El 22 de enero del 2021, Arnaldo Giuzzio era anunciado como ministro del Interior, en reemplazo de Euclides Acevedo, precedido por el también cuestionado y soberbio Juan Ernesto Villamayor. Al asumir el 25 de enero, Giuzzio prometió poner fin a las barreras policiales y apostar a la tecnología para los controles en las calles. Los primeros meses pasaron desapercibidos como la nada misma, pues no se observó ningún cambio positivo en la institución. Sin embargo, el primer gran golpe que le tocó afrontar fue el secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos. En aquel entonces justificó la inacción policial en el norte de la región Oriental y argumentó que la cartera a su cargo no tiene atribuciones operativas en dicha zona, pero que respeta el reclamo de la familia de la víctima. También trató de estúpidos a periodistas que le consultaron si el Ministerio estaba realmente interesado en que los secuestrados vuelvan a sus casas. Además, sobre la lucha contra los grupos armados, tiró por el suelo toda esperanza de acabar con los criminales, ya que definió la lucha como “jugar un partido a oscuras, ellos ven el arco, y las fuerzas públicas no”. En cuanto a la seguridad en el barrio San Francisco, responsabilidad policial de las comisarías instaladas en el lugar, Giuzzio admitió que no estaba enterado de que los pobladores vivían atemorizados por la delincuencia imperante. Se le dijo a una lugareña que le reclamó mayor presencia estatal para repeler a los adictos. El 7 de septiembre, el presidente Mario Abdo Benítez le dio un “ultimatum” a Giuzzio, a fin de que implemente un plan para al menos, contrarrestar la ola delictiva. El plazo concedido fue de tres meses. Días después fue asesinado por sicarios el empresario Mauricio Schwartzman, en una vivienda ubicada en el barrio Jara de Asunción, no en la frontera, donde estos hechos son más habituales. Al respecto, Giuzzio opinó que se trata de casos puntuales y que, normalmente, “son de esperar”, porque es parte de la práctica usual de las organizaciones criminales. También dentro del mes de septiembre, se registró otro caso de sicariato en el que resultó víctima un militar. Sucedió en el barrio San Miguel, el mismo en el que vive Arnaldo Giuzzio y donde los vecinos también reclamaron la incesante inseguridad y aseguraron que la casa del entonces ministro, era la única resguardada por la Policía. Todavía dentro del noveno mes del año, ocurrió una violenta manifestación protagonizada por campesinos e indígenas, en reclamo al rechazo de la ley que aumenta las penas por invasión de inmuebles ajenos. Hubo saqueos, asaltos y destrozos de vehículos Sobre lo sucedido, Giuzzio consideró que fue “una escaramuza más”. Ya en octubre, en una segunda reunión con Mario Abdo, el mandatario volvió a exigir resultados a Giuzzio, todavía dentro del plazo de aquel ultimátum de tres meses. En el encuentro, el ministro consideró que lo que se registra es una “sensación de inseguridad”. En cuanto al Departamento de Identificaciones, Giuzzio impidió que se implemente el nuevo y moderno sistema que expedirá en tiempo récord las cédulas con chips. En su lugar, optó por hacer otro millonario llamado a licitación para comprar cédulas y pasaportes del viejo formato. Ya en noviembre, tuvo la gentiliza de avisar con anticipación, que medida que se aproximaba fin de año, comenzarían a aumentar los asaltos y los índices de delincuencia en general. Gracias a esto, la ciudadanía pudo prepararse mentalmente, pero nadie logró evitar la ola de inseguridad. No conforme con sus desatinadas declaraciones, el 16 de noviembre, al cumplirse 20 años del secuestro de María Edith Bordón, el primero perpetrado por el EPP, Giuzzio consideró oportuno opinar que en Paraguay no existe la industria del secuestro. Tras los primeros 11 días del 2022, luego de sus vacaciones en el Brasil, a donde viajó en el auto del segundo mayor narco de ese país, tras pedirle prestado el vehículo personalmente, Giuzzio se encontró con la sorpresa de que Identificaciones estaba a horas de implementar el código QR en las cédulas. Al llegar admitió que nadie le había informado nada a él ni a su viceministro. Posteriormente, se resolvió suspender la implementación del código, debido a unos “ajustes” pendientes. En relación la tragedia ocurrida en San Bernardino, donde sicarios asesinaron a dos personas, el entonces ministro confesó que la Policía manejaba la información de que fronterizos de Pedro Juan alquilaron viviendas un fin de semana en esa ciudad y que participarían de aquel concierto. Sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva ante semejante sospechosa presencia. Posteriormente se defendió diciendo que su gestión presenta “estadísticas interesantes” y que no pensaba renunciar, pero que su cargo siempre está a disposición, algo redundante e innecesario, ya que el presidente tiene las atribuciones de disponer de todos los cargos, sin necesidad de que los funcionarios estatales los ofrezcan. A partir de entonces, un grupo de diputados presentó un libelo acusatorio para impulsar el juicio político a Giuzzio y destituirlo por esta vía constitucional. El primero en saltar en su defensa fue el vicepresidente Hugo Velázquez, quien lo calificó como una persona honesta. El 4 de febrero, diputados oficialistas y opositores salvaron del juicio a Giuzzio y lo mantuvieron en el cargo, tal como lo solicitó Velázquez. Por si fuera poco, en el mismo mes, Giuzzio acusó de manera temeraria al mercado de valores del Paraguay como “bolsa de delincuentes”, lo cual tuvo una repercusión negativa en todo el sistema financiero e hizo que todos los actores se pronuncien al respecto, en repudio a dichas afirmaciones. Finalmente anoche, mediante una investigación del periodista Jorge Torres, se conocieron los vínculos de Giuzzio con el segundo mayor narco del Brasil: Marcus Vinicius. En sus vacaciones de finales de diciembre e inicios de enero, Giuzzio tuvo un inconveniente vehicular de ida al país vecino, por lo que, retornó a Ciudad del Este, y rápidamente pensó en Vinicius, a quien llamó personalmente a su teléfono celular y le pidió ayuda, según él mismo reconoció hoy. El delincuente, actualmente detenido en Brasil tras el fracaso policial en Paraguay, aceptó darle una mano amiga y por si hubiera dudas, le prestó su vehículo de uso familiar y no se lo arrendó, como declaró hoy Giuzzio. Desde la empres Ombu SA, propiedad de Vinicius, informaron que no se arrendó ningún vehículo al ministro, sino que directamente se le prestó y que el rodado no figura entre los arrendables, ya que pertenece a Vinicius y lo utiliza para movilizarse con su familia. Ante tamaño escándalo del que finalmente todos los sectores y hasta medios defensores de Giuzzio se hicieron eco, finalmente Mario Abdo Benítez decidió destituir a Giuzzio, quien tras un año y un mes de gestión y todas las perlas citadas más arriba, finalmente cayó por su vínculo con el segundo mayor narcotraficante del Brasil, de quien, según él, no sospechaba nada, pese a que la Policía Federal compartió los datos con la Senad hace más de un año, cuando Giuzzio estaba al frente.

