Los abogados de los procesados presentaron una apelación general contra la providencia dictada por el juez José Agustín Fernández y que fijó la diligencia para hoy, por esa razón no se realizó la desgrabación.

La fiscala Liliana Alcaraz, quien llevó todos la pruebas explicó que el juzgado fue el que autorizó las grabaciones y por esa razón es que las mismas tienen que ser entregadas al magistrado del caso para su desgrabación, pero con la chicana presentada por los camioneros se truncó.

Los abogados defensores habían señalado que la fiscalía se negó a entregarles esas grabaciones donde supuestamente se escucha toda la negociación del pedido de coima y la fiscala Alcaraz, señaló que es el juez, una vez desgrabado todo el material, el que tiene que autorizar la entrega a las partes.

Según se supo las grabaciones son de los días 12 y 13 de abril pasado, cuando los imputados estaban negociando la entrega del millonario monto de dinero, para no cerrar más las rutas y ambas reuniones se dieron en el Ministerio del Interior.

Los abogados defensores niegan que existan pruebas contra sus clientes y hablan de una manipulación, pero justamente la fiscalía hoy quiso entregar las pruebas y los camioneros literalmente chicaneraron.

La fiscala Liliana Alacaraz imputó por extorsión a los cinco líderes camioneros cuando iban a cobrar una coima de US$ 50.000, ellos son: Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay; Juan Friedelin, integrante del mismo gremio; Roberto Almirón, titular de la Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay; Vicente Medina, miembro de la Asociación de Camioneros Caaguaceños; y Julio César Solaeche, presidente de la Asociación de Camioneros Ovetenses.

Teresa Servín, abogada de la familia de Rolando Núñez Scolari, explicó que el sobreseimiento provisional implica que todavía existen diligencias para llegar a la certeza real de la responsabilidad de los procesados en la muerte del joven.

Se llegó a esta instancia porque ayer se cumplió la fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. El sobreseimiento puede ir hasta un año.

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“Hay una visión jurídica de lo nuevo a lo que la doctora no tuvo acceso. Ver la responsabilidad de otras personas o ampliar la responsabilidad de los que ya estaban investigados”, informó la defensora, en un contacto con la 730 AM.

La necesidad de más tiempo también se sustenta en la aparición de un reglamento de la ANDE que especifica el manejo en materia eléctrica. Se tuvo acceso al contenido recién hace una semana.

Respecto a un acuerdo económico, la abogada reconoció que hubo un acercamiento y una oferta un par de semanas atrás, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

María Lilia Contreras y Édgar Torres, de la Empresa Prolife SA; María M. Contreras y Oscar Daniel Ruiz, de la Empresa Epro SA fueron imputados por homicidio culposo por la fiscal Teresa Rojas, quien luego fue recusada.

En su reemplazo asumió de manera interina la fiscal Karina Serón, quien lleva la carpeta hace un mes y por ello necesita más tiempo para la pesquisa.

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Un llamativo hecho aconteció cerca de la 02:00 de la madrugada de este jueves, en la playa de Funes Automotores, situada sobre la Avda. Mariscal López y Luis Alberto del Paraná.

Al sitio llegaron desconocidos, quienes descendieron de un vehículo y arrojaron una bomba molotov contra el local.

Un automóvil Toyota Auris, color plata, recién importado, fue totalmente consumido por las llamas y quedó inservible.

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Efectivos de la Comisaría 2ª Central recibieron el aviso en la oficina de guardia y, una vez en el lugar, intentaron apagar el fuego con precarios baldes de agua, mientras esperaban la llegada de los bomberos. Desafortunadamente, no pudieron salvar el vehículo.

De momento, se desconoce quiénes podrían estar detrás del atentado y cuáles serían los motivos que los llevaron a cometer el hecho. En la escena encontraron botellas con combustible.

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“Soñamos con un mañana mejor” es el nombre que lleva el proyecto del Centro de Rehabilitación y Reinserción Laboral de Mujeres, que consiste en la confección de escarapelas.

El trabajo estará a cargo de las internas y el resultado será la distribución de sus productos en centros educativos e instituciones de Alto Paraná.

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“El deseo de las mujeres privadas de libertad de volver a ser útiles a la sociedad”, comentó la directora del centro Juana María de Lara, Lourdes Nelsi Centurión.

La meta de llegar a 4.000 escarapelas será la misión confiada a 20 mujeres privadas de su libertad en dicho lugar.

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Además de aplicar penas para hacer justicia por los delitos cometidos, otra de las funciones del Estado es la reinserción social de las personas que cometieron un hecho punible. Los talleres de oficios, las capacitaciones y otras actividades forman parte de esa misión de preparar a la gente para insertarse a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.