Con anillos en la mano y tímidos besos, los participantes se casaron en una ceremonia dirigida por una drag queen con túnica en una plaza simbólica del centro de la capital de Paraguay.

El evento, convocado por las organizaciones paraguayas SomosGay y Lesbos, congregó a un millar de jóvenes que marcharon por las calles Palma, Colón y Estrella con pancartas y banderas arcoiris.

“Están casándose simbólicamente para reivindicar la igualdad ante la ley y la igualdad de matrimonio”, dijo a Efe el director ejecutivo de SomosGay, Simón Cazal.

“La Parada de la Igualdad” exigió este año el matrimonio igualitario y la equiparación de derechos para las personas LGBT y sus familias.

Paraguay no permite la unión de personas del mismo sexo, ni tiene una ley contra la discriminación como otros países de la región, recordó Cazal.

“El colectivo LGTB está discriminado en el trabajo, la educación, el acceso a vivienda. Y este Gobierno no ha hecho más que aumentar eso”, añadió.

La cita, con conciertos actuaciones, se dio en la Plaza de la Libertad del casco antiguo, un lugar de especial importancia para la comunidad gay paraguaya porque era donde se reunían durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) para evitar a la policía, declaró Cazal.

El activista aseguró que en Paraguay el 81 por ciento de la población “está en contra de cualquier tipo de reconocimiento a la comunidad LGTB y el 90 por ciento está en contra de la adopción por parte de personas del mismo sexo”.

Cazal destacó también que la discriminación afecta sobre todo a las personas trans y recordó que en Paraguay hay 54 asesinatos de personas transexuales sin investigar por la justicia.

SomosGay suele convocar este evento en coincidencia con el Día Internacional del Orgullo Gay, pero este año lo retrasaron por la visita del papa Francisco a Paraguay.

El pontífice visitó el país sudamericano entre el 10 y el 12 de julio y convocó a SomosGay a la reunión que celebró durante dos horas en un estadio con repesentantes de otro centenar de organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Según Cazal, la invitación del papa a SomosGay “fue un acto simbólico” y desde entonces más gente les apoya.

“Sus mensajes fueron completamente a parte del discurso conservador de la Iglesia local e incluso la confrontó en algún momento. Habló mucho de diversidad y de la unidad en la diversidad, un concepto que trabaja la comunidad LGTB desde hace años”, expresó.

“Creemos que su visita va a traer cambios culturales y esperamos que se acompañe también con cambios legales”, manifestó Cazal.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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