En la sala de sesiones del Senado será la reunión entre las autoridades de la Cámara Alta y el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, así como el canciller nacional, Rubén Ramírez.

Después de escuchar las exposiciones de ambas autoridades, los senadores tendrán espacio para formular sus preguntas y solicitar las aclaraciones que consideren pertinentes.

La nueva tarifa de Itaipú, de USD 19,28 Kw/h, traerá 1.250 millones de dólares anuales de ingresos a Paraguay, es decir, 3.750 millones en tres años.

Dentro del acuerdo de entendimiento, también se contempla la posibilidad de que Paraguay venda su energía al mercado brasileño. Sin embargo, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, anunció que la energía que se pondrá a la venta es la generada por Acaray, no por Itaipú.

Nota relacionada: Analizan bajar la tarifa de la ANDE para sectores más vulnerables

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

Nota relacionada: El uso que se hará de los USD 3.750 millones de Itaipú

La vivienda de Wilfrido Cáceres, exsecretario de Óscar Rodríguez, es la casa allanada desde esta madrugada por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

La investigación guarda relación con presuntos hechos punibles ocurridos durante la pandemia, bajo la administración del actual intendente.

El fiscal Silvio Corveta confirmó que Wilfrido fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El investigado se encuentra en la función pública desde el año 2019.

