Tragada de Fonacide: 45 municipios no rindieron cuentas
La Contraloría informó que de los 249 municipios que recibieron dinero correspondiente al Fonacide, 43 comunas no presentaron su rendición de cuentas.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó este martes el informe del análisis de las rendiciones de cuentas conforme al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El 80 % de todos los organismos municipales del país presentó su rendición de cuenta, equivalente a 200 municipios. El 20 % (49 municipalidades) no entregó los documentos requeridos. En tanto que se rechazó la rendición de cuentas de cuatro comunas.
De acuerdo al ente estatal, el análisis comprendió el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014.
Según el Ministerio de Hacienda, en el periodo de enero a diciembre de 2014 fueron transferidos a las Gobernaciones recursos por valor de G. 62.267.971.903.
Por otro lado, en el periodo de enero a diciembre de 2014, transfirió a Gobiernos Municipales recursos provenientes del FONACIDE por valor de G. 250.960.367.806.
A continuación los municipios que no presentaron los documentos requeridos por la Contraloría:
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN
Belén
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
San Estanislao
San Pablo
Santa Rosa del Aguaray
Tacuatí
Unión
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Arroyos y Esteros
Mbocayaty del Yhaguy
Borja
Gral. Eugenio A. Garay
Independencia
San Salvador
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
3 de Febrero
Carayaó
Dr. Cecilio Báez
Dr. Juan Manuel Frutos
Nueva Londres
R.I. 3 Corrales
San Joaquín
Santa Rosa del Mbutuy
DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
Tavaí
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
Obligado
DEPARTAMENTO DE MISIONES
Santa María
Santiago
Yabebyry
DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ
Acahay
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
San Alberto
DEPARTAMENTO DE CENTRAL
J. Augusto Saldívar
Ñemby
DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ
Cerrito
Gral. José Eduvigis Díaz
Laureles
Mayor José D. Martínez
Paso de Patria
Tacuaras
Villalbín
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Itanará
Ybyrarovaná
Yvy Pyta
Ypehú
DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES
Benjamín Aceval
Puerto Pinasco
Tte. 1ro. Manuel Irala Fernández
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Mcal. José Félix Estigarribia
DEPARTAMENTO ALTO PARAGUAY
Puerto Casado
Limpieza del oído: instan a no introducir cotonetes o llaves
La doctora Asihiria Acuña recomendó no introducir objetos al oído que pueda dañarlo, pues el mismo tiene un sistema propio de autolimpieza. Ante molestias, la persona debe acudir a la consulta con un otorrinolaringólogo para un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado.
La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.
El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.
Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.
Viuda de Pecci refuta declaraciones del fiscal general y niega obstrucción
Claudia Aguilera, esposa Marcelo Pecci, respondió a las declaraciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien manifestó que la investigación de la muerte de su esposo no avanzaba porque la misma se negaba a entregar todas las evidencias.
“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.
Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.
“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.
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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.
“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.
Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.
Controversia y censura: revelan impacto de ley en la libertad de expresión en Paraguay
Una nueva investigación llevada a cabo por la ONG TEDIC en colaboración con el Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo de Argentina pone en foco seis casos legales bajo la Ley 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” en Paraguay.
El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.
Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.
La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.
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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.
Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.
Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.