En una entrevista con varios medios independientes rusos, Zelenski recordó que una de las cláusulas cruciales es la de “las garantías de seguridad y la neutralidad, el estatus de libre de armas nucleares de nuestro Estado”. “Estamos dispuestos a aceptarlo (…) está en discusión, se estudia a fondo”, aseguró.

Zelenski también dijo que varios empresarios rusos se habían ofrecido a donar dinero para ayudar a Ucrania, incluso para apoyar a su ejército, o ayudar durante la reconstrucción del país cuando termine la guerra.

Los negociadores ucranianos y rusos hablarán cara a cara a principios de la próxima semana en Turquía, concretamente en Estambul, según la presidencia turca, en un nuevo intento por poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya se ha cobrado al menos 1.100 vidas civiles, apunta la ONU.

En los últimos días los temores de que el conflicto pudiera degradarse aumentaron, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, de visita en Polonia, calificara a su par ruso, Vladimir Putin, de “carnicero” y afirmara que “no puede permanecer en el poder”.

Aunque la Casa Blanca matizó de inmediato sus palabras e insistió en que Washington no estaba buscando un cambio de régimen, el Kremlin reaccionó con dureza, afirmando que los ataques personales estaban “reduciendo la ventana de oportunidad” para las relaciones bilaterales, según su portavoz, Dmitri Peskov.

El improvisado comentario, que sembró preocupación en Washington y en el extranjero, pareció socavar los esfuerzos del propio Biden, de visita en Europa para subrayar una unidad en apoyo de Kiev cuidadosamente orquestada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió el domingo contra una “escalada en palabras o acciones” en Ucrania que dificulte poner fin a la guerra y más concretamente, sus esfuerzos en las conversaciones con Putin para acordar la evacuación de civiles de la devastada ciudad portuaria de Mariupol.

Pero ni la diplomacia intensa ni las sanciones cada vez mayores han persuadido a Putin de detener la guerra.

Con su ejército enfrentado a problemas tácticos, de comunicaciones y logísticos, Rusia sugirió el viernes que de ahora en adelante se centraría en la región oriental de Ucrania.

Para el jefe de la inteligencia ucraniana, Kyrylo Budanov, Putin busca “imponer una línea de separación entre las regiones ocupadas y desocupadas” de Ucrania, en “un intento de establecer (un modelo como el de) Corea del Sur y Corea del Norte en Ucrania”.

¿UNA UCRANIA NEUTRAL?

Una demanda clave de Putin, incluso antes de que sus tropas entraran en Ucrania el 24 de febrero, fue que la exrepública soviética renunciara a su intención declarada de unirse eventualmente a la OTAN.

El Kremlin dijo que Suecia y Austria ofrecían modelos de neutralidad que Ucrania podría adoptar.

Kiev rechazó la propuesta y, en su entrevista con periodistas rusos, Zelenski acusó a Putin de dilatar las negociaciones y prolongar el conflicto.

La nueva ronda de negociaciones llega en un momento en que Moscú mantiene el control de facto sobre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región oriental de Donbas.

El líder de la región separatista ucraniana de Lugansk dijo que podría organizar un referéndum para dirimir si el territorio pasa a formar parte de Rusia, una medida inmediatamente criticada por Kiev como un intento de Moscú de socavar la soberanía y la integridad territorial del país.

Mientras, las tropas rusas también han seguido bombardeando la ciudad portuaria de Mariúpol. Controlarla permitiría a Moscú conectar sus fuerzas en la ocupada península de Crimea con las tropas separatistas prorrusas en el este ucraniano.

El domingo se abrieron nuevos corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles de este estratégico puerto a orillas del mar de Azov, donde ya han muerto más de 2.000 civiles, según el municipio.

Pero los intentos de establecer rutas seguras para que huyan los 170.000 civiles atrapados en la ciudad han fracasado hasta ahora, con ambas partes acusándose de violar los altos el fuego temporales.

CONTRAATAQUES

Putin inició la invasión de Ucrania prometiendo destruir su ejército y derrocar a Zelenski, pero, hasta ahora, el ejército ruso se ha topado con la feroz resistencia ucraniana y ha hecho pocos progresos para capturar ciudades clave.

Mientras tanto, los ataques a la población y a infraestructuras civiles como hospitales, edificios residenciales y escuelas, han aumentado.

En Járkov las autoridades locales registraron 44 ataques de artillería y 140 ataques con cohetes en un solo día, y los ataques también continuaron en Irpin y en otras ciudades alrededor de Kiev, dijeron las autoridades ucranianas.

Descansando en una silla en un centro de evacuación en las afueras de Kiev, Tamara Osypchuk, de 72 años, explicó a la AFP que escribía poesía para calmarse en su departamento en la devastada Irpin cuando caían las bombas.

“Escribo poemas y cuando hay explosiones siento una gran inspiración. Las explosiones fueron muy fuertes. Como si explotara un volcán, como si la tierra explotara”, aseguró.

En la ciudad sureña de Mykolaiv, objeto de fuertes bombardeos rusos durante semanas, los ataques parecían estar disminuyendo y las líneas del frente parecían haber retrocedido desde Mykolaiv, con una contraofensiva montada ahora en Jersón, a unos 80 kilómetros al sureste.

“Las fuerzas aliadas han repelido siete ataques” y han destruido ocho tanques en las zonas de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, según una nueva actualización del Estado Mayor ucraniano.

Por su parte, las tropas rusas tomaron el control de Slavútych, en el norte de Ucrania, donde reside el personal de la central nuclear de Chernóbil, y arrestó temporalmente al alcalde, según las autoridades regionales.

El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que sus fuerzas también habían recuperado Trostianets, una ciudad cerca de la frontera con Rusia que fue una de las primeras en caer bajo el control de Moscú.

Según la agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), 3.821.049 ucranianos ya han huido del país y hay más de 6,5 millones de desplazados internos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.