Las tierras conocidas como Marina Cué (“tierras de la Marina”, en guaraní) fueron declaradas estatales en mayo de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, recordó a Efe Martina Paredes, que forma parte de la organización de familiares de víctimas Yvy Ñandé Rekóve (“la tierra es nuestra vida”, en guaraní).

El terreno lleva tres décadas en disputa entre la empresa Campos Morombí, de la familia del difunto líder del gobernante Partido Colorado Blas Riquelme, y el Estado paraguayo al que siempre pertenecieron, según los labriegos locales.

La sentencia obliga a la familia Riquelme a pagar un arancel en calidad de “perdedora del litigio”, algo a lo que “se están negando” en un intento de “dilatar el proceso” de titulación de tierras, según Paredes.

En 2012, un grupo de campesinos que quería que las tierras de Marina Cué formasen parte de la reforma agraria ocupó una parte de la finca.

El Gobierno de Lugo ordenó un desalojo que terminó en un enfrentamiento en que perecieron 11 campesinos y 6 policías, lo que provocó una crisis política que sirvió como detonante para que el Congreso destituyera al mandatario en un controvertido juicio político.

Por la muerte de los policías fueron imputados 13 campesinos, 12 de los cuales permanecen bajo arresto domiciliario y uno de ellos, Rubén Villalba, encarcelado por una causa anterior a la masacre.

Los trece campesinos se enfrentan a cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos.

El juicio contra ellos está fijado para el próximo mes de junio, después de haber sido pospuesto en varias ocasiones.

A los familiares de las víctimas de la masacre les preocupa que llegue la fecha del juicio sin que se haya hecho efectiva la titulación de tierras a nombre del Estado, explicó Paredes.

“Si llegamos al juicio y sigue sin resolverse la situación de las tierras de Marina Cué, puede perjudicar a los compañeros que están acusados, que podrían tener penas de entre 20 y 30 años de prisión”, afirmó.

Paredes es hermana de dos de los fallecidos en la masacre de Curuguaty, mientras que otro de sus hermanos permanece imputado por su presunta participación en estos hechos, y está declarado en rebeldía por las autoridades paraguayas.

La organización de familiares de víctimas prevé realizar cortes de rutas, manifestaciones frente a instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o la Corte Suprema de Justicia y una “ocupación simbólica” de las tierras de Marina Cué para “presionar a la Justicia para que agilice la titulación de la tierra”, anunció Paredes.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación con recursos propios.

Este sábado, la asistencia se extendió a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.

El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Un joven estudiante murió trágicamente en un accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde, sobre la calle Fernando de la Mora casi Presidente Hayes, en el barrio Lomas Valentinas de la citada ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Juan Paul Ruíz Díaz de 21 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Hyundai, con chapa DAJ 555. El otro vehículo involucrado es un automóvil Kia Cerato, chapa OAC 764, que iba al mando de Edgar Iván Dávalos Rivelli (21), quien quedó con lesiones.

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Según los datos policiales, Juan Paul circulaba sobre la mencionada calle, mientras que en el sentido contrario Dávalos Rivelli. En un momento dado del tramo, Juan atropelló un charco de agua, que se formó por la lluvia, perdiendo el control de su móvil yendo a impactar contra el rodado de Edgar Iván.

En consecuencia, Ruíz Díaz volcó quedando atrapado dentro de su automóvil. Lastimosamente el joven falleció al instante, en tanto, el otro conductor lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial. El caso fue reportado a la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

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Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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