El clan del Golfo, el poder paralizante del narcoráfico en Colombia

Decenas de poblados desiertos, casi una decena de asesinatos y 187 vehículos incinerados. El ejército del narco en Colombia, que el gobierno llegó a dar por vencido, desplegó su formidable fuerza en la recta final hacia las presidenciales. 


Fuente: AFP

 

La banda de Otoniel – responsable de entre un 30 y 60% de la cocaína que sale del país (equivalente a unas 700 toneladas) – se vengó de la reciente extradición de su jefe a Estados Unidos con un “paro armado” que inmovilizó por seis días una vasta zona del norte y noroeste del país, en las narices de la fuerza pública.

Algunas claves del fenómeno:

 

1. Fallos al desnudo

Tras la captura de “Otoniel” en octubre, el presidente Iván Duque cantó victoria: este es un “golpe que marca el final del Clan del Golfo”.

Pero la banda que se formó a partir de los remanentes de los paramilitares de ultraderecha demostró lo contrario. Pese a la movilización de 52.000 militares y policías, según el gobierno, mató a ocho personas, cinco de ellas de la fuerza pública, y restringió el comercio, las clases y el transporte en 141 de los 1.100 municipios colombianos, según balances oficiales.

“El Estado no tiene muy claro qué hacer. Lo que muestra como éxitos en seguridad, incluso la misma extradición de Otoniel, no significa que en el terreno las cosas cambien”, dijo a la AFP Kyle Johnson, analista de la fundación Conflict Response.

Según Johnson, “en los últimos dos o tres años el Clan es el grupo (armado) que más se ha expandido en el territorio”.

La Fundación Paz y Reconciliación estima que la banda hace presencia en 241 municipios (31 más que el año pasado) y tiene un pie de fuerza de unos 3.200 integrantes, la mitad de ellos armados y el resto colaboradores.

Durante “el paro armado” exhibió su fuerza en regiones que estaban relativamente a salvo de la violencia posterior al acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

“El gobierno cree que como hay menos violencia no es tan grave. Pero, así no haya los niveles de violencia que vemos en el sur del país (donde operan rebeldes que siguieron en armas), la situación está muy grave”, opina Johnson.

2. Nuevas formas de lucha

El desafío “ya no es solo militar”. El gobernador de Sucre, uno de los departamentos azotados por el Clan, alertó sobre sus nuevas formas de lucha. “Aquí tenemos un reto, pienso yo, cibernético”, aseguró en entrevista con W Radio.

A punta de audios en WhatsApp y mensajes de Facebook, la banda que ahora comandan “Siopas” y “Chiquito Malo”, lugartenientes de Otoniel, intimidó con igual o más efectividad que con los fusiles.

Según el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, había suficiente policía para garantizar la seguridad “pero la gente no quería salir porque tienen unas cadenas de WhatsApp y de Facebook que les están diciendo que no salgan”.

Un periodista reveló que fue forzado a divulgar un panfleto del Clan desde la página de Facebook de su medio. Pero la amenaza no se quedó ahí.

“Comenzaron a hacer acciones reales donde tu veías que podían hacerte daño o quitarte la vida. Como quemar una motocicleta o darte (golpes) con una varilla. Entonces la gente vio que sí corría peligro su vida y les prestó atención”, dijo el comunicador a la AFP bajo reserva.

Para el experto en investigación digital Carlos Cortés “la idea de que WhatsApp está mostrando una manera nueva de intimidar y controlar a las poblaciones es una cortina de humo política”. “La respuesta no está en WhatsApp. Está en la operación y la presencia de esos grupos en el territorio”, enfatiza Cortés.

 

3. Mano dura o negociación

Faltando días para la elección presidencial del 29 de mayo, el Clan del Golfo aterrizó en la campaña. El izquierdista Gustavo Petro, favorito en la encuestas, criticó la “fallida propuesta de seguridad” del gobierno frente a las drogas.

En otras ocasiones, Petro ha planteado una oferta de “sometimiento colectivo” para narcotraficantes que incluya beneficios jurídicos a cambio de que dejen el negocio.

Su principal rival, el derechista Federico Gutiérrez, pide en cambio que Colombia no ceda “ante estos criminales” y que la fuerza pública siga persiguiéndolos.

Ante el frustrado combate contra las drogas, se aviva el debate entre “mano dura” o negociación. “Hay que pensar en rebajas de penas, en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración, además de mecanismos para contar la verdad a las víctimas”, apuntó Johnson.

Pero advierte que un eventual arreglo con la banda narco solo funcionará si el Estado logra “copar el territorio” que hoy domina el Clan. “En el proceso de paz con las FARC no se hizo, la pregunta ahora es si es posible hacerlo con el Clan”, añade.

