Darío Quesnel, expresidente del INDI, fue imputado por lesión de confianza y apropiación junto a otros exfuncionarios de la institución como Marlene Mendoza y Ever Otazo, además de Oscar Viera, de la fundación Reforest Par.

La audiencia preliminar, que debe determinar si los imputados van a juicio, ya fue suspendida en cuatro ocasiones bajo diferentes argumentos de los acusados.

La Fiscalía asegura que son responsables de la sustracción de 3.127 millones de guaraníes (unos 700.000 dólares) pertenecientes a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

Según la Fiscalía, los cuatro imputados se apropiaron del dinero, que estaba depositado en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento, a principios del año pasado.

El actual presidente del INDI, Jorge Servín, descubrió la ausencia del monto al revisar los saldos financieros de la entidad y denunció el caso en septiembre de 2013.

El Estado paraguayo había destinado los casi 700.000 dólares a cumplir con las dos sentencias a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoymaxa, del pueblo Énxet, en las que la CorteIDH consideró probada la violación de sus derechos humanos.

Ambas comunidades fueron despojadas de sus tierras ancestrales, que ahora están en manos de ganaderos, y desde hace más de 20 años viven al costado de carreteras en el Chaco paraguayo.

La CorteIDH obligó al Estado a restituir las tierras de las dos comunidades en 2005 y 2006, en el plazo de tres años.

En 2012, el Estado adquirió terrenos para los miembros de Yakye Axa, pero estos no han podido trasladarse a ese territorio por la falta de un camino para llegar hasta él, según la ONG Tierra Viva.

Los Sawhoyamaxa lograron que el Legislativo y el Gobierno aprobaran la expropiación de tierras a su favor pero aún siguen a la espera del cumplimiento total de la sentencia, según la ONG.

Tierra Viva destacó en un comunicado que Quesnel también está acusado de vender 25.000 hectáreas de las tierras de los ayoreo, otro pueblo indígena.

“La gravedad de los hechos por los que están acusados, no sólo reside en la corrupción de una institución pública sino además en la frustración de los derechos humanos de las comunidades indígenas donde el Estado ha violado su rol tutelar y su obligación de dar cumplimiento a las sentencias vinculantes de la CorteIDH”, añadió.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. 

 Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.

Se trata de una obra de gran envergadura que se erige como el nexo principal de la Ruta Bioceánica, conectando los océanos Atlántico y Pacífico a través del Chaco paraguayo.

Este proyecto de infraestructura no solo impulsará mejoras significativas en la conectividad física, sino que también fomentará la integración regional. Asimismo, facilitará el tráfico fronterizo y agilizará los trámites aduaneros, lo que redundará en una logística más eficiente y en una mayor competitividad económica en toda la región sur de nuestro continente.

Los trabajos en ambas orillas del río Paraguay reflejan la relevancia del futuro cruce fronterizo, que ocupará el tercer puesto en importancia con Brasil, después del Puente de la Amistad y el reciente Puente de la Integración.

En el lado paraguayo, finalizaron todas las bases desde la pila 1 hasta la pila 9, incluyendo el estribo del viaducto de acceso, con todas sus vigas instaladas. Además, se avanza considerablemente en la instalación de las vigas riostras, que son elementos de soporte que mejoran la estabilidad de la estructura.

Mientras tanto, continúa la ejecución de las pilas 10, 11 y 12 correspondientes a la zona de retención del sistema atirantado. Simultáneamente, avanza a buen ritmo la construcción del pilono 13, un componente fundamental que sostendrá los tirantes del futuro puente.

En el lado brasileño, se están llevando a cabo actividades en torno al pilono número 14, y se ha registrado un notable progreso en las pilas 15, 16 y 17, que soportarán la otra parte del sistema atirantado del puente. Además, el proyecto de diseño y fabricación del carro de avance con la empresa Protende MHK de Brasil sigue en curso.

La ejecución de todos estos ítems, representa un avance físico del 50%.

El puente de la Ruta Bioceánica, un hito en la infraestructura vial para el país, tendrá una longitud de 1.294 metros. Estará compuesto por tres tramos: dos viaductos de acceso en cada extremo del río Paraguay y una sección atirantada de 632 metros, con un tramo central de 350 metros.