La Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy) manifestó su posición en contra del proyecto y pidió una audiencia con Cartes para exponer al mandatario su argumentación.

El proyecto, aprobado por ambas cámaras del Parlamento paraguayo, fue remitido al Gobierno para su sanción como ley o su veto, y Cartes solicitó esta semana un segundo informe jurídico sobre el texto.

La Codehupy expresó que la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre está en litigio entre el Estado paraguayo y los herederos de Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Pese a ello, el texto del proyecto acepta que la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme, done la finca de Marina Kue al Estado paraguayo.

La Codehupy considera que el Estado, al aceptar esta donación, “asume inapropiadamente que la citada finca es propiedad de la empresa Campos Morombí”, aunque es el Poder Judicial quien debe definir la titularidad del terreno.

Alerta además de que el Poder Legislativo, a través de la aprobación del proyecto, y el Poder Ejecutivo, si llegara a promulgar la ley, ponen en riesgo la independencia del Poder Judicial, en contra de lo expresado en la constitución paraguaya.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos integradas en Codehupy también recordaron que la finca fue donada en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado, que la utilizó hasta 1999 para las prácticas de un destacamento de la Armada, razón por la que se conoce a las tierras como Marina Kue.

Agregaron además que estas tierras fueron declaradas de interés social y destinadas a la reforma agraria por un decreto presidencial emitido en 2004.

Las tierras nunca fueron inscritas a nombre del Estado paraguayo debido, según Codehupy, a ciertas acciones irregulares de varios magistrados en acciones judiciales promovidas por la empresa Campos Morombí.

La Comisión de Verdad y Justicia, por su parte, consideró en su informe de 2008 que se trata de tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a los terrenos apropiados de manera irregular, en especial en la época de la dictadura.

Por todo ello, Codehupy solicitó a Cartes que rechace el proyecto de creación de la reserva, un pedido que también elevaron representantes de la Iglesia católica, como el monseñor Melanio Medina, durante una audiencia con el mandatario el pasado jueves en la residencia presidencial.

La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, en un controvertido juicio político.

El juicio a los campesinos acusados de la masacre fue suspendido este miércoles por decimosexta vez, después de que los defensores recusaran al tribunal por su presunta parcialidad en la causa.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.