La demanda es un intento de lograr que Trump rinda cuentas por lo ocurrido tras su absolución en el juicio político en el Senado y fue interpuesta ante la corte federal del Distrito de Columbia.

Fue presentada en nombre de los siete agentes por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley, un grupo sin ánimo de lucro fundado hace medio siglo y que ha decidido representar a los siete agentes, algunos de los cuales son afroamericanos.

El grupo argumenta que Trump es responsables de que los siete agentes, miembros de la Policía del Capitolio, fueran “agredidos violentamente, escupidos, gaseados con sustancias lacrimógenos y espray para osos, sometidos a insultos raciales y puestos en una posición en la que temieron por su vida”.

Al espolear ese asalto con el objetivo de evitar que el Congreso certificara ese día el resultado de las elecciones presidenciales, Trump violó la Ley del Ku Klux Klan de 1871, argumentan los demandantes.

Esa ley se aprobó 15 años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto a los afroamericanos liberados de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK).

La denuncia recuerda que, mientras cientos de personas irrumpían en el edificio, Trump “según se ha dado a conocer en los medios estaba siguiendo lo ocurrido a través de la televisión” y “se negó a pedir a los atacantes que se detuvieran”.

La denuncia también se dirige contra grupos de ultraderecha como los Proud Boys y Oath Keepers, que supuestamente participaron en el asalto, así como contra el amigo y asesor de Trump Roger Stone, quien fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel en el marco de la investigación de la trama rusa, pero al que el exmandatario conmutó la pena.

Denuncias similares han sido interpuestas en los últimos meses por legisladores demócratas.

De manera paralela, un comité creado por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, está investigando por qué ocurrió el asalto, quién es responsable y qué puede hacerse para evitar otro suceso similar.

Las autoridades estiman que, el 6 de enero, unas 10.000 personas marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron dentro del edificio para impedir que se ratificara la victoria del actual presidente, Joe Biden.

Cinco personas murieron y cerca de 140 agentes fueron agredidos por manifestantes partidarios de Trump.

Hasta ahora, unas 550 personas han sido imputadas por cargos relacionados con el asalto de enero, incluidas 165 personas acusadas de delitos de agresión a la autoridad.

El triple homicidio se produjo la madrugada del sábado, en la localidad de Cañete, a 500 km al sur de Santiago, el mismo día en que la institución policial celebraba un nuevo aniversario.

Fue considerado el peor atentado contra fuerzas policiales en la zona, donde se producen frecuentes atentados incendiarios, sobre todo a maquinaria forestal.

“Este es un tipo de ataque que no se había visto nunca” en Chile, dijo en una entrevista con Canal 13 ministra Tohá.

Lo inusitado del hecho se sostiene en “el nivel de violencia” y el despliegue de recursos empleados en su ejecución, explicó la ministra.

Los policías fueron emboscados cuando concurrían a bordo de una camioneta blindada a fiscalizar el cumplimiento de una medida de prisión nocturna. En el camino, protagonizaron varios enfrentamientos.

Los carabineros murieron debido a impactos de bala. Una vez fallecidos fueron subidos a la parte de atrás de la camioneta, a la que se le prendió fuego. Les robaron las armas que portaban y sus cascos, detalló la ministra Tohá.

“Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe en qué circunstancias. No se sabe tampoco por qué se bajaron (del vehículo)”, señaló.

Cuatro fiscales llevan adelante la investigación y por ahora ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Tres comunas de la provincia de Arauco quedaron bajo toque de queda nocturno.

La ministra reafirmó en su cargo al director general de la policía, Ricardo Yáñez, que debe enfrentar el 7 de mayo una audiencia de formalización por su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre de 2019.

“En este momento no puede haber cambios en el mando de carabineros”, dijo Tohá.

La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo resguardo militar debido a los atentados incendiarios que allí se registran, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022.

En la zona también han sido desbaratadas bandas dedicadas al robo de madera.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

Puede interesar: Protesta en Argentina paralizará todas las exportaciones por 72 horas

Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

Lea también: Condenan a 14 pandilleros con penas de hasta 120 años de cárcel en El Salvador

El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.