El fallo se refería al Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, en el que murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001.

Reabierto bajo el nombre de Centro de Detención para Adolescentes de Itaguá, en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

Celina Giraudy, abogada de la oficina de Cejil en Buenos Aires, consideró inadmisible que pasada una década del fallo de la Corte, lo que se cumplió el pasado 2 de septiembre, Paraguay no haya cumplido con la mayor parte de la sentencia.

Le preocupa especialmente que no haya realizado cambios estructurales en su política en materia de menores, una medida destinada a que no se repitieran los abusos.

“La CorteIDH ordenó al Estado paraguayo a hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y a presentar una política a corto, medio o largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley, y adecuada a los estándares internacionales”, dijo Giraudy.

Paraguay tampoco impartió cursos de capacitación a los menores, como estipulaba la sentencia, y aun adeuda una parte de las reparaciones económicas a las víctimas y a las familias de los fallecidos.

Según Giraudy, el Gobierno dio compensaciones económicas en cuotas y a destiempo, lo cual generó unos intereses previstos en la sentencia en caso de demora, que son lo que todavía están pendientes.

“Expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento de esa sentencia y las consecuencias que pueda tener tras diez años de litigio”, declaró.

Los hechos se remontan al periodo entre 1996 y 2001, cuando el reformatorio, ubicado a unos 30 kilómetros de Asunción, llegó a albergar a entre 200 y 300 niños al mismo tiempo, teniendo una capacidad para 15 internos, según el Cejil.

Durante esos años pasaron por el centro unos 4.000 niños que vivieron bajo un régimen “infrahumano”, que fue la causa de tres incendios ocurridos entre 2000 y 2001, en los que murieron doce menores y decenas resultaron heridos.

El reformatorio fue luego habilitado bajo el nombre de Centro deDetención para Adolescentes de Itaguá, donde en los últimos cuatro meses han muerto cuatro niños en varios motines.

El pasado 21 de abril los guardias intervinieron con apoyo de policías de la comisaría y efectuaron disparos con balines de metal que alcanzaron a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fallecieron horas después en un hospital de Itauguá.

En agosto, durante otro motín en el mismo centro, dos adolescentes murieron electrocutados cuando intentaban fugarse al trepar por una de las vallas electrificadas.

Hace una semana la ministra de Justicia paraguaya, Sheila Abed, nombró al quinto director nuevo del centro en un año tras detectar condiciones “infrahumanas” en la alimentación a los internos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.