Desde que el 30 de agosto las tropas estadounidenses abandonaron el país, las fuerzas del movimiento islamista han lanzado varias ofensivas contra este valle, enclavado a unos 80 km al norte de Kabul y de difícil acceso.

El valle del Panshir es un viejo bastión antitalibán, al que el legendario comandante Ahmad Shah Masud dio a conocer a finales de los años 1990, antes de ser asesinado por Al Qaida en 2001.

En la actualidad, da cobijo al Frente Nacional de Resistencia (FNR).

Liderado por Ahmad Masud, hijo del comandante Masud, el FNR está integrado por milicias locales y por exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas que llegaron al valle cuando el resto del país cayó en manos de los islamistas.

Según la oenegé italiana Emergency, presente en el Panshir, las fuerzas talibanas llegaron el viernes por la noche a Anabah, un pueblo ubicado a unos 25 km tierra adentro del valle, que tiene una longitud de 115 kilómetros.

“Numerosas personas huyeron de los pueblos de la zona en los últimos días”, añadió la oenegé en un comunicado, en el que afirmaba que atendió a “un número reducido de heridos en el centro quirúrgico de Anabah”.

Por su parte, un responsable talibán dijo en Twitter que varias partes del Panshir estaban ya en manos del régimen, en tanto Ali Maisam Nazary, portavoz del FNR, aseguró en Facebook que la resistencia “nunca fracasaría”.

“Reconstitución de Al Qaida”

Unas declaraciones que contrastan con las del exvicepresidente Amrullah Saleh, más sombrías, quien afirmó desde el Panshir que se estaba produciendo una “crisis humanitaria a gran escala” con miles de desplazados tras “un asalto talibán”.

Las comunicaciones con el valle del Panshir son muy complicadas y la AFP no pudo confirmar con ninguna fuente independiente estas informaciones ni el avance real de los talibanes en la zona.

Frente a esta caótica situación, el jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense, el general Mark Milley, consideró que “es probable que se den las condiciones para una guerra civil” en Afganistán.

“Pienso que, por lo menos, hay una muy fuerte probabilidad de una guerra civil” que podría conducir “a una reconstitución de Al Qaida o a un crecimiento del ISIS [el grupo Estado Islámico] o de otros grupos terroristas”, subrayó en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News el sábado.

En un informe presentado al Consejo de Seguridad este fin de semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todas las partes a “detener de inmediato la violencia” y a que ejerzan la “máxima moderación”.

En el plano político, la composición del nuevo Ejecutivo talibán, que en principio debía ser presentada el viernes, seguía haciéndose esperar este domingo.

La comunidad internacional advirtió que juzgaría por sus actos al movimiento islamista, que regresó al poder veinte años después de haber sido derrocado por una coalición encabezada por Estados Unidos.

El movimiento fundado por el mulá Omar prometió, desde que tomó el poder el 15 de agosto, que pondría en marcha un gobierno “inclusivo” y se comprometió a respetar los derechos de las mujeres, pisoteados durante su último mandato (1996-2001).

Unas promesas que, para muchos, son difíciles de creer. El sábado, por segundo día consecutivo, decenas de mujeres se manifestaron en Kabul para reclamar que se respeten sus derechos y poder participar en el futuro Ejecutivo.

Este domingo, víspera de la reapertura de las universidades privadas, los talibanes publicaron un decreto que obligará a las estudiantes de esos centros a llevar una abaya negra y un nicab que les cubra el rostro. Además confirmaron que podrán asistir a clase pero que no podrán mezclarse con varones.

Diplomacia y ayuda humanitaria

En el ámbito humanitario, aunque la situación sigue siendo muy crítica, el cielo empezaba a aclararse.

Catar anunció que había enviado el sábado a Afganistán 15 toneladas de ayuda humanitaria procedente de todo el mundo e indicó que “en los próximos días” se multiplicarán los vuelos en este sentido.

Naciones Unidas, que esta semana advirtió que podría producirse una “catástrofe humanitaria inminente” en el país, celebrará el 13 de septiembre una reunión para aumentar la ayuda humanitaria para Afganistán.

Han pasado casi tres semanas desde que los talibanes se hicieran con el control del país, y el vaivén diplomático ya ha empezado.

El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken visitará Catar del lunes al miércoles, un país que ha estado en el centro del diálogo con el nuevo gobierno afgano.

El jefe de la inteligencia militar pakistaní, Faiz Hameed, fue visto el sábado en Kabul, donde probablemente debió reunirse con responsables talibanes, con quienes Islamabad mantiene relaciones estrechas.

Desde Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, instó el domingo a mantener negociaciones con los talibanes para “sacar del país a las personas que han trabajado para Alemania y ponerlas a salvo”.

El rotativo francés tuvo acceso a un documento transmitido por el Banco de Palestina a “algunos socios internacionales”, en el que describe robos espectaculares, como el que ocurrió en su principal sucursal en Ciudad de Gaza.

Empleados de la agencia constataron el 16 de abril “que se había realizado un agujero en el techo de la cámara acorazada”, explica el diario, añadiendo que “los delincuentes se hicieron con casetes de cajeros automáticos” que contenían el equivalente a 3 millones de dólares en séqueles israelíes.

El día siguiente, el 17 de abril, “grupos armados equipados con explosivos entraron de nuevo en el edificio”, hicieron explotar una cubierta de cemento y se llevaron el equivalente a 30 millones de dólares “en diferentes divisas”, añade el rotativo.

La mayor sucursal del centro de Ciudad de Gaza fue atacada el 18 de abril por un “comando” de hombres que dijeron responder a “las más altas autoridades de Gaza”, una fórmula que, según el periódico, corresponde a Hamás. En ese ataque, se llevaron séqueles por un equivalente a más de 36 millones de dólares.

Hamás, en guerra contra Israel, gobierna Gaza desde 2007.

El Banco de Palestina, fundado en 1960, es la principal institución financiera de Gaza.

La Autoridad Monetaria Palestina, un organismo independiente que supervisa el sistema financiero en los territorios palestinos, afirmó a AFP que tenía previsto emitir una declaración sobre el asunto el sábado.

Fuente: AFP

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA