos una nación grande y unida, y juntos superaremos todos los obstáculos, concretaremos todo lo planeado, y juntos, ganaremos”

“Juro (...) respetar y proteger los derechos y libertades, respetar y proteger la Constitución, la soberanía, la independencia, la seguridad y la integridad del gobierno”, declaró el mandatario de 71 años, reportó un corresponsal de la AFP en el lugar.

Fuente: AFP

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, posible compañera de fórmula de Donald Trump en 2024, dijo que el perro de Biden, Commander, debería correr una suerte similar a la de su cachorro por morder a varios agentes del Servicio Secreto.

“Sus comentarios de ayer nos parecen preocupantes y absurdos”, declaró La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “Este es un país que ama a los perros y tienes a una líder hablando de sacrificar a los perros”, añadió.

En su opinión, Noem “probablemente debería dejar de cavar su propia tumba”.

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Noem, de 52 años, conmocionó a los estadounidenses al afirmar en sus memorias que disparó y mató a Cricket, de poco más de un año, porque era “indomable”.

“Odiaba a esa perra”, reconoce. Le reprocha que le hubiera arruinado una cacería de faisanes por estar sobreexcitada y le atribuye la muerte de unos pollos.

La gobernadora dice que si llega a la Casa Blanca con Trump en las elecciones de noviembre hará que “Commander salude a Cricket”.

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“El perro de Joe Biden ha atacado a 24 personas del Servicio Secreto. Entonces, ¿a cuántas personas tiene que atacar y herir gravemente antes de que tome una decisión sobre un perro?”, se preguntó Noem en un programa de la cadena CBS el domingo.

Commander fue enviado a vivir con unos familiares después de que el pastor alemán de dos años, que llegó a la Casa Blanca en 2021 cuando era un cachorro, tuviera problemas para adaptarse y mordiera a por lo menos 11 agentes del Servicio Secreto.

No es la única parte del nuevo libro de Noem que levantó ampollas. Se vio obligada a retractarse de la afirmación de que se había reunido con el líder norcoreano King Jong Un.

En la actualidad, la glorificación del nazismo supone un reto para muchos gobiernos del mundo. Brasil, por ejemplo, emitió recientemente una alerta ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la propagación de esta ideología.

En su carta, enviada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, destaca el aumento de casos de incitación al odio, de ataques violentos a escuelas, así como las denuncias de crímenes cibernéticos en el país latinoamericano.

Un estudio de la investigadora Adriana Dias, uno de los pilares de la misiva, apunta que, a inicios de 2022, se registraron cerca de 530 núcleos neonazis en la nación, que agrupaban a unas 10.000 personas. Según algunas estimaciones, Sao Paulo sería el estado con más células de este tipo, seguido por Santa Catarina, Paraná y Río Grande del Sur.

La apología del nazismo se considera un crimen en Brasil y se castiga con penas de hasta cinco años de prisión y multas. No obstante, hay pocos procesos judiciales en curso sobre el tema. Por ello, representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos brasileño están realizando inspecciones en cuatro estados, mientras recopilan testimonios de las víctimas de este delito para proponer acciones a fin de combatir el extremismo.