La DNCP se basó en la protesta promovida por la firma Security Service Technology S.A contra 13 de los 17 lotes adjudicados a Tapiti S.R.L y en fecha 12 de diciembre del año pasado, había declarado nulo todo el proceso y la adjudicación a la firma vinculada a los expolicías Viviano y Vidal Machado. Posteriormente, tanto la Copaco como Tapití SRL habían recurrido dicha resolución argumentando que el criterio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones fue aplicado correctamente.

Sin embargo, el titular de la DNCP, Abog. Santiago Juré, el pasado 27 de enero, se ratificó en todos sus términos señalando que el Pliego de Bases y Condiciones, no es contradictorio ni debió ser objetado por esta Dirección Nacional y tampoco impugnado por los oferentes en razón a que el mismo se encuentra acorde a las normativas vigentes.

Agrega que en el caso particular “existe un empate técnico ya que la firma recurrente (Tapití SRL) bajó su precio hasta lograr igualar al precio lanzado por la firma SST S.A”, y a ese respecto la Resolución citada precedentemente ya establece la solución a dicha situación al determinar claramente en su Artículo 20 que: “Si existieren dos o más lances de diferentes postores eon el mismo valor, prevalecerá aquel que fue registrado en primer lugar…”

Llamativamente, la Copaco se resiste a acatar a la nueva resolución de la DNCP . En el año 2013, otra licitación relacionada a seguridad, también fue otorgada a Tapiti pese a que se violaron disposiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones; dejando de lado incluso recomendaciones de la DNCP.

El 31 de octubre del año pasado, la institución decidió adjudicar una licitación para el servicio de seguridad a la empresa Tapití SRL por unos US$ 2 millones.

METEÓRICO DESPEGUE

De un modesto edificio alquilado sobre José Berges casi Brasil la empresa de seguridad Tapití S.R.L., propiedad de los hermanos excomisarios Vidal y Viviano Machado, se mudó a un imponente local en el barrio Mora Cué de Luque, en inmediaciones de la Villa Policial.

Esta empresa solo en el 2014 se alzó con US$ 10 millones en licitaciones públicas. Influencias y conexiones del excomandante de la Policía habrían abierto el camino para encaminar las adjudicaciones.

A través de un comunicado el MOPC recordó la reglamentación de la Ley N.º 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 establece que: “No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor”.

La necesidad de mantener este espacio libre se fundamenta en varias razones importantes:

Seguridad vial: Las franjas de dominio despejadas garantizan una visibilidad adecuada para los conductores, lo que reduce el riesgo de accidentes de tránsito al permitir una respuesta más rápida ante situaciones imprevistas en la carretera.

Fluidez del tráfico: Evitar la obstrucción de las franjas de dominio ayuda a mantener un flujo de tráfico más fluido y eficiente, ya que los conductores tienen una mayor capacidad para realizar maniobras de adelantamiento y cambios de carril de manera segura.

Prevención de distracciones: La presencia de elementos como monolitos, carteles publicitarios, vendedores ambulantes u otros objetos en las franjas de dominio puede distraer a los conductores, lo que aumenta el riesgo de accidentes y obstaculiza la atención en la conducción.

Mantenimiento de la infraestructura vial: Al mantener despejadas las franjas de dominio, se facilita el acceso a la infraestructura vial para labores de mantenimiento y reparación, lo que contribuye a prolongar la vida útil de las carreteras y garantizar su óptimo estado.

En ese sentido, desde el ente sostienen que mantener despejada la franja de dominio de una ruta es esencial para garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y el óptimo mantenimiento de la infraestructura vial.

La Comisión de Legislación y Codificación emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “De protección a la trabajadora embarazada”, iniciativa que tiene como finalidad proteger y blindar a las mujeres en estado de gravidez para casos específicos en su lugar de trabajo.

Te puede interesar: Supermercados con productos de contrabando: incautan mercaderías sin respaldo legal

Paraguay cuenta, actualmente, con la Ley N° 5508/2015, “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que es una herramienta fundamental de protección a la maternidad y lactancia materna, pero que, sin embargo, la misma no aborda, específicamente, al período de embarazo.

El ente asesor resolvió dictaminar a favor del documento, no sin antes sugerir algunas modificaciones de forma.

La iniciativa forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles 22 de mayo.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, a cargo del comisario Ronaldo Benítez, en conjunto con el Ministerio Público, Aduana, Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN.

Uno de los operativos fue realizado en el supermercado “El Ahorrrazo” en Capiatá, de donde se incautaron: 29 cajas de tomates (483 kilos), 16 bolsas de zanahoria (318 kilos), 13 bolsas de zapallo (391 kilos), 54 bolsas de cebolla (938 kilos), 16 cajas de manzana roja (292 kilos) y 37 packs de 12 unidades de aceite.

La pérdida estimada es de G. 60.000.000, según el reporte de la intervención.

El otro operativo anticontrabando se desplegó en el supermercado Colón, ubicado en la ciudad de Guarambaré, de donde también se incautaron mercaderías sin documentaciones pertinentes.

Lo incautado fue lo siguiente: 33 cajas de aceite Vicentin de 12/u de 1.5 litros, 45 cajas aceite Olemix de 4/ u de 4,5 litros, 2 fardos de Nescafé de 12/u de 170 gm, 34 bolsas de cebollas de 20 kg, 28 bolsas de papas de 20 kg/u, 154 panes de quesos de 4kg c/u, 64 unidades de aceite Vicentin de 1.5 litros, 6 unidades de aceite Vicentin de 900 ml y 74 unidades de aceite Solmne de 1.5 litros

En este caso, la pérdida estimada es de G. 100.000.000.

Por disposición del fiscal interviniente, todos los incautados fueron trasladados hasta el depósito de la Aduana, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.