En rueda de prensa, el vicepresidente Velázquez, reconoció que el exdiputado Juan Carlos Ozorio formaba parte de su bancada y que al conocerse las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, se le solicitó su renuncia.

“Quién iba a pensar que un compañero de bancada iba a estar involucrado en este tema”, lamentó Velázquez.

Sobre el pastor evangélico, José Insfrán Galeano, quien está prófugo de la justicia por ser sindicado de liderar un esquema de narcotráfico y lavado de dinero, Velázquez mencionó que en una ocasión dirigentes de Canindeyú le llevaron a la Vicepresidencia para plantearle la posibilidad de que sea candidato a gobernador departamental, pero que le aclaró que tenía un impedimento constitucional por su rol religioso.

Asimismo, contó que varios dirigentes le mencionaron que Insfrán no era “muy bien visto” en Curuguaty, por eso decidió cortar relaciones.

“No tengo absolutamente ninguna otra relación que no sea política con estas personas”, subrayó Velázquez.

Por otra parte, dijo que la intención del Gobierno es la de impulsar la investigación a los efectos de “limpiar el Paraguay del contrabando, lavado de dinero y narcotráfico”.

“Está ocurriendo lo que dijo desde un comienzo el presidente de la República: ‘Caiga quien caiga’. Van a seguir cayendo”, advirtió Velázquez.

Latorre había confirmado días atrás, que el concurso se lanzaría a finales de mayo e inicios de junio, y marcará el inicio de un proceso de transformación en la institución legislativa.

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Finalmente, informó a través de su cuenta de X que la etapa preparatoria para el lanzamiento oficial concluyó, por lo que, en los próximos días iniciarán con el proceso.

El concurso de méritos estará destinado para cubrir 50 cargos, enfocado principalmente a jóvenes profesionales de diferentes departamentos del país.

Latorre refirió que los detalles del lanzamiento se darán a conocer en una conferencia de prensa que convocarán para el efecto.

Este nuevo concurso busca abrir un camino de ingreso basado en el mérito, para que los nuevos funcionarios aporten con sus conocimientos y experiencia.

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La institución sostiene que el proyecto que impulsan en el Congreso para fijar el huso horario único, el de verano, no causa ninguna incidencia en cuanto a costo o beneficio, por lo que, si se aprueba, es aceptable.

La teoría antigua (del tiempo de la dictadura de Stroessner) que dio origen a los dos horarios, decía que, para ahorrar energía eléctrica, tanto a nivel estatal como privado, era menester que se divida el horario en verano e invierno. Hoy esa posición perdió totalmente vigencia, y, a la luz de los datos técnicos, no tiene fuerza argumental.

“De acuerdo al análisis que nosotros hemos realizado el horario de verano puede permanecer sin ningún inconveniente desde el punto de vista de la energía eléctrica, considerando que en el verano es donde se registra el mayor porcentaje de carga”, dijo Félix Sosa, titular del ente eléctrico estatal.

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En la bancada republicana, legisladores señalaron que apoyarán la propuesta de Núñez.

“Considerando que será en beneficio y mayor aprovechamiento del día para la ciudadanía, acompañamos este proyecto de ley, horario de verano permanente”, dijo por su parte Lizzarella Valiente.

En ámbito parlamentario, en tanto, el proyectista proverano, Basilio Bachi Núñez, señaló que la gran mayoría de los consultados en redes sociales, está a favor de la unificación horaria. En cuanto a parlamentarios, el sondeo también registra mayoría.

“Lo que se busca es que la ciudadanía sepa en qué se utilizan los fondos (parte de los cuales son públicos), de manera detallada, y de dónde vienen”, expresó el legislador en comunicación con la 730 AM.

Leite remarcó que las ONG exigen transparencia en el uso de fondos, pero paradójicamente son cerradas a la hora en que se les pide que aclaren cuestiones relacionadas al dinero que utilizan.

El parlamentario republicano subrayó que, un aspecto al que deben ajustarse las ONG es el referente a la emisión de facturas o documentos que se requieren a la hora de compra o venta de bienes y servicios.

Leite significó que, los cuestionamientos al proyecto de legislación, provenientes de las propias organizaciones no gubernamentales, tienen base en el hecho de que no quieren ser controladas.

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“Las críticas son solo actitudes de victimización por no tener argumentos en contra de la iniciativa legislativa. Es cuando te piden que expliques de dónde proviene el dinero que disponés, o control en cómo se gasta. Oponerse a esto es aceptar que hay ciudadanos de primera y de segunda y eso es incompatible con la ley”, acotó.

El senador apuntó que resulta hipócrita exigir transparencia, por un lado, y oponerse a rendir cuentas de los propios, por el otro.