Para tranquilidad de los familiares del periodista Pablo Medina y los de su asistente Antonia Almada, el Supremo Tribunal Federal del Brasil aprobó la extradición del exintendente de Ypehû, Vilmar “Neneco” Acosta, quien se expone a 30 años de cárcel.

El fiscal de asuntos internacionales, Juan Emilio Oviedo, explicó a radio UNO que el siguiente paso lo deberá dar la justicia brasileña que tendrá que enviar a la Embajada paraguaya en Brasilia, la notificación oficial sobre la extradición de Acosta Marques.

Este trámite tomará aproximadamente 15 días. A partir de la recepción de este documento, comenzará a correr un plazo de 30 días para que las autoridades locales procedan a recoger al detenido.

Entre que todo esto ocurra se estima un tiempo de un mes o máximo un mes y medio para que el supuesto cabecilla del doble homicidio regrese a Paraguay para enfrentar a la justicia.

Una vez que llegue a territorio paraguayo se empiezan a contar los plazos procesales establecidos por la legislación interna, como si fuera que la persona haya sido detenida en nuestro país.

El principal argumento que consideró el Supremo Tribunal, fue que la supuesta nacionalidad brasileña de Vilmar Acosta es falsa y la comprobación de que el hombre es paraguayo.

Vilmar Acosta Marques es sindicado como el responsable intelectual del asesinado del periodista Pablo Medina y su joven asistente Antonia Almada, quienes fueron emboscados el 16 de octubre del 2014 en Curuguaty, cuando regresaban de una cobertura periodística

La agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Zonal de Luque, solicitó nuevamente la búsqueda de los familiares de Nicasio Antonio Jara Ramos, con cédula de identidad n.⁰1.343.205.

El mismo falleció tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en la jurisdicción de la comisaría 18 Central, de la ciudad de Areguá. El cuerpo del mismo permanece en la Morgue Judicial.

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El pedido se hace considerando que la cámara frigorífica de la Morgue Judicial tiene una capacidad limitada para el resguardo de evidencias actualmente está colapsada.

En este caso ya transcurrieron los 10 días de depósito, con eventual riesgo para la salud de las personas que acuden a esta dependencia, por lo que se solicita nuevamente que familiares del hombre se acerquen para la entrega del cuerpo.

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Ante cualquier información, favor comunicarse al +595 981 507598 de la morgue.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.

En uno de ellos, le señala al fugitivo oriental, que tenía “buenos contactos” en la Fiscalía y la Senad, que “le bocinaban” operativos que se preparaban o iban a aplicarse en su contra.

Esa declaración, interceptada por la pesquisa fiscal-policial, confirma lo que era vox populi: que es extendida la práctica de que, propinas mediante, funcionarios de diversos estamentos, colaboraban con las agrupaciones criminales.

En el lado de Marset, en tanto, las “bocinas” en altas esferas tampoco era cuestión oculta. El año pasado se reveló la conexión directa de tres policías de Interpol con el mismo, gracias a la cual se desactivó desde Paraguay la orden de captura internacional que pesaba sobre Marset, lo que permitió a este movilizarse a nivel internacional sin ser detenido.

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La fiscalía presentó en la víspera acusación formal en contra de Tío Rico, por asociación criminal, lavado de activos y tráfico de drogas.

El esquema criminal desmontado por el operativo A Ultranza Py, representó, inicialmente, el decomiso de bienes por alrededor de 250 millones de dólares de los marginales. Esto sin contar las perdidas de drogas.