Esta misma vivienda fue objeto de denuncias en el año 2020, cuando la Contraloría General de la República detectó irregularidades en las compras hechas bajo el rótulo de Covid-19 y, al mismo tiempo, la institución encontró inconsistencias en las declaraciones juradas de Cáceres.

En aquel entonces, Cáceres ocupaba el cargo de director de finanzas de la Municipalidad de Asunción, pero después estas denuncias y escraches renunció. Posteriormente, obtuvo el cargo de asesor de la Intendencia.

El presidente del ente eléctrico señaló al programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN, que el acuerdo en Itaipù, llega en un momento en que el consumo en nuestro país, subió de forma significativa. Esto empuja a la adquisición de mayor volumen eléctrico de la usina.

“Vamos a aumentar un 10% con relación al año pasado, de la potencia contratada. Entonces se va a aumentar un 10% para poder atender la demanda de energía eléctrica, del crecimiento de consumo de energía eléctrica en Paraguay en los últimos dos años, que fue de 12. 5%”, dijo.

Este escenario eléctrico, agregó, no tendrá ningún impacto en el precio que el consumidor paga por la provisión.

“En ningún momento va a haber aumento de la tarifa (para el usuario) debido a este aumento de la potencia en la tarifa de la potencialidad, no va a repercurir en aumento para los clientes”, afirmó.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Sosa remarcó que la inyección de recursos que surge a partir del acuerdo tarifario, permitirá mejorar la infraestructura de la ANDE, para abordar la demanda del mercado.

“Se va a realizar mucha inversión, que de hecho ya veníamos mejorando las inversiones del sistema eléctrico paraguayo. Vamos a aumentar el nivel de inversión en líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica. En los últimos 3 años el promedio de la inversión llegó a 300 millones de dólares y ahora tenemos como meta este año llegar a 370 millones de dólares de inversión. Existe la obligatoriedad (en tres años) de retirar el 100% y esto va a depender de la demanda. Un punto muy importante es que se estableció la posibilidad de vender directamente al mercado eléctrico brasileño”, mencionó.

Las inversiones, continuó, son fundamentales para llegar a la soberanía energética, y este es el mandato del Presidente Santiago Peña.

“Estamos ejecutando obras muy importantes en los últimos tiempos, necesitamos agilizar la ejecución, las obras, y elevar el monto de la inversión en forma anual para que realmente estemos en mejores condiciones. Porque definitivamente no podemos ejercer nuestra soberanía energética si no tenemos calidad de servicio. A lo que el presidente apunta es que esa soberanía energética se ejerza a través de la utilización de la energía para el desarrollo de nuestro país, generando empleo e industrializando nuestro país. La Ande es una institución que cuenta un plan maestro bien definido, es decir, tiene identificado cuales son las obras para poder acompañar el crecimiento vegetativo y también para poder mejorar la calidad de servicio, ejecutando las obras de estrategia para poder tener la abundancia necesaria”, acotó.

Te puede interesar: Reactivarán la azucarera de Iturbe con una inversión de USD 10 millones, estiman cientos de empleos

NUMEROS

¿Cuánta es la suma que se requiere invertir para estar a punto con la necesidad del mercado? Sosa afirma que lo ideal en cuestión de cifras es alto, pero que si se llega a una meta que está cerca, ya se podrá tener pista para el despegue.

“Requiere una inversión de 6.500 millones de dólares en 10 años. Es decir US$ 650 millones de dólares en forma anual, que es la inversión necesaria en línea de transmisión y distribución de energía eléctrica y generación, para poder comenzar a diversificar la materia de generación. Nosotros creemos que este crecimiento importante de los últimos dos años, se debe principalmente a que tenemos varios contratos hasta el año 2023, contratos que tenemos hoy día y que tiene vigencia hasta el año 2027. Nosotros hicimos un cálculo aproximado, que si nosotros llegamos en promedio a invertir 400 millones de dólares en transmisión y distribución, vamos a estar a la altura de las empresas distribuidoras más eficiente la región. Si llegamos a un promedio de 400 millones de dólares de inversión para poder realizar una reingeniería optima”, sostuvo.

Te puede interesar: Paraguay registra USD 8.000 millones en inversiones extranjeras