La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior.

“Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.

“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó.

El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.

El gerente de la hacienda, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro.

“El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.

Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan un comunidad indígena.

La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.

Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay.

Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.

“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld.

Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.

Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades.

Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera. “Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld.

El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra 1,5 millones de guaraníes (333 dólares) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.

El salario mínimo en Paraguay asciende a 1,82 millones de guaraníes mensuales (405 dólares).

Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. 130.000 guaraníes al mes (unos 30 dólares) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.

Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas.

La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son 4 cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.

Un aparatoso vuelco de vehículo se registró ayer, en horas de la tarde, sobre un camino de terraplén de la citada localidad. Se trata de un automóvil de la marca Toyota, Vitz, celeste, chapa CFO 087 Py, conducido por Gilberto Marmori Velázquez, de 19 años.

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El hecho fue reportado a la Policía Nacional a través de una llamada al sistema 911. En el sitio, el afectado relató a los agentes policiales que se encontraba circulando a bordo su vehículo con destino a su domicilio cuando, en una curva pronunciada, atropelló un charco de agua, por lo que perdió el control de su rodado volcando al costado del camino, en una canaleta.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso tras el percance, no obstante, su vehículo quedó con daños materiales.

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Un joven bajó a limpiar un pozo que está dentro de su vivienda, pero luego de unos minutos comenzó a pedir auxilio debido a que no podía respirar. En eso, dos vecinos corrieron rápido al lugar para ayudarlo a salir, sin embargo, los tres quedaron atrapados.

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Los bomberos voluntarios fueron hasta el lugar luego de una llamada de alerta por parte de la Policía Nacional. En el sitio, lograron sacar a los tres hombres siendo trasladados hasta el hospital de regional de la ciudad, donde lastimosamente se constató el fallecimiento de uno de ellos, mientras que los otros dos llegaron inconscientes y se encuentran en estado de observación.

El fallecido fue identificado como Darío Diosnel Franco, de 28 años, en tanto, sus vecinos que lo socorrieron como José Ramón Chávez y Félix Chávez, ambos hermanos.

El hecho fue comunicado al Fiscal de Turno de la unidad, Édgar Benítez, para los procedimientos de rigor.

Manuel Ochipinti, presidente del BNF, anunció este lunes que solicitará formalmente la restitución de la custodia militar a todas las redes bancarias de esta institución.

“Nunca pasó esto mientras hubo custodia miliar”, dijo Ochipinti, en contacto con la emisora 730 AM, en relación al asalto ocurrido este fin de semana en Natalio, donde sustrajeron G. 300 millones de guaraníes y 100.000 dólares.

El Comando de las Fuerzas Militares dispuso desde febrero el levantamiento de la custodia del de las sucursales del BNF.

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Cuando se dio a conocer la decisión, el vocero de las Fuerzas Militares, Víctor Urdapilleta, explicó que, la función específica de las FFAA no contempla la custodia de una entidad bancaria, aunque sea del Estado.

“Llevamos más de 20 años con personal militar apostado en los diferentes edificios del Banco Nacional de Fomento en todo el país, cada unidad cubre en su respectiva unidad de responsabilidad”, dijo en su momento Urdapilleta.

Unos 350 eran los militares asignados al BNF a nivel país, a lo que se agrega la parte logística y de transporte.