Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.

En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.

El director general de Prevención y Seguridad, Saturnino Santiago Villalba, remitió el pasado 11 de mayo un documento a la Policía de San Pedro para pedir la postergación del procedimiento de expulsión de los invasores del inmueble de los Gorostiaga. En la misiva se lee que “debido al alto índice de contagios, internados, en asilamientos y muertes de efectivos policiales por Covid-19, el riesgo que implica para el personal policial la convocatoria de la cantidad requerida (…) se solicita la postergación hasta que se den las condiciones sanitarias para la ejecución del operativo”.

AVANZAN LAS INVASIONES DE TIERRAS. Policía aduce alto índice de contagios por covid-19 y evita realizar desalojos pese a tres ordenes judiciales para el efecto. Cuál es el mensaje?: invadan propiedades porque no habrá desalojos por covid? pic.twitter.com/0TskdCjoIk

— Jorge Torres Romero (@jtorresromero) June 30, 2021

El abogado Luis Ayala, de la firma Gorostiaga, lamentó en entrevista con radio UNO que la Policía no cumpla con un principio fundamental que es la garantía del derecho a la propiedad privada y argumentó que la negativa a proceder a la expulsión de los invasores responde a una falta de voluntad política. “No es posible que al pedir que se garantice la propiedad privada y se cumpla una orden de desalojo, la Policía Nacional no pueda llevar a cabo argumentando la pandemia. Sin embargo, se realizan iguales procedimientos en otros casos. Hay falta de voluntad política para cumplir una orden fiscal. Se rompen normas básicas porque la Policía tiene la obligación de realizar estos procedimientos. Es la tercera orden a la que no dan respuesta”, cuestionó el letrado.

Un joven y su padrastro se encontraban pescando a orillas del Lago Yguazú cuando, en un momento dado, el primero ingresó al agua, pero ya no logró salir. Se trata de Gabriel Sebastián Caballero, domiciliado en el Barrio San Agustín de José Domingo Ocampo, departamento Caaguazú.

Según relató el padrastro del fallecido, Antonio González, ambos estaban pescando cuando Gabriel le dijo que entraría al agua para refrescarse, debido a que tenía mucho calor, pero no volvió a salir. Preocupado, dijo que se tiró al lago para sacarlo, lastimosamente lo encontró signos de vida.

El caso fue reportado a la Policía Nacional que, a su vez, informó al Ministerio Público. La Médica Forense, Dra. Raquel Cáceres, diagnosticó como causa de la muerte “asfixia mecánica por ahogamiento”. Finalmente, la agente Fiscal dispuso la entrega del cuerpo a la madre.

Se trata de María Jazmín Scappini Vallejo, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, pero comisionada en la Misión Paraguaya ante la ONU.

La diputada Rocío Vallejo confirmó este lunes la renuncia de su hija, pero alegó que no fue por el escándalo mediático generado, sino porque la misma accedió a una beca de maestría en Estado Unidos y eso le genera una incompatibilidad de funciones.

“Mi hija no era planillera”, resaltó la diputada en conversación con la 1080 AM, al mismo tiempo de defender el comisionamiento de la joven, alegando que se trata de una figura legal.

Puede interesar: Anuncian sesión extra de Diputados y Senadores por el feriado

Dijo además que su hija no tenía ningún beneficio a más de su salario, que según ella era de aproximadamente 500 dólares.

En los últimos días corrieron rumores sobre una supuesta intención de pedido de pérdida de investidura contra la diputada Vallejo por el caso de su hija. Sin embargo, la versión fue desmentida por diversos sectores políticos.

Una mujer, identificada como Antonia Santacruz Vázquez, acudió a la Comisaría 27 de Hernandarias para denunciar que su hijo había sido víctima de intento de rapto.

Se trata de un niño de 10 años de edad, con las iniciales A.D.B.S., quien estuvo a punto de ser llevado por desconocidos que se desplazaban a bordo de un vehículo particular.

Antecedentes: Niña de 11 años se salvó de ser raptada: logró arrojarse del vehículo en marcha

De acuerdo al informe del diario La Jornada, el hecho se registró en la mañana de ayer cuando el menor se encontraba volviendo de la Parroquia San Francisco de Asís, a donde acudió para participar de la misa.

Cuando iba de camino a casa, el mismo fue abordado por al menos 3 hombres, conforme a su relato. Estos sujetos lo invitaron a subir a su automóvil (presuntamente un Toyota tipo Caldina de color blanco), bajo la excusa de que lo llevarían a su hogar.

Leé también: Le ofrecieron helado para llevársela: denuncian intento de rapto a adolescente

Vecinos que cruzaban por el lugar se percataron de lo que estaba ocurriendo y se acercaron al niño para consultarle si conocía a los ocupantes del rodado. Fue en ese momento en que los desconocidos decidieron darse raudamente a la fuga.

Este es el segundo caso de este tipo que se registra en menos de una semana en la zona de Hernandarias. El episodio anterior involucró a una niña de 11 años, quien logró salvarse gracias a que se decidió lanzarse del vehículo en marcha en el que había sido llevada.