El operativo, denominado “Nueva Alianza XXXII”, involucra a unos 100 hombres de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía Federal de Brasil.

Los efectivos locales están destinados a las tareas de erradicación en una zona boscosa del departamento de Amambay, lindante con territorio brasileño, cuya Policía Federal apoya en el desplazamiento de sus pares paraguayos.

El comandante de la Fuerza Especial de la Senad, teniente coronel Aldo Pintos, explicó que la operación comenzó el pasado 16 de mayo y concluirá el próximo día 27.

Pintos estimó que el costo de la marihuana destruida hasta el momento asciende en Paraguay a 18 millones de dólares.

Sin embargo, indicó que su destino final es Brasil, que con sus más de 212 millones de habitantes absorbe la mayoría de la producción de marihuana cultivada en Paraguay.

En declaraciones a un grupo de periodistas, el oficial detalló que entre un 80 y un 90 % de la marihuana cultivada en Amambay es llevada al vecino país.

Este martes, los equipos antidrogas de la Senad e integrantes de la Policía Federal se desplazaron hasta la colonia María Auxiliadora, una comunidad rural situada a unos 50 minutos por vía terrestre de Pedro Juan Caballero.

Las acciones militares y policiales han abarcado igualmente las comunidades de Cadete Calderón y Alpasa.

En dos helicópteros, los uniformados se desplazan hasta los sembrados, ocultos entre montañas cada vez más deforestadas para abrir espacios a las plantaciones de marihuana.

Bajo un sol atenuado por la temporada de otoño en el país y a las faldas de unas pequeñas montañas, los uniformados destruyen a machete los cultivos, en jornadas diarias de alrededor de seis horas.

Este martes, además, fueron incinerados dos campamentos, uno de ellos con capacidad para albergar a por lo menos diez personas. Hasta ahora, ya son 86 las edificaciones de ese tipo destruidas.

Las carpas estaban construidas con techo de plástico que protegían algunas camas de madera. En sus alrededores se encontraba un pequeño fogón, equipos artesanales para el procesamiento de las hojas e incluso víveres abandonados.

Pintos admitió que sus ocupantes pudieron haber escapado o huido alertados por el sonido de los helicópteros.

“Nuestro trabajo en sí es erradicar todo el cultivo ilícito y quemar todos los enseres que podamos encontrar en la zona y, si da la situación, aprehender a los autores”, señaló el militar.

Cifras de la Senad indican que desde enero de este año han sido destruidas 1.022 hectáreas de cultivos de marihuana en todo el país, así como más de 362 toneladas de esa droga.

También en lo que va del año han sido decomisados 2.249 kilos de cocaína, con un valor estimado de 15,7 millones de dólares, de acuerdo con las estadísticas de esa entidad.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.