El profesional en el derecho Guillermo Duarte Cacavelos es un especialista en enredar los procesos penales donde sus clientes son investigados por hechos de corrupción pública y no existe juez que se anime a sancionarlo por litigar de mala fe.

Un ejemplo de eso fue cuando el Tribunal de Apelación integrado por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández, al resolver una de las tantas chicanas que presentó Duarte Cacavelos en el expediente donde su cliente el diputado Miguel Cuevas está procesado por enriquecimiento ilícito, al momento de rechazar el incidente en la misma resolución los camaristas solicitaron al juez penal de garantías Yoan Paul López, que sancione al abogado por litigante de mala fe, debido a que iba presentando una serie de chicanas que no llevaban a nada, solo a tratar de enredar la marcha del expediente.

Sin embargo, el magistrado López hizo caso omiso a lo dispuesto por la Cámara y nunca le impuso la sanción al abogado del diputado Cuevas, que lejos de dejar de presentar incidentes, el letrado al tener el OK del juez siguió chicaneando el proceso.

¿Dónde radica el poder del abogado Guillermo Duarte Cacavelos? Primero el profesional es representante del Partido Liberal Radical Auténtico, todo político liberal que tenga problemas judiciales es representado por Duarte Cacavelos, ahora los colorados también vieron los buenos resultados que obtiene el letrado y también lo contratan.

De esta manera al estar codeado con políticos de los dos partidos políticos más grandes, Guillermo Duarte Cacavelos y todos los que trabajan en su estudio jurídico obtiene un alto grado de impunidad en sus actos jurídicos que rayan con la mala fe, tal como lo distinguió perfectamente la Cámara de Apelación que pidió en vano su sanción.

Por mucho menores incidente de los que presenta este abogado en los diferentes casos ya se sancionó a otros profesionales del derecho, basados en la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 961/15 establece sanciones para los abogados y procesados que hacen uso abusivo de las chicanas y en muchos casos ya se aplicaron estas penas.

En el artículo 4°, la acordada señala: “Deber de sancionar y comunicar. Los jueces o tribunales deberán aplicar sanciones disciplinarias a un auxiliar de justicia, cuando realizare actos de violencia, amenazas, injurias o maltrato a Magistrados o Funcionarios, cuando lo declare litigante de mala fe, o declare que ha ejercido abusivamente el derecho o que ha litigado con temeridad, y deberán comunicarla a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de su anotación en el legajo o ficha del auxiliar de justicia”.

Sin embargo esta disposición de la máxima instancia judicial parece no estar vigente para abogados como Guillermo Duarte Cacavelos, quien al momento de ejercer el rol de querellante varias veces se mostró a favor de sancionar a sus colegas que fungen de defensores y que presentan incidentes tras incidentes para no dejar progresar un caso, un ejemplo de ello se dio en el caso de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, donde Duarte Cacavelos en muchas ocasiones se mostró en contra de las chicanas que presentaba su contraparte para no dejar que el proceso avance y pidió que sus colegas sean sancionados para que dejen que avancen las pesquisas.

Su más reciente logro fue el blanqueo del exministro del Interior, Rafael Filizzola, y de esta manera quedó impune un daño patrimonial de G. 1.200 millones que nunca se va a esclarecer.

El fiscal Néstor Coronel y su colega Natalia Fúster ya presentaron una apelación general contra la resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien el pasado 4 de febrero declaró la prescripción de la causa de lesión de confianza contra el exministro por el caso de la licitación para reparar Comisarías que causó un daño patrimonial de G. 1.200 millones.

En la audiencia preliminar que se realizó la defensa de Filizzola presentó un pedido de prescripción de la causa alegando que transcurrió el doble del plazo de la pena prevista para el hecho punible de lesión de confianza que es de 5 años y ya se llevaban 10 años de investigación.

La jueza Pedrozo confirmó este hecho y sobreseyó definitivamente a Rafael Filizzola, Alejandro Candia Giménez, dueño de la empresa Todo Verde, que ganó la licitación, Juan Diego Fernández, administrador de la empresa, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sakoda, empleados.

Lo que la magistrada no tomó en cuenta es que el ex ministro Rafael Filizzola en el 2016 presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Los representantes del Ministerio Público señalan que la jueza no tuvo en cuenta la teoría de los plazos muertos, que no es otra cosa que ir restando los días que el expediente no está en el juzgado, criterio que es utilizado por la Corte en algunos casos y llamativamente en otros no.

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, que fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Con el izamiento del pabellón patrio y la entonación del himno nacional en los Jardines del Palacio de Gobierno, al son de los 21 cañonazos, comenzaron los actos oficiales en conmemoración del aniversario 213 de la Independencia Nacional.

Posteriormente, la ceremonia de ofrenda de corona de laurales se trasladó al Oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes.

El Te Deum se realizará en la Catedral Metropolitana de Asunción a las 8:30 y, por último, se prevé el desfile militar-policial en la Costanera de Asunción a las 9:30, con lo que concluirá la serie de homenajes.

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El presidente Santiago Peña, el vice Pedro Alliana, el titular del Congreso Silvio Ovelar, el de Diputados, Raúl Latorre, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos y los demás ministros del Poder Ejecutivo participan de las actividades.

Las autoridades salieron del Palacio rumbo a las actividades en homenaje a la independencia.

En la noche del 14 de mayo de 1811 y la madrugada del 15, próceres de la patria liberaron a Paraguay del yugo español y lograron la conquista más grande de nuestra historia, nuestra libertad e independencia.

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La agente fiscal Laury Vázquez, en prosecución de la investigación del asesinato de Ranulfo Villalba Morínigo de 35 años y Juan Cardozo, de 37 años, realizó la reconstrucción del hecho y análisis balístico en el lugar donde aconteció el ilícito, posiblemente perpetrado por un adolescente.

De la diligencia participaron testigos presenciales, cada uno brindó la secuencia de los hechos, también estuvo el equipo balístico del Laboratorio Forense para la realización del trabajo técnico a los efectos de elevar un dictamen pericial sobre cuestiones relevantes a nivel balístico según puntos de pericias admitidos.

Conforme al antecedente, el hecho ocurrió el 17 de marzo pasado, en el interior de una despensa de la ciudad de Moisés Bertoni, Caazapá. Un adolescente es sindicado como presunto autor, se encuentra procesado y recluido.

Las muertes ocurrieron por heridas de arma blanca, sin embargo en el lugar fueron halladas vainillas de proyectiles, así como en el cuerpo de una de las víctimas fatales, por lo que se investigan las circunstancias del crimen.

Óscar Carlos Palacios de 21 años de edad circulaba al mando de un automóvil de la marca Toyota modelo Ipsum, cuando lo retuvieron en la cabecera del Puente de la Amistad.

Funcionarios del puesto de control de Vista Alegre procedieron a la verificación y encontraron 81 cajas de pollo de procedencia argentina. Las mercaderías no contaban con documentos respaldatorios.

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Las productos y el vehículo fueron incautados y derivados al depósito de Gical para su guarda y custodia. En tanto, el joven fue aprehendido.

Los operativos anticontrabando se despliegan en todo el país, tanto en puntos fijos como aleatorios, tal como sucedió anoche sobre la ruta Transchaco, a metros de la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), donde el conductor de una camioneta chocó en su intento de huir de los controles.

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