Durante su exposición, Castillo mencionó el caso de una pequeña de 3 años que ha causado gran indignación en el país. El hombre, acusado de secuestrarla y violarla, recibió nueve meses de prisión preventiva por parte del Poder Judicial.

¿Qué es la castración química y en qué consiste la propuesta del Ejecutivo?

La castración química es el uso de fármacos para reducir la libido o la actividad sexual y es una forma legal de castigo en países como Corea del Sur, Polonia, República Checa y en algunos estados de Estados Unidos, pero que es considerada como una pena “cruel e inhumana” por parte de Amnistía Internacional.

Si bien el presidente no dio detalles del proyecto de ley que prepara el Ejecutivo, sí dijo que la propuesta será formalizada en los próximos días y que espera el respaldo del Congreso de la República donde será remitida.

“No le den la espalda a un clamor popular”, agregó Castillo.

El ministro de Justicia, Félix Chero, sí dio más información sobre la propuesta que formularía el gobierno. Dijo que la castración química será planteada como una medida acompañada de la prevención en educación y salud mental.

Añadió que sería una pena que la castración química no se aplicaría en aquellos casos donde el agresor reciba cadena perpetua.

El abogado penalista Carlos Caro dijo que esta propuesta se ha debatido en Perú desde los años 90 y que no ha sido aprobada por dos tipos de problemas. “El primer problema tiene que ver con la cuestión constitucional. Las penas corporales en Perú están prohibidas y la castración química equivaldría a una pena corporal que atentaría contra la dignidad de la persona”.

“El segundo problema, que creo que es el más importante, tiene que ver con la eficacia de la medida, que está en tela de juicio en el ámbito médico, en el sentido de saber si es que efectivamente se puede lograr disminuir la libido sexual o la incidencia de delitos sexuales cuando se aplican este tipo de sustancias”.

Al margen de esos dos puntos, Caro advierte que “el problema es que la violación sexual no tiene como punto de partida la libido sexual sino el pensamiento criminal y, según la ley peruana y la de todos los países, delito sexual no solo es la introducción de una parte del cuerpo en un menor sino también consiste en la introducción de objetos. Entonces quien no tenga la capacidad por impotencia debido a esta sustancia de poder cometer delito sexual, de tener una erección, no significa que no pueda utilizar otros medios”.

¿Cuáles son las penas para violadores en Perú?

Actualmente, el artículo 173 del Código Penal establece la cadena perpetua para quienes sean sentenciados por violación a menores de 14 años. “La condena podría revisarse a partir de los 35 años de cárcel”, explicó Caro.

Reacciones

La congresista de Perú Libre y presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Elizabeth Medina, apoyó la propuesta del Poder Ejecutivo y dijo estar a favor de implantar la castración química para los violadores de menores de edad.

Mientras que Héctor Ventura, congresista del opositor partido Fuerza Popular, dijo que la castración química “no sería la solución puesto que van a seguir ocurriendo estos lamentables hechos, para ello hay que prevenir”.

¿Cuáles son los pasos para aprobar la propuesta del gobierno?

El proyecto de ley debe ser aprobado en el Consejo de Ministros para luego ser enviado al Congreso. En el Poder Legislativo debe seguir un trámite ante las comisiones correspondientes para luego ser debatido y votado por el pleno. El proceso podría durar varios meses.

Antecedentes

En 2018 el Congreso peruano discutió la modificación del Código Penal para que los sentenciados por violación de menores de 14 años sean sometidos a castración química, pero, finalmente, la iniciativa no fue incluida en las normas que se aprobaron en aquel entonces referidas a la prevención y sanción de los delitos de violación sexual.

En aquella época el excongresista y excandidato presidencial Yonhy Lescano, quien votó a favor de la propuesta, dijo que ello ayudaría a reducir el índice de crímenes sexuales.

Por el contrario Mauricio Mulder, parlamentario del partido aprista, señalaba que un tema de este tipo debía ser abordado a través de un debate nacional y se preguntaba para qué serviría la castración si la persona estaba condenada a cadena perpetua.

Duberlí Rodriguez quien era el presidente del Poder Judicial en ese entonces dijo: “La actitud agresiva de una persona no nace de los testículos orgánicamente hablando; nace de lo que está en su cabeza, en su pensamiento, por lo tanto no resultaría para mí la fórmula más adecuada para combatir estas agresiones sexuales”.

El abogado Caro señala que en el pasado todas las iniciativas de este tipo han sido archivadas.

“El tema de que se requeriría consentimiento del condenado porque una sustancia, igual que la vacuna es una limitación. Para mí esto es populismo penal y legislativo. Tenemos un gobierno que está bastante cuestionado, muy debilitado y yo creo que poner esto en la discusión pública es simplemente una maniobra de distracción”.

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

• Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
• Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
• Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.