El presidente del Indert, Justo Cárdenas, se refirió este miércoles al enfrentamiento entre carperos y productores de soja ocurrido en la colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.

Cárdenas lamentó que el incidente se deba a los dos dictámenes contradictorios expedidos por las juezas Tania Irún y Eresmilda Román.

“El Indert ha recurrido judicialmente para ingresar a las tierras del Estado el año pasado. La orden judicial fue dictada por la magistrada Tania Irún, el 20 de marzo de 2014, a través de la cual se le concedió al instituto un interdicto de recuperar la posesión de aquellos lotes que se encuentran en la Colonia Santa Lucía que estaban despoblados en aquel entonces”, refirió.

Añadió que el ente rural presentó el título de esas tierras, que estaban a nombre y en poder del Estado paraguayo.

Relató que “hasta ahí íbamos bien. En el curso del mes de diciembre pasado, una jueza de Itakyry, de nombre Eresmilda Román, otorga extrañamente, de manera dudosa, un interdicto de retener la posesión a unos colonos, en función a unos recibos y a ciertos documentos administrativos que ya fueron revocados en tiempo y forma”.

Así como la institución otorgó derechos sobre esas tierras a unos colonos administrativamente, por esa misma vía revocó esos mismos derechos ante el incumplimiento del Estatuto Agrario, que establece como exigencia fundamental el arraigo y la permanencia de los colonos en sus lotes, subrayó.

El titular agregó que “no obstante a ello, se dio lugar finalmente a este interdicto de retener la posesión de manera casi ilegítima y dudosa; ahí es donde se genera un caos jurídico: cuando dos jueces se expiden sobre un mismo caso, se genera un ‘caos jurídico’ que luego permea en la convivencia de las personas”.

“Ante esa situación sucedieron los hechos el martes 13 que lamentamos muchísimo, y estamos abocados hoy en precautelar la seguridad de las personas que residen en el lugar. Rechazamos enfática y categóricamente la violencia en todas sus formas. Al mismo tiempo, el Gobierno ratifica el respeto incuestionable a la propiedad privada”, sostuvo.

HERIDOS

Cárdenas informó que los últimos datos recogidos anoche, dan cuenta de cinco heridos con balines de goma y se tuvo conocimiento de que hubo disparos con armas de fuego contra las maquinarias y el vehículo de un abogado que estaba trabajando el lugar.

”Nosotros quisiéramos que finalmente la cosecha se lleve a cabo de común acuerdo con los dueños de esas tierras. No quisiéramos más enfrentamiento entre las personas. El Gobierno está en condiciones de garantizar la seguridad pública y precautelar la integridad de cada uno de los paraguayos. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, que es fundamental”, aclaró.

La entrega de la llave fue realizada por el señor por señor Tomás De Los Santos Lezcano Gaona, ante el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.

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El terreno entregado cuenta con una superficie de 2.084 metros cuadrados, y forma parte de la propiedad perteneciente al Ministerio de Defensa y que fue desafectada a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.

Con esto suman 8 llaves de las 16 que se devuelven al Estado, mientras que el resto se rehúsa a entregar porque continúa litigando.

La propiedad es conocida como la finca 916 Jardines de Remansito, que fue tomada por varias familias luego de que un proyecto de Ley, posteriormente vetado por el presidente Santiago Peña.

Desde la Procuraduría General de la República alientan a otros ocupantes irregulares a seguir el ejemplo y también entregar sus llaves.

El informe policial señala que el hombre, que estaba al mando de un automóvil, realizaba paradas en calles, y cuando visualizaba el paso de mujeres, abría la puerta del auto y procedía a realizar el acto en cuestión.

La actitud y modus operandi del joven Ivàn Daniel, al decir de los intervinientes, era recurrente, ya que muchas mujeres de la zona en donde lo aprehendieron, ya realizaron quejas por episodios similares que realizaba.

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“El (último) hecho ocurrió en Villa Elisa. La víctima estaba llegando a su casa, él estaba en un auto, él la llama, ella se acerca al auto y lo ve masturbándose en el vehículo. Hoy se relacionó un allanamiento y ya se detuvo a esta persona, el Ministerio Público realizó una imputación por actos exhibicionista, es un joven de 21 años sin antecedentes. Él se abstuvo de declarar”, dijo a la 1020 AM la fiscal Andrea Ríos.

La misma señaló que se relevarán datos en torno al individuo, para definir la categoría de delito, para resolver la correspondiente penalización.

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La Ley Nº 6789, “cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público a infractores del la ley”.

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

Artículo 2°.- Las empresas del transporte público, adjudicadas con contratos y licencias de transporte público que sean cesadas por las causales descriptas en esta Ley, no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los presupuestos. A ese efecto las causales establecidas en esta Ley pasan a incorporarse a los términos de las concesiones de pleno derecho.

Artículo 3°.- Están sujetos a esta Ley todas las empresas del transporte público que fueron adjudicadas y cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas en el país.

Artículo 4°.- Establecer las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores, según la siguiente clasificación:

a) La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado. En caso de reincidencia con otras adjudicaciones de la misma empresa en un período de 1 (un) año, serán aplicables las máximas sanciones administrativas, a más de las previstas en el inciso b) de este artículo.

b) La empresa que cometa la causal y falta prevista en el inciso a) de este artículo, durante un período de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 (diez) años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedades que no podrán participar bajo nuevas sociedades.

c) La empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% (cincuenta por ciento) de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Artículo 5°.- En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta Ley.