“El cambio climático afecta las temperaturas y las condiciones climáticas de las regiones por lo que, por ejemplo, en África, los mosquitos pueden propagarse de una región a otra con más facilidad que antes, al igual como ocurre en Latinoamérica”, advirtió hoy el director ejecutivo de Consejo de Administración del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner.

Steiner concedió a Efe una entrevista telefónica desde Nairobi en la víspera de la presentación del quinto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que se dará a conocer mañana desde Copenhague.

“En muchas partes del mundo se verá indudablemente el regreso o la llegada de enfermedades que simplemente no se habían reportado antes, debido a las altas temperaturas que se están registrando”, advirtió el máximo responsable del PNUMA desde hace ya ocho años.

En su opinión, ello “añadirá un estrés adicional a la infraestructura sanitaria, el sistema de salud y, en última instancia, a la salud y bienestar de cada una de las poblaciones del planeta”.

Por tal razón, la comunidad científica ambiental está estrechando lazos con los organismos sanitarios a nivel global. “Mi colega

Margaret Chan -directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- organizó hace unos meses una reunión en Ginebra para discutir el cambio climático y la seguridad sanitaria”, recordó.

“Su conclusión fue que el tratado climático que se firme en París también será un acuerdo por la salud global -indicó-, porque

claramente hay una conexión muy directa entre los cambios ambientales que surgen del calentamiento global y las grandes amenazas a la salud”.

Otro efecto en la salud del cambio climático es la contaminación: “La emisión de dióxido de carbono y otros contaminantes son

causantes ahora de que aproximadamente siete millones de personas mueran prematuramente en el mundo cada año. Esa cifra es mayor que el número de muertes prematuras por VIH/sida y malaria combinadas”, indicó.

“Necesitamos, primeramente, entender científicamente cómo esta relación (entre cambio climático y las enfermedades) ocurre para luego anticipar su impacto y, tercero, ejecutar las políticas necesarias para responder”, explicó.

En su opinión, “hay grandes economías como Brasil que han tomado pasos significativos en atender las principales fuentes de emisión de gases efecto invernadero, en este caso el dióxido de carbono a consecuencia de la deforestación”.

“Brasil ha contribuido enormemente a reducir la tala de árboles, lo que es quizás uno de los pasos más importantes”, añadió, al tiempo que valoró también el liderazgo de Nicaragua en “la incorporación de tecnologías de energía renovable para generar electricidad”.

El director ejecutivo de PNUMA -organismo que creó el IPCC junto a la Organización Meteorológica Mundial- valoró que “en Latinoamérica se están originando inversiones significativas para bajar las emisiones y construir infraestructura eficientes, desde Colombia hasta Perú”.

“En general, en 2014 todos los países están ya interesados en actuar ante la amenaza del cambio climático haciendo lo más que pueden, conscientes de los recursos que tienen a su disposición y contando con que haya un acuerdo climático internacional y fondos procedentes de energía verde que los ayuden a adecuarse más rápido y ambiciosamente”, dijo.

En diciembre se celebrará la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP20) en Lima, donde se prevé que se acuerde un borrador que sirva de referencia para la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático que se realizará en 2015 en París.

“Ahora tenemos la posibilidad de emitir un juicio. Nosotros encaramos un enorme riesgo si no nos movemos ahora para reducir las emisiones de carbono en el futuro porque esperar entre 20 y 50 años podría ser muy tarde para tomar decisiones”, dijo Steiner.

El IPCC publicará mañana su quinto informe, en el que evalúa los impactos, riesgos y opciones de adaptación que afectarán a la economía, sociedades y ecosistemas naturales del planeta.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.