Por Jorge Torres Romero. El operativo Turf realizado la semana pasada en el Paraná Country Club de Hernandarias toma un significativo giro con estas revelaciones que vinculan al ministro de Interior, Arnaldo Giuzzio, con el presunto narcotraficante detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espindola Marqués de Padua. “El objetivo principal por el cual nosotros dimos cumplimiento a la operación era Marcus Vinicius Espíndola de Padua. Pero dentro de la orden de prisión estaba también el nombre de Lindomar Reges Furtado”, había declarado la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, en conversación con radio Monumental 1080 AM, el 18 de febrero pasado. A finales del año pasado, el ministro del Interior se había tomado unas vacaciones y decidió viajar a Brasil. Para su traslado al vecino país, el ministro utilizó la camioneta de la marca Kia, tipo mini van, modelo Carnival, versión 2018, chapa WCGC805, registrada a nombre de la empresa Ombu S.A. cuyo propietario es Marqués de Padua. Nuestra fuente confirma que existe un estrecho vínculo de amistad y confianza entre Giuzzio y el presunto narco al punto de ofrecerle un vehículo de su empresa para que el alto funcionario del gobierno de nuestro país vacacione con su familia. Marqués de Padua formaría parte de una red narco internacional, quien fuera detenido por la Policía Federal del Brasil la semana pasada. El hombre es buscado por presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y también tráfico de activos. De acuerdo a lo publicado por la prensa del vecino país tendría vínculos con la mafia italiana. OTRAS CONEXIONES DE GIUZZIO Y MARQUÉS DE PADUA. En varias fotografías al cual accedimos se observa al ministro del Interior en compañía de Marqués de Padua, quien a través de su empresa Ombu S.A. se dedica a la importación de vehículos de alta gama, los blinda para luego vender al mercado, así como también vendía chalecos antibalas. El presunto narco detenido en Brasil pretendía acceder a las licitaciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Es por ello que en las fotografías se observa a Giuzzio recibiendo detalles de Marqués de Padua sobre los productos que pretendía vender al Estado. Aparecen llamativas conexiones entre el Ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y presunto Narco Nuevas revelaciones del operativo Turf#ElNoticiero#SiempreConectados pic.twitter.com/Vk2Xx5CMbp — Trece (@trecepy) February 21, 2022 OPERATIVO NEGLIGENTE DE LA SENAD En el operativo Turf realizado la semana pasada quedaron varios cabos sueltos sin resolver y llamativos hechos que hacen presuponer la complicidad de los agentes de la Senad y la Policía Nacional quienes permitieron la fuga de uno de los buscados, Lidomar Reges Furtado. Residentes del lujoso barrio cerrado de Hernandarias afirman que el lugar tiene solo dos salidas y que si en realidad pretendían capturar al buscado hubieran afinado el esquema de blindaje de la zona. Incluso en el complejo operan dos hoteles donde bien podrían haberse hospedado quienes podrían hacer una operación encubierta para realizar el seguimiento y poder dar con el paradero de prófugo requerido por la justicia brasileña. ¿COHECHO AGRAVADO DE GIUZZIO? Según nuestra fuente, la relación de amistad entre Giuzzio y Marqués de Padua es muy fuerte, por ello la confianza de prestarle un vehículo de su propiedad para que la autoridad pueda ir de vacaciones. Además del sospechoso plan que permitió la fuga de Lidomar Reges, quien según la investigación brasileña sería uno de los cerebros de las operaciones relacionadas al narcotráfico y lavado de dinero, mientras que Marqués de Padua brindaría solo la logística, aunque la actual ministra de la Senad confiese que el objetivo de la operación Truf era el “amigo” de Giuzzio. |PARTE 2 | Giuzzio y su amistad con presunto narco El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados#ElNoticiero#SiempreConectados pic.twitter.com/xegSx765oD — Trece (@trecepy) February 22, 2022

Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

Nota relacionada: Juez ordena a senadora desbloquear a abogada en sus redes

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

Nota relacionada: Argentino que bromeó con bomba se expone a no volver a volar y a otras sanciones

El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

Nota relacionada: Descartan alerta de bomba en avión: pasajero argentino quedó detenido