Blanca Lila Maciel, madre de Karen, confirmó en diálogo con 1020 AM que hoy presentarán la querella contra la fiscala Zulma Benítez ante el Consejo de la Magistratura, para que la misma ya no pueda ejercer ni siquiera la profesión de abogada.

En ese contexto, negó que hayan increpado a la representante del Ministerio Público cuando fueron a pedirle el documento que les daba autorización para desenterrar el cuerpo de la joven.

“A nosotros nos echó la culpa de que le fuimos a increpar. Nunca hicimos eso y en el video se ve claramente que no tuvimos esa intención. Solamente fuimos a buscar el escrito”, expresó. Acotó, a su vez, que hasta el momento no hay un nuevo representante fiscal reasignado en el caso.

Por otra parte, relató el duro momento que le tocó vivir ayer cuando desenterraron a su hija, detallando que prácticamente la sacaron como si fuera una “bolsa de basura”.

“Ayer fue el día más triste, verle desenterrar a mi hija y como estaba tirada en un pasillo, apenas una palada y ya estaba el primer cajón, en el segundo estaba ella dentro de una bolsa”, lamentó, señalando que también ese lunes fue nuevamente enterrada en el mismo cementerio (Del Este), pero dignamente.

Cabe mencionar que Karen Maciel (29) murió tras ser atropellada el pasado 14 de febrero en la ciudad de Piribebuy por un vehículo conducido por Lucio Barrios (55), padre del Oficial Junior Barrios, quien está con paradero desconocido sin hacerse responsable de sus actos hasta la fecha.

Desde ese momento, todo el procedimiento se realizó de manera negligente, ya que la fiscala Zulma Benítez ordenó el entierro de la joven en una fosa común bajo el argumento de que no tuvo la forma de contactar con sus familiares, cuando en el acta policial consta toda la información de Karen. A consecuencia, la misma fue apartada del caso.

Un accidente de tránsito se registró el sábado pasado, en horas de la noche, sobre la ruta Py 07, en inmediaciones de la Hidroeléctrica Acaray de la ciudad de Hernandarias. Tras la llamada al sistema 911, los agentes policiales se constituyeron en el sitio.

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La afectada, Yanina Alexandra Wrigt Pereira, de 25 años, indicó a los uniformados que circulaba sobre la mencionada ruta a bordo de su automóvil Toyota IST, chapa CFJ 631, cuando a la altura del km 4, perdió el control del rodado luego de cambiar de carril izquierdo a derecho. Eso provocó que saliera del asfalto y volcara aparatosamente.

Los intervinientes examinaron el lugar y encontraron el automóvil a unos diez metros de la ruta. En tanto, la joven no sufrió heridas de consideración, no obstante, fue trasladada hasta un centro asistencial para un mejor diagnostico médico a fin de descartar cualquier tipo de lesión interna.

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El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

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El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

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Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.