El senador Fidel Zavala presentó a través de sus redes sociales la propuesta “anti sicariato” que cuenta con el apoyo de sus colegas Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa, Fernando Silva Facetti, Enrique Bachetta y Eusebio Ramón Ayala.

Según explicó el legislador del Partido Patria Querida, con esta iniciativa se busca tipificar el sicariato dentro del Código Penal Paraguayo, teniendo en cuenta que este tipo de crímenes generalmente son catalogados bajo la figura de homicidio doloso.

De esta manera, también se pretende llenar los vacíos legales que entorpecen la investigación y favorecen la impunidad, refirió.

En la exposición de motivos del proyecto, se menciona que el asesinato por encargo, a cambio de una contraprestación económica u otro interés, no está contemplado en el Código Penal como un hecho punible autónomo, por lo cual “existe una imperiosa necesidad de tomar acciones firmes de respuesta, en el afán de organizar políticas adecuadas para la contención del mismo”.

LO QUE CONTEMPLA EL PROYECTO DE LEY

En caso de aprobarse la propuesta legislativa, se hará una modificación en el inciso segundo numeral 5 del artículo 105 del Código Penal para introducir la figura del sicariato, agregando los siguientes aspectos legales:

*El que matara a otro por orden, encargo o acuerdo, para obtener para sí o para un tercero un reconocimiento, un beneficio económico o de cualquier otra índole, será castigado con pena privativa de libertad de 15 a 30 años.

*Con la misma pena se castigará a quien ordenara, encargara o acordara la muerte de otro, o quien actuara como intermediario entre el instigador y el autor.

*En caso de que la víctima de las conductas descriptas en los incisos primero y segundo del presente artículo fuera un funcionario público cuyas funciones están reconocidas expresamente en la Constitución Nacional, la pena mínima imponible será de 20 años de privación de libertad.

*Quien se valiera de una persona inimputable para la realización de la conducta descripta en el presente artículo, será castigado con pena privativa de libertad de 20 a 30 años.

*Quien interviniera promoviendo, favoreciendo o facilitando cualquiera de las conductas previstas en el presente artículo, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 20 años.

*Quien publicitara u ofertara la conducta descripta en el presente artículo, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 20 años.

El reporte indica que en el transcurso de 24 horas, 7 perros fueron envenenados, algunos no resistieron y murieron. Además, se sumaron algunos gatos que también sufrieron la misma situación.

Ante lo ocurrido, la Dirección de Defensa Animal calificó de “alarmante” la situación y a través de la Asesoría Jurídica de la institución, en conjunto con la Comisaría Segunda de Canindeyú, tomó cartas en el asunto de inmediato.

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Se labró el acta policial correspondiente, la cual fue remitido al Ministerio Público.

“Desde entonces, estamos trabajando estrechamente con dicha institución para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y responsabilizar a los autores de este acto tan cruel y deplorable”, comunicó la Dirección de Defensa Animal.

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de Diputados, presidida por el legislador Héctor Figueredo, durante su reunión ordinaria de esta semana, recibió a la viceministra de Industria y Comercio, Lorena Méndez de Gustafson, así como a representantes de la Asociación de Distribuidores del Alto Paraná (ADAP).

Esta mesa técnica de diálogo se llevó a cabo a fin de debatir acerca de ciertas inquietudes presentadas por la ADAP en una anterior reunión con el bloque asesor.

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En aquella ocasión, los distribuidores expresaron su preocupación debido a la disminución del cupo legal de importación de la varilla de hierro, por lo que solicitaron la mediación de esta comisión para una reunión con las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, que es el ente encargado de regular la labor y las funciones de estas empresas importadoras.

Al respecto, La viceministra Méndez, expresó que buscarán una alternativa que beneficie a las asociaciones distribuidoras de varillas de hierro mediante un trabajo conjunto con otras instituciones del Estado.

“Existe ya una regulación en cuanto a la cantidad o cupos dependiendo de la producción nacional, y, en ese sentido, hay temas que dependen del Ministerio de Industria y Comercio, y otros en los que tenemos que coordinar acciones en conjunto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)”, explicó la viceministra del Poder Ejecutivo.

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Por su parte, la presidenta de la ADAP, Nelly Vázquez, explicó que el problema se encuentra en que existe una competencia desleal en el sector, teniendo en cuenta que empresas que no se encuentran inscriptas como distribuidoras importan varillas de hierro desde el exterior, sin ningún control.

“Tenemos un problema con la licencia previa y mediante esta reunión tratamos de conocer el método aplicado por el MIC para otorgar la licencia para la distribución e importación de varillas de hierro, porque a los que trabajamos en este rubro no nos está beneficiando. Como distribuidores somos importadores de productos, pero hay gente que está importando no siendo distribuidor, por lo que hay una competencia desleal”, alegó la titular de la asociación.

A través de un comunicado el MOPC recordó la reglamentación de la Ley N.º 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 establece que: “No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor”.

La necesidad de mantener este espacio libre se fundamenta en varias razones importantes:

Seguridad vial: Las franjas de dominio despejadas garantizan una visibilidad adecuada para los conductores, lo que reduce el riesgo de accidentes de tránsito al permitir una respuesta más rápida ante situaciones imprevistas en la carretera.

Fluidez del tráfico: Evitar la obstrucción de las franjas de dominio ayuda a mantener un flujo de tráfico más fluido y eficiente, ya que los conductores tienen una mayor capacidad para realizar maniobras de adelantamiento y cambios de carril de manera segura.

Prevención de distracciones: La presencia de elementos como monolitos, carteles publicitarios, vendedores ambulantes u otros objetos en las franjas de dominio puede distraer a los conductores, lo que aumenta el riesgo de accidentes y obstaculiza la atención en la conducción.

Mantenimiento de la infraestructura vial: Al mantener despejadas las franjas de dominio, se facilita el acceso a la infraestructura vial para labores de mantenimiento y reparación, lo que contribuye a prolongar la vida útil de las carreteras y garantizar su óptimo estado.

En ese sentido, desde el ente sostienen que mantener despejada la franja de dominio de una ruta es esencial para garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y el óptimo mantenimiento de la infraestructura vial.