El legislador Tadeo Rojas (ANR), confirmó que en el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, figura el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 142 de la Ley 3.440/2008 ‘Que modificó el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997 ‘Código Penal”.

Con la sanción del Senado el jueves pasado, el 142 quedó redactado de la siguiente manera:

1° El que, individualmente o en concierto con otras personas, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.

2°. Cuando la invasión en el sentido del numeral anterior se realizará con el objeto de instalarse en él u ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años.

“Tenemos una posición muy firme y contundente en aceptar la media sanción del Senado, hacemos un llamado a que se apruebe en la brevedad posible”, expresó el diputado Rojas en conversación con radio Uno.

Consideró que los perjudicados con esta ley son los que los que se aprovechan de las necesidades de la gente y por intereses políticos o particulares, incitan a la ocupación de tierras privadas.

La Cámara de Diputados se declaró defensora de la propiedad privada, mediante un proyecto presentado por una bancada de la ANR.

Los participantes de la reunión, entre parlamentarios, autoridades locales y departamentales, coincidieron en que la iniciativa es de noble objetivo y será de gran importancia para el desarrollo de esta zona del país.

En particular, los diputados expresaron un unánime apoyo para la concreción del proyecto.

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Sin embargo, un aspecto clave para el visto bueno y puesta en marcha, naturalmente, es la fuente de financiamiento, que aún no cuenta con definición, según se informó.

Técnicos en la materia indicaron que el proyecto en sí está hecho, pero todavía se está trabajando en ese aspecto, ya que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), está atravesando un difícil momento financiero, de acuerdo a las explicaciones de los representantes.

Una comitiva fiscal y policial allanó una metalúrgica, donde supuestamente adulteraban los números de chasis de camiones y semirremolques robados en Brasil. El procedimiento se realizó ayer en la ciudad de Santa Rita, por los agentes del Departamento de Control Automotores de Alto Paraná.

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Asimismo, los intervinientes incautaron varias evidencias y un semirremolque que habría sido hurtado en la ciudad brasileña de Tubarão, estado de Santa Catarina.

El semirremolque hallado en la metalúrgica es de la marca Noma de tres ejes, con el chasis adulterado. Además, se incautaron de varias plaquetas de seguridad presumiblemente apócrifas y documentos de vehículos.

El agente fiscal Alberto Torres, quien encabezó la comitiva, dispuso la incautación del semirremolque, así como de las otras evidencias, además ordenó que los antecedentes sean remitidos a su unidad para la investigación correspondiente.

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El tema saltó al tapete en las últimas horas, tras anuncios de que el importante caudal de armamento, ya había sido entregado a las fuerzas de seguridad interna, para acoplarlo al arsenal que se tiene para el combate al crimen organizado.

Dakovo es hasta la actualidad, la operación más importante que se ejecutó en contra de bandas criminales dedicadas al tráfico internacional de armas, en el que están envueltos e imputados altos exjefes militares, empresarios y funcionarios de la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel).

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El ala empresarial de la trama estuvo liderada por el empresario argentino Diego Dirisio, quien era proveedor de armas del Ejército paraguayo, pero que utilizaba ese estatus, para realizar contrabando de armas que iban destinadas a los cárteles mafiosos de Brasil, Primer Comando Capital y Comando Vermelho.

La traba que ahora pone el juzgado de la causa para la entrega de las armas a la Policía desató suspicacias en ámbitos del legislativo, en donde señalan que, en momentos de extrema necesidad de dotar recursos a la Policía, se dilata la remisión del arsenal requisado.

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