DCH Paraguay organiza para el martes 19 de julio a partir de las 09:00 hs la segunda edición del “Encuentro DCH: Diálogo entre CEOs y Directivos de Capital Humano”.

Dicho evento se llevará a cabo en el local de Initiative Escuela de Negocios, ubicado sobre las calles Cnel. Brizuela 3089 c/ Ciudad del Vaticano, en Asunción.

En la ocasión, directores generales de distintas empresas de nuestro país tendrán la oportunidad de compartir experiencias, visiones, objetivos y hablar sobre los desafíos que se vienen con gerentes de recursos humanos.

Los participantes del panel debate de este año son: Teresa Gaona, Vicepresidente del Banco Continental; Leonardo Salomon, Gerente General del Grupo Costa; José María Agüero, Director y Gerente General. Nación Media; Laura Barrios, Gerente de Recursos Humanos de DHL; Belén Lara Castro, Directora de TIGO People; y Freddy Fernández, Gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional de BMW.

En paralelo, también se realizará la entrega del II Premio CEO DCH Paraguay a la Excelencia en la Dirección de Personas. Este galardón reconoce cada año a un presidente y/o consejero delegado que se haya distinguido por su labor en Recursos Humanos en sus respectivas organizaciones.

Miriam Schmied, embajadora de Paraguay para la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (DCH), resaltó la oportunidad de que CEOs y gerentes de Recursos Humanos se puedan ver las caras para hablar sobre distintos temas vinculados a la labor que desempeñan, siendo un momento de escucha y aprendizaje.

“Es importante que ambas partes estén presentes, que exista un apoyo de la alta gerencia de cada organización a los responsables de la gestión de capital humano”, expresó.

DCH Paraguay se ha encargado de cursar invitaciones individuales a representantes de distintas empresas, aunque los interesados en participar también tendrán la posibilidad de inscribirse completando el formulario en el siguiente enlace https://www.orgdch.org/ltm/eventos/encuentro-dch-paraguay-dialogo-entre-ceos-y-directivos-de-capital-humano.

La entrega de la llave fue realizada por el señor por señor Tomás De Los Santos Lezcano Gaona, ante el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.

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El terreno entregado cuenta con una superficie de 2.084 metros cuadrados, y forma parte de la propiedad perteneciente al Ministerio de Defensa y que fue desafectada a favor de la Municipalidad de Villa Hayes.

Con esto suman 8 llaves de las 16 que se devuelven al Estado, mientras que el resto se rehúsa a entregar porque continúa litigando.

La propiedad es conocida como la finca 916 Jardines de Remansito, que fue tomada por varias familias luego de que un proyecto de Ley, posteriormente vetado por el presidente Santiago Peña.

Desde la Procuraduría General de la República alientan a otros ocupantes irregulares a seguir el ejemplo y también entregar sus llaves.

El informe policial señala que el hombre, que estaba al mando de un automóvil, realizaba paradas en calles, y cuando visualizaba el paso de mujeres, abría la puerta del auto y procedía a realizar el acto en cuestión.

La actitud y modus operandi del joven Iván Daniel, al decir de los intervinientes, era recurrente, ya que muchas mujeres de la zona en donde lo aprehendieron, ya se quejaron por episodios similares.

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“El (último) hecho ocurrió en Villa Elisa. La víctima estaba llegando a su casa, él estaba en un auto, él la llama, ella se acerca al auto y lo ve masturbándose en el vehículo. Hoy se realizó un allanamiento y ya se detuvo a esta persona, el Ministerio Público lo imputó por actos exhibicionistas. Él se abstuvo de declarar”, dijo a la 1020 AM la fiscal Andrea Ríos.

La misma señaló que se relevarán datos en torno al individuo para definir la categoría de delito, para resolver la correspondiente penalización.

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La Ley Nº 6789, “cancela la licencia, itinerario y subsidio a empresas del transporte público a infractores del la ley”.

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplan con las leyes vigentes.

Artículo 2°.- Las empresas del transporte público, adjudicadas con contratos y licencias de transporte público que sean cesadas por las causales descriptas en esta Ley, no tendrán derecho a solicitar reembolso ni indemnizaciones de cualquier tipo por las sanciones administrativas que conlleve el incumplimiento de los presupuestos. A ese efecto las causales establecidas en esta Ley pasan a incorporarse a los términos de las concesiones de pleno derecho.

Artículo 3°.- Están sujetos a esta Ley todas las empresas del transporte público que fueron adjudicadas y cumplen con sus itinerarios en zonas y áreas metropolitanas en el país.

Artículo 4°.- Establecer las causales, faltas y sanciones aplicables a los infractores, según la siguiente clasificación:

a) La empresa que deje de prestar unilateralmente sus servicios acordados en la concesión en forma regular y no lo regularice en un período de 24 (veinticuatro) horas de intimada por la autoridad competente, será cancelada y perderá su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo ser dictada la resolución pertinente inmediatamente cumplido el plazo previsto. En este caso, el itinerario volverá a ser licitado. En caso de reincidencia con otras adjudicaciones de la misma empresa en un período de 1 (un) año, serán aplicables las máximas sanciones administrativas, a más de las previstas en el inciso b) de este artículo.

b) La empresa que cometa la causal y falta prevista en el inciso a) de este artículo, durante un período de emergencia nacional, departamental o municipal, sea de naturaleza sanitaria u otra declarada por autoridad competente en el área donde presta servicios, además de cancelarse su licencia y su itinerario, tendrá prohibido participar de licitaciones en licencia o itinerario de transporte público por un plazo de 10 (diez) años. Esta sanción incluye a los directivos de las empresas o sociedades que no podrán participar bajo nuevas sociedades.

c) La empresa que no cuente en sus buses con elevadores o rampas de acceso para personas con incapacidad física, cuanto menos en un 50% (cincuenta por ciento) de su flota no tendrá derecho a percibir algún tipo de subsidio por parte del Estado. Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días para que las empresas adecuen sus buses a las exigencias de este inciso.

Artículo 5°.- En caso que los directivos, accionistas o representantes legales o gremiales de las empresas del transporte público realicen algún tipo de amenaza o extorsión a órganos del Estado relacionados con la prestación de sus servicios, ya sea por cualquier medio, será considerado como hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos y cualquier ciudadano podrá denunciar estos hechos por cualquier medio a los órganos de persecución penal del Estado.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte deberá controlar la estricta aplicación de esta Ley.