Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, en conferencia de prensa se encargó de brindar declaraciones respecto al uso de fondos del FONACIDE para reparación y mantenimiento de instituciones educativas. Según señaló, desde el año 2020 en adelante se llevaron a cabo intervenciones en 4 instituciones educativas que son: Adela Speratti, J. E. Cáceres, República del Uruguay y Felipe Toledo. Los llamados a licitación iniciaron en el 2018 y la ejecución se extendió hasta el 2021, con una inversión que alcanza los G. 6.500 millones. Mora también mencionó que los contratos por fondos de reparación se encuentran en torno a los G. 1.500 millones. Asimismo, hay llamados en proceso por valor de G. 1.600 millones para instituciones que son emblemáticas como el Colegio Pedro P. Peña, la escuela Juan Ramón Dahlquist y el Colegio Fernando de la Mora. Durante la revisión se ha detectado un saldo disponible de G. 1.500 millones, sostuvo el jefe de Gabinete municipal, quien también aseguró que se ha identificado el destino de los G. 20.000 millones sobre los que hace referencia una publicación difundida en los últimos días en las que se acusa al municipio de Asunción de una falta de inversión. Los recursos fueron destinados en procesos de licitación pendientes así como en obras que ya están concluidas, afirmó. Mora adelantó que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, el martes hará un recorrido por las instalaciones de las instituciones educativas que fueron refaccionadas con fondos del FONACIDE. En lo que respecta a alimentación escolar, mencionó que entre el 2019 y el 2021 se realizaron contratos por más de 12.000 millones para los kits de alimentos, distribuidos a las familias de los alumnos mayormente durante la pandemia. Para este año, se destinarán más de 1.300 millones para el mismo fin. Haciendo un recuento total, confirmó que la inversión de la Municipalidad de Asunción se encuentra en torno a los G. 34.000 millones con estos fondos.

Los artículos 120, 121, 203 y 213 de Código Penal son los que configuran los hechos punibles en los que incurrió el extranjero que retrasó un vuelo al amenazar con una bomba en pleno despegue.

El 120, sobre coacción, indica que, quien mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

Además, el 121, coacción grave, señala que, se aplicará una pena no menor de ciento ochenta días-multa o una pena privativa de libertad de hasta tres años cuando la coacción se realizara. mediante amenaza con peligro para la vida o la integridad física.

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El 213, producción de riesgos comunes y el 213, atentados al tráfico civil aéreo y naval. El que:

1. aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil; o

2. utilizara armas de fuego o intentara causar o causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de cinco a quince años.

Guillermo Bertolotto, ciudadano argentino que bromeó con una bomba en pleno despegue, pasó la noche en la Comisaría 3ª de Luque, donde espera lo que disponga el Ministerio Público en el marco de la investigación.

El extranjero dice ser ejecutivo de una empresa y que su visita a Paraguay responde a una invitación para un evento, pero que se disponía a retornar ayer.

Desde la Dinac, el titular Rubén Aguilar confirmó que, una de las sanciones a la que se expone Bertolotto es a la prohibición de volar desde Paraguay a otros destinos y viceversa.

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Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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