Así es la primera ley ‘influencer’ de España

Deberán catalogar sus contenidos por edades y no podrán publicitar productos de tabaco, alcohol o medicamentos.

El Gobierno de España ha aprobado por primera vez un real decreto que regulará la actividad de los conocidos como ‘influencers’, con el objetivo de adaptarse a la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022.

Así, los creadores de contenidos deberán abstenerse de hacer cierta publicidad, además de estar obligados a etiquetar sus publicaciones y a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia.

¿Afecta a todos los ‘influencers’?

La respuesta es no. La ley se refiere a los “usuarios de especial relevancia” y define a estos a través de tres requisitos que deben cumplir:

  • Tener unos ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
  • Superar el millón de seguidores en una única plataforma o los dos millones en su actividad global.
  • Haber publicado 24 o más videos al año.

Otra particularidad es que solo afecta a los residentes en España, es decir, que aquellos que, por ejemplo, se trasladaron a Andorra, no están obligados por esta normativa.

¿Cuáles serán sus obligaciones?

A partir de su registro, que se debe producir en el plazo de los próximos dos meses, todos esos creadores de contenidos deberán atenerse a varias disposiciones.

Deberán identificar los espacios publicitarios explícitamente y etiquetar sus contenidos indicando la edad recomendada de sus espectadores. Además, tendrán prohibido hacer publicidad de productos relacionados con el tabaco, el alcohol, los medicamentos o de cualquier producto o servicio que pueda perjudicar psicológicamente a los menores.

De este modo, se les asimila a otros actores tradicionales del sector audiovisual, como son la televisión o la radio.

Poniendo algunos nombres y apellidos

Entre los afectados por la nueva legislación se encuentra Ibai Llanos, el ‘streamer’ de más éxito del país, que Forbes llegó a incluir en una de sus listas de españoles más influyentes del mundo en 2021. Tiene más de 15 millones de seguidores en Twitch y más de 11 millones en Youtube.

María Pombo es otra de las ‘influencers’ más conocidas del país. Especializada en contenidos relacionados con la moda, la belleza y el estilo de vida, hace casi una década que vive de sus redes sociales, en las que tiene más de tres millones de seguidores.

Otra imprescindible en este listado es Dulceida. Esta bloguera e ‘influencer’ también es conocida por sus publicaciones relacionadas con la moda y el estilo de vida. Desde hace ocho años organiza su propio festival de moda y música. Tiene más de 3,4 millones de seguidores en Instagram.

Otro nombre, más polémico que los anteriores, es el de El Xokas, cuyo nombre real es Joaquín Domínguez. Es conocido principalmente por sus retransmisiones de partidas del ‘World of Warcraft’ en Twitch, donde tiene alrededor de 4 millones de seguidores. Según él mismo ha revelado en varias ocasiones, ingresa alrededor de 60.000 euros al mes.

Liberan a la brasileña que llevó a su tío muerto al Banco para sacar un préstamo

La Justicia estableció que no existen riesgos de fuga, y que la mujer sufre de problemas de salud mental y tiene un menor a cargo; hace dos semanas fue filmada cuando intentaba hacer firmar un documento al anciano fallecido

El tribunal de Río de Janeiro ordenó la liberación de Érika Souza Vieira Nunes, de 42 años -quien sufre de problemas de salud mental y tiene una menor a cargo- que hace dos semanas llevó a su tío muerto a una sucursal bancaria para intentar obtener un préstamo.

La mujer fue detenida in fraganti el día 16 del mes pasado, luego de llevar el cadáver del anciano Paulo Roberto Braga, sentado en una silla de ruedas, al banco Bangu, de esta ciudad. El Ministerio Público (MPRJ) la acusó por los delitos de tentativa de peculado y profanación de cadáver. Érika se encontraba detenida en la prisión de Djanira Dolores, también en Bangu.

La jueza Luciana Mocco, titular del 2º Juzgado Penal de Bangu, respondió a un pedido de la defensa de Érika y revocó su prisión preventiva. Sus abogados señalaron que Érika, de profesión ama de casa, tiene un hogar permanente, “mala salud mental”, y está a cargo de una menor discapacitada que requiere de su cuidado en casa.

El juez determinó, sin embargo, que Érika debe cumplir con medidas cautelares, como presentarse mensualmente a la secretaría judicial para informar sus actividades o un posible cambio de domicilio; en el caso de hospitalización por tratamiento de salud mental, también deberá notificarse al Tribunal; tiene prohibido ausentarse del distrito por más de siete días.

