La escuela primaria de Uvalde (Texas, EE.UU.), donde el pasado 24 de mayo se produjo el tiroteo que se cobró la vida de 21 personas, será demolida. Así lo confirmó el martes el alcalde de la ciudad, Don McLaughlin.

Sin precisar cuándo serán desmanteladas las instalaciones, el edil expresó que “nunca se podría pedir a un niño que regrese o a un maestro que regrese a esa escuela”.

Durante la reunión del concejo municipal, McLaughlin también criticó duramente al jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), el coronel Steve McCraw, acusándolo de divulgación selectiva de información sobre la investigación de la masacre, centrándose en culpar a las fuerzas del orden locales.

“En cada sesión informativa McCraw omite el número de sus propios agentes y guardabosques que estaban en la escena ese día”, indicó el alcalde, citado por Reuters. “El coronel McCraw tiene una agenda y no es la de presentar un informe completo sobre lo ocurrido y dar respuestas objetivas a las familias de esta comunidad”, sentenció.

McLaughlin agregó que ni él ni otros funcionarios de la ciudad nunca fueron informados sobre cómo iba la investigación. Además, y aunque se le había pedido que se abstuviera de compartir detalles sobre la misma, declaró que a partir de ahora comenzaría a divulgar información en la medida en que esté disponible.

En la audiencia pública del Senado de Texas del martes, el coronel McCraw indicó que el jefe de policía del distrito escolar, Pete Arredondo, tomó “la decisión equivocada” cuando optó por no asaltar el aula durante más de 70 minutos.

“Tres minutos después de que el sujeto entrara en el edificio oeste, había un número suficiente de agentes armados con chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto”, expresó el jefe del DPS. “Lo único que impidió que un grupo de agentes dedicados entrara en el salón 111 y en el 112 fue el comandante en la escena, que decidió anteponer la vida de los agentes a la de los niños“, agregó.

Mientras, Arredondo explicó que mantuvo a los oficiales alejados de la puerta del salón de clases durante 40 minutos para evitar disparos.

La Policía maneja hipótesis que rodea al asunto. Uno dice que ocurrió por una falta de atención, aunque por el momento van a seguir con la investigación, porque también existe la posibilidad de que pudiera haber sido adrede.

La información proveída por los investigadores menciona que se utilizó vino blanco en lugar de agua para diluir la leche en polvo. La abuela sostiene que se confundió porque se encontraba dentro de una botella oscura. El niño ingirió parte del contenido, pero al rato rechazó seguir bebiendo.

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Allí la abuela afirma que se dio cuenta del error y avisó a la madre. Llevaron al niño de inmediato a la sala de emergencias del Perrino, donde fue trasladado a Pediatría y recibido de inmediato por los médicos para un tratamiento urgente. Esto incluyó el lavado gástrico y luego la intubación, antes de ser trasladado al hospital pediátrico Giovanni XXIII en Bari, donde actualmente está en la unidad de cuidados intensivos.

La condición del bebé es estable por el momento y parece que mejora ligeramente, pero debido a su corta edad existe un gran peligro para su vida. El pronóstico es reservado y se está considerando si se le puede extubar. Los Carabinieri de la compañía de Brindisi son los que están investigando lo ocurrido, pero por ahora no hay abierto ningún caso.

Fuente Infobae/ Agencias

El reverendo estadounidense Lawrence Kozak fue acusado la semana pasada de robo y delitos relacionados tras una investigación sobre sus gastos mientras ejercía como párroco de la iglesia católica Saint Thomas More en Pensilvania, informan medios locales.

En 2022, un contador que revisaba las finanzas de la parroquia descubrió una “cantidad astronómica de transacciones” en los extractos de las tarjetas de crédito de la iglesia. Las compras habían comenzado a hacerse en 2019, poco después de la llegada del religioso al templo, a través de una cuenta de usuario de Apple registrada a su nombre.

Una revisión a fondo de los registros bancarios reveló que Kozak había acumulado más de 40.000 dólares en gastos en el transcurso de tres años. Los recursos parroquiales los empleó para comprar regalos y artículos personales, y para financiar su adicción a juegos móviles como ‘Candy Crush’, ‘Mario Kart’ y ‘Pokémon Go’.

En una entrevista en ese entonces con uno de los investigadores, Kozak comentó que estaba buscando asesoramiento para su adicción. Al mismo tiempo, afirmó que, más que gastar en juegos de azar en línea, lo que hacía era comprar habilidades para obtener ventajas en los juegos que consumía.

Por otro lado, el sacerdote negó haber usado intencionalmente las cuentas de la iglesia, argumentando que las tarjetas estaban vinculadas a su teléfono celular para el pago de servicios permitidos por las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, reconoció que pudo haberlas utilizado accidentalmente. Además, dijo sentirse “decepcionado” por haber dejado que las cosas llegaran a ese punto, aunque señaló que no había excusas y que debió haber prestado más atención.

Desde la gerencia comercial de Saint Thomas More, no obstante, consideran que Kozak sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En una ocasión anterior ya se le había contactado para cuestionarle sobre unas compras inexplicables en los extractos de cuenta y ya le habían advertido sobre los peligros de mezclar gastos comerciales y personales.

Kozak, de 51 años, fue destituido de su puesto en noviembre de 2022. La arquidiócesis emitió en ese entonces un comunicado indicando que la decisión estaba basada en “ciertos gastos” suyos y el cuestionamiento del uso de los fondos parroquiales. Tras las acusaciones de la semana pasada, el reverendo fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 250.000 dólares.

De acuerdo con su abogado, Joseph Poluka, se revisarán los cargos y planean contactar a los fiscales sobre el caso en los próximos días. Kozak se había disculpado con el sacerdote que lo sustituyó, diciendo que lamentaba haber “cometido ese error” y que había estado pagando el dinero que le debía a la iglesia.

Al menos 13 personas han muerto y 21 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que azotan Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, donde se ha decretado el estado de calamidad pública.

El gobernador, Eduardo Leite, afirmó que se trata del “mayor desastre natural” al que se ha enfrentado el estado. “Tenemos grandes dificultades para rescatar a las personas, porque la lluvia no cesa y esto impide las operaciones aéreas”, aseguró.

Leite dijo que había hablado con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien informó que la región está viviendo “una situación de guerra”. El mandatario manifestó su intención de viajar este jueves a la zona.