El accidente de un camión cargado con 34 toneladas de concentrado de zinc, registrado la madrugada del lunes en la provincia de Canta, al centro-occidente de Perú, ha provocado un desastre ambiental luego que resultaran contaminadas las aguas del río Chillón, lo que ha afectado gravemente a los criaderos de piscicultores de la región y su actividad económica.

El presidente del Frente de Defensa de Canta, Elmer Páez, dijo este miércoles al medio local RPP que el mineral vertido en el río ha teñido sus aguas de gris oscuro y ha provocado la muerte por envenenamiento de unas 600 toneladas de truchas que tenían en sus criaderos los piscicultores de localidades como Cullhuay, Obrajillo, Paraíso, Trout, Pariamarca, entre otras.

Así afectó el derrame del concentra de zinc a las pisigranjas de la cuenca del Río Chillon, los daños son preocupantes, necesitamos la urgente intervención de las autoridades. pic.twitter.com/BlGw9K6f2O

— @GomeroOsorio (@GomeroOsorio1) June 14, 2022

Páez agregó que las comunidades campesinas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima, a la Defensoría del Pueblo y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por la contaminación que ha generado la actividad minera en el valle de Canta.

El líder social detalló que a diario se desplazan por la provincia de Canta unos 120 vehículos que transportan minerales pesados de las mineras de Cerro de Pasco, y que en muchos casos estos caen a las aguas del río Chillón, que son usadas para el consumo humano, la agricultura, la piscicultura y la ganadería.

Ante la gravedad del asunto, las comunidades campesinas, piscicultores y la población local anunciaron que cerrarán la vía nacional Lima-Canta-Huayllay como medida de protesta para exigir la intervención inmediata del Gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo a los reportes de medios locales, el importante cargamento de zinc terminó vertido en el río Chillón —uno de los tres afluentes que recorren el valle de Lima y que vierte sus aguas en el océano Pacífico—, luego de que un transporte de carga de la empresa Huari Service, subcontratista de la compañía minera Volcan, se volcara y cayera al afluente a la altura del distrito de Huaros, en el tramo Chicrín-Cullhuay.

Muestras recogidas en el río

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó el martes que, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), atendió “la emergencia ambiental suscitada en la zona alta de la unidad hidrográfica Chillón” a consecuencia del derrame de concentrado de zinc.

De acuerdo al ente del Ejecutivo peruano, la supervisión fue realizada el mismo día por “profesionales de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, con el apoyo de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza”, quienes midieron en el lugar el pH, la temperatura y conductividad eléctrica “en cuatro puntos de muestreo de agua superficial”.

Al día siguiente, detalla la ANA, las autoridades tomaron otras muestras en la zona del accidente, que serán enviadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad para analizar “parámetros físicos y químicos”. Sus resultados “serán comparados con los estándares de calidad ambiental para agua” aprobados por la cartera de Ambiente.

🔴💧 La @ANAPeru realizó la atención de la emergencia ambiental en la zona alta de la unidad hidrográfica Chillón, ubicado en el distrito de Huaros, a consecuencia del derrame de concentrado de zinc ocurrido en el kilómetro 24,70 de la carretera Canta-Huayllay-Cerro de pasco. pic.twitter.com/0ueykpLVLp

— ANA Perú (@ANAPeru) June 15, 2022

La ANA agregó que el informe con los resultados “será socializado a las entidades involucradas, entre ellas a la Comunidad Campesina de San Felipe de Cullhuay”. Por su parte, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) señaló que el accidente ambiental no afectará al suministro de agua potable en los distritos de Lima Norte, porque en esta época del año se abastecen de pozos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.