Érika también comenzó a ser investigada por homicidio culposo, sin intención de matar. Una orden del delegado Fabio Luiz Souza, jefe de la 34ª DP (Bangu), responsable de las investigaciones, y publicada por TV Globo, indica una “flagrante omisión de asistencia” por parte de la mujer. Según el delegado, el tío Paulo se encontraba en una “situación crítica que amenazaba su vida”.

“Teniendo en cuenta que el 16 de abril, Paulo se encontraba en una situación grave que amenazaba su vida, como se desprende de las declaraciones de todos los testigos que tuvieron contacto con la víctima, en lugar de volver a ir al hospital, acudió al centro comercial, configurando una flagrante falta de asistencia. Por tanto, se debe registrar un nuevo informe para investigar el delito de homicidio culposo”, señaló.

Según la Policía Civil, como cuidadora del anciano, “al ver que no se encontraba bien, debería haberlo trasladado a un hospital, no a una sucursal bancaria”.

El crimen ocurrió en Bangu, en la Zona Oeste de Río de Janeiro. Érika fue detenida en el acto y su arresto se convirtió en prisión preventiva durante una audiencia de custodia. La denuncia destaca que, aunque el préstamo fue contratado por el anciano Paulo Roberto Braga cuando estaba vivo, el retiro de 17.975 reales (unos 3500 dólares) no pudo realizarse porque en el momento de la detención la víctima había fallecido.

La acción penal también indica que Érika, mediante fraude, intentó apropiarse de fondos que no habrían sido utilizados a favor de su tío, lo que finalmente causaría un perjuicio a la institución financiera que otorgó el préstamo, es decir, que no sería pagado por el donante, fallecido.

“El crimen no se llevó a cabo debido a que los empleados del banco, al notar que el anciano Paulo Roberto Braga estaba en mal estado, pálido y sin poder firmar un documento, llamaron al Servicio Móvil de Atención de Emergencias, quienes confirmaron la muerte”, describe un extracto de la denuncia.

El inspector mencionó “menosprecio y falta de respeto” hacia el mayor al llevarlo muerto para retirar el dinero. “La imputada vilipendió consciente y voluntariamente el cadáver de Paulo Roberto Braga, llevándolo a la referida sucursal bancaria y permaneciendo allí, incluso después de su muerte, con el objetivo de retirar la orden antes mencionada”, señaló.

Con información de O Globo/GDA

Lluvias históricas dejan ya 32 muertos y 60 desaparecidos al sur de Brasil

Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas en el estado de Rio Grande do Sul.

La cifra de muertos por las fuertes lluvias en el estado brasileño de Rio Grande do Sul ha ascendido a 32.

La Defensa Civil ha registrado 29 fallecidos. Entretanto, el canal RBS TV, citado por el portal G1, constató la muerte de tres personas más: dos en la localidad de Taquara y una en Sao Vendelino, con información de prefecturas, cuerpos de bomberos, Policía Militar y otras organizaciones locales.

En su más reciente balance, de la tarde de este jueves, la Defensa Civil señala que hay 60 personas desaparecidas y 36 heridas. Se calcula que hasta el momento son 71.306 los afectados, de los cuales más de 14.800 han tenido que abandonar sus viviendas. De estos, 10.242 se encuentran sin hogar (en casas de familiares o amigos) y 4.645 permanecen en albergues temporales.

De los 496 municipios de Rio Grande do Sul, 154 ya se han visto afectados por inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de puentes, entre otros.

La Defensa Civil advirtió que la mayoría de cuencas fluviales del estado están en riesgo de desbordamiento. Asimismo, el gobernador, Eduardo Leite, emitió advertencias sobre los peligros de nuevos derrumbes. Al mismo tiempo, el Gobierno estatal monitorea las represas en varias regiones ante la probabilidad de que sus niveles provoquen nuevos aumentos significativos en los caudales de los ríos. Las precipitaciones provocaron hace poco el colapso parcial de la presa 14 de julio, localizada en el caudal del río Das Antas.

En el marco de la catástrofe, Leite declaró anteriormente el estado de calamidad pública, señalando que se trata del “mayor desastre natural” al que se han enfrentado. De este modo, Rio Grande do Sul está en condiciones de solicitar recursos federales para asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura y restablecimiento de servicios esenciales. Las autoridades locales aseguran que con el apoyo de los gobiernos de otros estados y de las Fuerzas Armadas ya se ha logrado el rescate de más de 4.000 personas en zonas afectadas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó al estado este jueves, pero las condiciones meteorológicas le impidieron llegar a las zonas afectadas.